Las fuerzas de seguridad mataron a decenas de manifestantes de etnia pamiri al reprimir con violencia las protestas y lanzar una “operación antiterrorista” en el este del país. Se detuvo y condenó en juicios injustos a activistas, dirigentes locales, periodistas y titulares de blogs. Muchas de estas personas denunciaron haber sido torturadas. El acceso a la información, incluido el acceso a través de los medios de comunicación y de Internet, continuaba fuertemente restringido. La violencia de género en el ámbito familiar seguía siendo generalizada y las víctimas rara vez obtenían justicia o apoyo. Se siguió deteniendo y deportando a personas refugiadas afganas.
Read MoreMantiene la pena de muerte en la ley, pero no ha ejecutado durante al menos 10 años
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