Un total de 22 familias romaníes corren riesgo inminente de sufrir un desalojo forzoso el 31 de agosto. Forman parte de un total de 124 hogares romaníes del municipio de Gurmen que han recibido órdenes de demolición. Las autoridades búlgaras aún no se han comprometido a aplicar salvaguardias internacionales clave de derechos humanos.
