Resumen

Las autoridades continuaron reprimiendo el movimiento de protesta iniciado en octubre de 2019, valiéndose para ello del envío de reiteradas citaciones a activistas para responder ante instituciones de seguridad y militares por cargos penales de difamación, y del uso de fuerza excesiva, incluidos munición real, gas lacrimógeno y balas de goma, contra protestas en su mayoría pacíficas. Las autoridades estatales rechazaron las peticiones de una investigación internacional sobre una devastadora explosión ocurrida en el puerto de Beirut. Las denuncias de tortura siguieron sin ser objeto de investigación efectiva. Decenas de trabajadoras domésticas migrantes fueron despedidas y quedaron abandonadas a su suerte, sin pasaporte ni salario: el Ministerio de Trabajo había aprobado un contrato unificado estándar revisado para la población trabajadora migrante, que introducía nuevas medidas de protección para el sector doméstico, incluidas salvaguardias esenciales contra el trabajo forzoso, pero un órgano judicial de revisión suspendió su implementación.

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