El juez que preside el destacado juicio contra tres oficiales de alta graduación del ejército y dos civiles, acusados todos ellos del asesinato de un obispo guatemalteco, ha recibido amenazas de muerte. Otras personas implicadas en la investigación siguen recibiendo amenazas y, según los informes, varios testigos han muerto en circunstancias sospechosas. Amnistía Internacional teme por la seguridad de cuantos participan en el proceso.
