Rumania
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Resumen

La respuesta del gobierno a la COVID-19 suscitó preocupaciones relacionadas con los derechos humanos respecto a la actuación policial, la libertad de reunión pacífica y el derecho a la educación, entre otros asuntos. La población romaní continuó sufriendo discriminación sistémica, y algunos de sus miembros sufrieron malos tratos y uso de fuerza excesiva a manos de la policía. El Tribunal Constitucional declaró que la ley que prohibía la educación sobre identidad de género, aprobada en junio por el Parlamento, era inconstitucional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que las autoridades habían actuado de forma ilegítima al deportar a dos paquistaníes.

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