Tailandia 2020
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Tailandia 2020

Las autoridades reprimieron a personas que se manifestaban pacíficamente y recluyeron y sometieron a procesos penales a defensores y defensoras de los derechos humanos, figuras políticas de la oposición y otras personas críticas por participar en reuniones pacíficas y expresar críticas contra el gobierno, la Constitución y la monarquía. Hubo manifestaciones en Bangkok y en otras ciudades. Debido a las medidas oficiales para controlar la pandemia de COVID-19, la población refugiada corrió más peligro de ser devuelta. Los tribunales impusieron condenas a muerte por asesinato, entre otros delitos. En virtud de un indulto real, varias condenas a muerte fueron conmutadas por cadena perpetua.

Información general

En aplicación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, el Tribunal Constitucional decretó en febrero la disolución del partido Anakot Mai (Nuevo Futuro), nuevo partido de oposición que había ganado 81 escaños en las elecciones de 2019. Esta decisión que, en general, se consideró movida por intereses políticos,1 dio lugar a críticas públicas contra el gobierno y a llamamientos en favor de una reforma constitucional. Las autoridades anunciaron procesos penales contra el líder del partido y contra otros cargos ejecutivos, 16 de los cuales quedaron inhabilitados durante 10 años para presentar su candidatura en procesos electorales.

En marzo, el primer ministro Prayut Chan-O-Cha emitió el Decreto de Emergencia Nacional, que facultaba a los organismos gubernamentales para imponer determinadas medidas con el fin de frenar la propagación de la COVID-19. El gobierno publicó también una lista de prohibiciones complementarias al decreto con restricciones imprecisas y excesivamente amplias del derecho a la libertad de expresión.

Inicialmente, el Decreto de Emergencia debía expirar el 30 de abril, pero el gobierno lo prorrogó hasta el final de diciembre. Las autoridades utilizaron los amplios poderes que les confería para reprimir la disidencia y procesar a estudiantes y activistas que lideraron reuniones pacíficas o participaron en ellas. En octubre, las autoridades declararon un estado de emergencia “grave” que otorgaba más facultades a la policía y que fue revocado la semana siguiente. En noviembre, el gobierno convocó una sesión parlamentaria extraordinaria para debatir entre todos los partidos soluciones a las concentraciones de protesta que se estaban produciendo, durante la cual se habló también de reforma constitucional.

Desapariciones forzadas

En enero, alegando falta de pruebas, la Fiscalía retiró los cargos de asesinato premeditado y detención ilegal que pesaban sobre varios funcionarios del parque nacional de Kaeng Krachan, acusados de la desaparición forzada del activista ambiental Pholachi “Billy” Rakchongcharoen en 2014.2

En junio, individuos no identificados secuestraron al bloguero tailandés Wanchalearm Satsaksit, exiliado en Camboya.3 Las autoridades tailandesas no aclararon si habían colaborado o no con el gobierno camboyano para investigar su desaparición forzada ni comunicaron si iban a tomar medidas para averiguar su suerte y su paradero. Entre 2016 y 2019 fueron secuestrados o sometidos a desaparición al menos ocho activistas tailandeses más que se habían exiliado en países vecinos.

Tortura y otros malos tratos

En marzo, Amnistía Internacional denunció que los mandos del ejército tailandés sometían de manera habitual a los reclutas a torturas y otros malos tratos, incluida violencia sexual.4 No se tuvo constancia de ninguna investigación efectuada por la estructura de mando del ejército sobre estas acusaciones.

En septiembre, el Consejo de Estado terminó su última revisión de un proyecto de ley que penalizaba la tortura y las desapariciones forzadas. Sin embargo, el Consejo de Ministros no lo presentó ante el Parlamento para que fuera sometido a debate.

Personas detenidas en las tres provincias meridionales de Pattani, Yala y Narathiwat, donde permanecían en vigor la ley marcial y el Decreto de Emergencia, denunciaron el uso de la tortura y otros malos tratos en un clima de insurgencia contra el gobierno central.

Represión de la disidencia

En julio, los estudiantes abanderaron actos de protesta en la capital, Bangkok, y en todo el país para pedir la dimisión del primer ministro y la revisión de la Constitución, así como la reforma de la monarquía para que estuviera sometida a supervisión jurídica, política y fiscal. En respuesta, el gobierno aplicó leyes restrictivas y utilizó las amplias facultades que le confería el Decreto de Emergencia para restringir de manera indebida las reuniones pacíficas.

En octubre, el gobierno anunció medidas adicionales de emergencia para combatir lo que calificó de “reuniones públicas ilegales” y el presunto bloqueo de la comitiva real por manifestantes. Se calcula que unas 220 personas que habían participado en las protestas, entre ellas menores de edad, fueron detenidas o se enfrentaron a actuaciones penales por cargos de sedición, lesa majestad, ciberdelito e incumplimiento de las medidas de emergencia, entre otros.5 Cinco activistas que quedaron en libertad bajo fianza se enfrentaban a penas de cadena perpetua en aplicación del artículo 110 del Código Penal por “intención de causar daño a la libertad de Su Majestad la Reina”.

Aunque las manifestaciones fueron mayoritariamente pacíficas, en algunos casos la policía utilizó fuerza excesiva e innecesaria para dispersar a los manifestantes. En octubre y noviembre, la policía utilizó cañones de agua mezclada con un agente químico irritante y lanzó botes de gas lacrimógeno contra personas que se manifestaban pacíficamente.

Menores que asistieron a manifestaciones denunciaron que el profesorado y la dirección de sus escuelas los habían amenazado con expulsarlos y con otras formas de presión y hostigamiento para impedir que participaran en las protestas. En algunos casos afirmaron que las autoridades escolares los habían golpeado, habían confiscado sus pertenencias y les habían exigido asistir a reuniones con autoridades.

Libertad de expresión

Al comienzo del año, los tribunales absolvieron a 14 defensores y defensoras de los derechos humanos y comentaristas online en 4 causas judiciales diferentes tras años de actuaciones penales en su contra iniciadas por las autoridades y por corporaciones por presunta difamación en Internet.6 Los tribunales confirmaron que sus publicaciones en las redes sociales sobre denuncias de abusos laborales y sus comentarios políticos eran críticas legítimas de interés público.

En aplicación de las amplias e imprecisas disposiciones de la Ley de Delitos Cibernéticos, las autoridades continuaron presentando cargos contra decenas de personas por la publicación de sus opiniones en Internet.7 Entre estas personas figuraban un artista que publicó en Facebook un comentario sobre las medidas de control aplicadas en los aeropuertos contra la COVID-19 y un usuario de las redes sociales que tuiteó sobre la comitiva real.

En agosto, Facebook anunció que había accedido a la petición de las autoridades de restringir el acceso a la página del grupo antimonárquico Royalist Marketplace pese a considerar que la orden “[contravenía] el derecho internacional de los derechos humanos”.8 Asimismo, las autoridades trataron de censurar los medios de comunicación, llegando a pedir permiso a los tribunales para cerrar cinco medios online por su cobertura de las manifestaciones pacíficas.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En julio, un tribunal civil reconoció la demanda colectiva contra la compañía azucarera tailandesa Mitr Phol interpuesta por más de 700 familias camboyanas que habían sido desalojadas de sus hogares en el noroeste de Camboya entre 2008 y 2009.9

Grupos comunitarios de derechos humanos denunciaron que las autoridades los habían hostigado o amenazado con acciones penales por haber planificado protestas pacíficas o participado en ellas.

Pese a la adopción de un Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, el gobierno no impidió que corporaciones y otras entidades empresariales entablaran litigios estratégicos contra la participación pública (los llamados SLAPP) para silenciar a quienes defendían los derechos humanos. Aunque los tribunales desestimaron algunos de estos litigios contra defensores y defensoras de los derechos humanos, las corporaciones presentaron otros nuevos.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Las autoridades retrasaron la puesta en marcha de un Mecanismo Nacional de Cribado para las personas refugiadas y solicitantes de asilo, que entró en vigor en junio.

Las personas migrantes y refugiadas fueron sometidas a detención indefinida y arbitraria en centros masificados, con lo que corrían más peligro de contraer la COVID-19. Asimismo, 50 hombres uigures permanecían detenidos indefinidamente en condiciones deficientes en centros de detención para inmigrantes a la espera de que China o Turquía certificaran su nacionalidad.

A lo largo del año, embarcaciones con cientos de personas refugiadas rohinyás pasaron meses abandonadas a su suerte en el mar, sin alimentación, agua ni atención médica adecuadas. Las autoridades tailandesas pusieron vidas en peligro al impedir los desembarcos y —según informes— devolver las embarcaciones al mar.


  1. Thailand: Authorities must reverse dissolution of opposition Future Forward Party (noticia, 21 de febrero)
  2. Thailand: Six years after Billy disappeared, authorities must provide justice and protect his community’s rights (ASA 39/2155/2020)
  3. Cambodia: Investigate whereabouts of missing Thai dissident (noticia, 5 de junio)
  4. “We were just toys to them”: Physical, mental and sexual abuse of conscripts in Thailand’s military (ASA 39/1995/2020)
  5. Tailandia: Deben retirarse los cargos injustificados y poner en libertad a personas que se manifestaron pacíficamente (noticia, 24 de octubre)
  6. Oppose defamation charges against human rights defenders for exposing labour abuses (ASA 39/1846/2020)
  7. “They are always watching”: Restricting freedom of expression online in Thailand (ASA 39/2157/2020)
  8. Tailandia: Facebook cede a peticiones abusivas de censura (noticia, 25 de agosto)
  9. Amicus curiae in the case of Hoy Mai & Others vs. Mitr Phol Co. Ltd (ASA 39/2753/2020)

Descarga el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional