Resumen

Las autoridades ejercieron un control férreo sobre las noticias y los datos relacionados con la pandemia de COVID-19 y restringieron la libertad de expresión, acusando a los medios de comunicación y a la sociedad civil de difundir información “falsa”. Los tribunales usaron legislación antiterrorista para bloquear el acceso a algunos medios de comunicación independientes con base en el extranjero. Un periodista fue encarcelado por “incitar a la discordia religiosa”. Los equipos de protección individual que recibía el personal sanitario en los hospitales, las residencias de mayores y los centros de detención eran insuficientes, como lo era también la protección ofrecida a las personas sobrevivientes de violencia de género dentro y fuera del ámbito familiar.

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