Resumen

Ante las protestas y huelgas que estallaron en todo el país poco después de que el gobierno anunciara nuevas medidas fiscales, las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para dispersar a manifestantes y no protegieron el derecho de protesta pacífica. Las fuerzas de seguridad continuaron usando la tortura y otros malos tratos, que decenas de personas denunciaron haber sufrido. Líbano acogía a 1,5 millones de personas refugiadas sirias, pero deportó a unas 2.500, incumpliendo su obligación de no devolución (non-refoulement). El país aplicaba medidas que obstaculizaban su acceso a servicios y a la ayuda humanitaria, por lo que muchas vivían en condiciones terribles. Se siguió privando de sus derechos a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y a sus organizaciones. Las fuerzas de seguridad interrogaron a activistas cuya labor era pacífica, a periodistas y a otras personas por publicaciones en redes sociales que criticaban a autoridades políticas o religiosas. Las trabajadoras migrantes continuaron sufriendo prácticas discriminatorias en virtud del sistema de patrocinio laboral conocido como kafala. Se impusieron condenas a muerte; no hubo ejecuciones.

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