Por María José Eva Parada, investigadora sobre América del Sur en Amnistía Internacional.
Cuando Carlos Mareco, líder de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, supo que, tras dos decenios de dolorosa lucha, su pueblo podría regresar a sus tierras ancestrales, no pudo evitar derramar unas lágrimas.
“Los indígenas lloran sólo cuando logran su libertad. Y hoy, como si estuviéramos saliendo de una cárcel, por eso, muchos lloraron de la emoción”, dijo.
Durante años, Carlos Mareco y su comunidad habían vivido en una franja de tierra peligrosamente estrecha junto a una carretera principal.
Ayer, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, ha promulgado una ley en la que se aprueba la expropiación de más de 14.400 hectáreas de tierra en la región del Chaco para devolvérselas a los sawhoyamaxa. Con una rúbrica, el Estado paraguayo ha empezado a enmendar algunos de los males sufridos por la comunidad durante generaciones.
Jamás olvidaré la primera vez que visité a la comunidad.
Fue en 2012. Habría resultado fácil pasar por alto las destartaladas viviendas si no hubiera estado con algunos de nuestros colegas de Tierraviva, la ONG paraguaya que ha acompañado a los sawhoyamaxa durante su lucha por la tierra. Ellos sabían exactamente dónde debíamos detenernos.
Íbamos a encontrarnos con algunas de las 160 familias que componen la comunidad. Vivían en una estrecha franja de tierra junto a la carretera que une Concepción y Pozo Colorado. Lo único que separaba a la comunidad de las tierras que sus ancestros habían habitado durante generaciones era una valla construida por el hombre que afirmaba ser su propietario.
La escena era sobrecogedora, pero la valentía de esas personas era una inspiración.
Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, luchaban por sobrevivir sin apenas nada. La comida y el agua escaseaban. Vivían a temperaturas de hasta 40 grados Celsius. Todos sentían pavor ante los enormes camiones que pasaban a toda velocidad junto a las frágiles casas de madera en las que vivían.
Las personas con las que hablé, a las que a menudo se trata como ciudadanos de segunda clase, jamás habrían pensado que el Congreso paraguayo debatiría las necesidades de los pueblos indígenas, no digamos ya que un día el presidente fallaría a su favor.
Pero esta semana lo impensable sucedió: el presidente firmó una ley que permitiría a los sawhoyamaxa regresar a sus tierras ancestrales.
“Vivimos al costado de la ruta, vivimos mal. Murieron por accidente, por enfermedades varias personas de la comunidad. Nadie nos respetaba. Ahora éste es nuestro triunfo. Estoy muy feliz, y lloro porque mi abuela, mi padre y muchos de mi familia no tuvieron la oportunidad que hoy yo tengo de disfrutar de nuestra tierra. Estoy a agradecida a todos”, expresó Aparicia González, mujer de la comunidad sawhoyamaxa.
La senda de la victoria ha sido larga. La batalla jurídica de los sawhoyamaxa comenzó en 1991, cuando la comunidad emprendió acciones legales para que se le reconociera el derecho a las más de 14.000 hectáreas de tierras ancestrales en dos áreas conocidas como Retiro Santa Elisa y Estancia Michi, en el norte de Paraguay.
Quince años después, al no haber recibido ninguna respuesta positiva de las autoridades, presentaron su reclamación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos humanos, que en 2006 falló a su favor.
Desde 2009, la membresía de Amnistía Internacional tanto en Paraguay como en el resto del mundo ha estado presionando a las autoridades para que resolvieran la situación y garantizaran que los sawhoyamaxa podían regresar a su hogar.
La tierra es esencial para todas las comunidades indígenas. Sin ella, peligra no sólo su forma de vida, sino su supervivencia misma. Sin tierra no pueden cultivar alimentos, cazar ni llevar a cabo sus tradiciones culturales. Sin tierra apenas pueden sobrevivir, no hablemos ya de prosperar.
La noticia es increíble, y no sólo para los sawhoyamaxa.
Según cifras oficiales, en Paraguay hay unos 108.600 indígenas –el 1,7 por ciento de la población–, pero es probable que esta cifra sea considerablemente más baja que la real.
La mayoría son invisibles: blanco de discriminación, se ven obligados a vivir en condiciones pésimas. Los índices de pobreza y analfabetismo son notablemente más altos entre los indígenas que entre el resto de la población paraguaya.
Otros aún están luchando. La comunidad indígena yakye axa está asimismo a la espera de regresar a su hogar, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallara también a su favor en 2005, y de que en 2012 se alcanzara un acuerdo con el propietario de sus tierras. La comunidad aún aguarda el permiso para acceder a esas tierras.
Hoy, los sawhoyamaxa celebran una victoria histórica. Sólo nos queda aguardar a ver cuánto les queda por esperar a los otros muchos indígenas que luchan por su derecho a la tierra.