Tailandia 2025
Las autoridades continuaron restringiendo la libertad de expresión y de reunión pacífica, deteniendo a manifestantes y acusando a activistas y a un profesor universitario en aplicación de leyes represivas. La filtración de unos documentos reveló ciberoperaciones coordinadas, dirigidas contra grupos de la sociedad civil y de la oposición. Defensores y defensoras de los derechos humanos recibieron amenazas de violencia online. Siguieron efectuándose devoluciones, como la deportación ilegal de 40 uigures a China y la extradición de un activista montagnard a Vietnam. Una sentencia histórica declaró a 13 soldados responsables de la tortura de un recluta en 2024. El gobierno permitió que personas procedentes de Myanmar que vivían en campos de refugiados trabajaran legalmente fuera de ellos, mientras la nueva legislación sobre grupos étnicos suscitaba críticas por marginar a los pueblos indígenas.
Información general
El 28 de mayo, un soldado camboyano murió en un enfrentamiento con tropas tailandesas en la frontera entre Tailandia y Camboya, lo que dio lugar a meses de tensión y conflicto armado, con un saldo de al menos 40 víctimas mortales. Miles de personas huyeron de ciudades y pueblos.
En junio, el presidente del Senado camboyano, Hun Sen, hizo pública la grabación de audio de una llamada telefónica comprometedora que mantuvo con la entonces primera ministra tailandesa Paetongtarn Shinawatra durante los enfrentamientos fronterizos. A consecuencia de ello, el Tribunal Constitucional de Tailandia apartó a la primera ministra de sus funciones el 1 de julio, y el 29 de agosto la destituyó oficialmente del cargo. El 7 de septiembre, el Parlamento eligió a Anutin Charnvirakul, dirigente del partido Bhumjaithai, como nuevo primer ministro.
Libertad de expresión y de reunión
El 7 de enero, un hombre armado disparó y mató en la capital, Bangkok, al exdiputado de la oposición francocamboyano Lim Kimya, de 74 años. En octubre, un antiguo miembro de la Marina tailandesa fue condenado a cadena perpetua por este asesinato. Se emitieron órdenes de detención contra dos sospechosos camboyanos, pero ambos siguieron en libertad.
Al acabar el año, 55 personas seguían cumpliendo penas de cárcel por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica en las grandes protestas que tuvieron lugar entre 2020 y 2022 para pedir reformas políticas.
En abril, el comandante de la Tercera Región del Ejército de Tailandia acusó a Paul Chambers, destacado profesor universitario estadounidense residente en Tailandia y especializado en las relaciones entre la sociedad civil tailandesa y el ejército y la democratización, en virtud de la Ley de Lesa Majestad y la Ley de Delitos Informáticos. La acusación se basaba en un texto promocional para un seminario académico en Singapur sobre la reestructuración anual de la policía y el ejército de Tailandia. La fiscalía retiró los cargos en mayo. En septiembre, Chambers demandó a cuatro unidades de la policía por anular ilícitamente su visado.
En mayo, 15 activistas de P-Move, coalición de la sociedad civil que trabajaba para defender los derechos laborales, ambientales y sobre las tierras, fueron acusados de participar en 2024-2025 en concentraciones públicas que presuntamente infringían la prohibición de manifestarse a menos de 50 metros de la sede del gobierno en Bangkok.
En julio comenzaron a debatirse en el Parlamento cinco proyectos de ley sobre la concesión de amnistías por delitos relacionados con actividades políticas.1 Uno de ellos, elaborado por Network for People’s Amnesty, una coalición de 20 organizaciones de la sociedad civil, incluía de forma explícita la amnistía para personas acusadas en aplicación de dos artículos del Código Penal: el artículo 110 (violencia o amenazas a la reina, el heredero o el regente) y el artículo 112 (lesa majestad). En octubre, el Parlamento votó a favor de rechazar las disposiciones que permitían amnistiar a las personas acusadas en aplicación de estas leyes.
En agosto, la policía acusó a tres activistas de “no notificar a las autoridades una manifestación pública en el plazo de 24 horas”, como exigía la Ley de Reuniones Públicas. Los activistas habían llevado a cabo una protesta contra la participación del dirigente militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, en la Cumbre de la Iniciativa del Golfo de Bengala para la Cooperación Multisectorial Técnica y Económica (BIMSTEC, por sus siglas en inglés), celebrada en Bangkok el 5 de abril.
El 5 de septiembre, el Tribunal de Apelación de Bangkok revocó la absolución de cinco activistas que habían participado en una protesta pacífica en las proximidades de la caravana real en octubre de 2020. Fueron declarados culpables de varios cargos, como violencia contra la reina (artículo 110), reunión ilegal (artículo 215) y obstrucción del tráfico (artículo 385), todos ellos sancionables con arreglo al Código Penal tailandés. Los activistas permanecían en prisión porque el tribunal les había denegado su petición de libertad bajo fianza.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
En marzo, durante el debate parlamentario de una moción de censura, un parlamentario de la oposición dio a conocer unos documentos internos que se habían filtrado y que revelaban que la policía y unidades del ejército tailandés dirigían conjuntamente un “ciberequipo” dedicado a dañar la reputación y socavar la labor de organizaciones de la sociedad civil y miembros de la oposición política. Según la información filtrada, a Amnistía Internacional se la identificaba explícitamente como “objetivo muy importante”.2 En la lista también figuraban otras ONG internacionales, grupos de la sociedad civil, activistas prominentes y figuras prodemocráticas, como las organizaciones de derechos humanos iLaw y Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos, y la defensora de los derechos humanos Anna Annanon.
El 10 de septiembre, la relatora especial de la ONU sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos expresó su preocupación por el cargo de difamación presentado contra Witoon Lianchamroon, secretario general de la Fundación BIOTHAI, y afirmó que podía ser “en represalia por su trabajo en el ámbito de los derechos de las comunidades y la seguridad alimentaria”. La demanda se originó a raíz de su advertencia de que la tilapia de barbilla negra, una especie de pez exótica e invasora, podía dañar los ecosistemas fluviales y amenazar el sustento de las comunidades pesqueras locales.
El 15 de octubre, la relatora expresó preocupación por las amenazas de violencia vertidas en Internet contra la defensora de los derechos humanos tailandesa Angkhana Neelapaijit por sus críticas respecto a las posibles violaciones de derechos humanos derivadas de la gestión del conflicto fronterizo con Camboya por parte de las autoridades.
Tortura y otros malos tratos
El 27 de febrero, las autoridades deportaron a 40 uigures a China, a pesar de que en ese país corrían peligro real de sufrir violaciones graves de derechos humanos y de que la legislación contra la tortura de Tailandia prohibía la devolución.3 Los deportados formaban parte de un grupo de aproximadamente 300 uigures que habían huido de la persecución y la discriminación en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang y habían sido detenidos por el gobierno el 13 de marzo de 2014. En julio de 2015 ya habían sido deportados a China 109 miembros del grupo. En diciembre, otros cinco refugiados uigures corrían peligro de ser devueltos.
El 27 de mayo, el Tribunal Penal para Casos de Corrupción y Conducta Indebida de la Región 2, en la provincia de Rayong, dictó la primera sentencia en aplicación de la Ley de Prevención y Supresión de la Tortura y las Desapariciones Forzadas de 2022. El tribunal declaró a dos instructores militares y a 11 reclutas veteranos culpables de la tortura de un recluta de 18 años, Worapratch Phadmasakul, y los condenó a penas de prisión de entre 10 y 20 años. Worapratch Phadmasakul murió tras haber sido brutalmente torturado y golpeado durante un entrenamiento disciplinario el 2 de agosto de 2024.
El 28 de noviembre, las autoridades extraditaron a Vietnam a Y Quynh Bdap, defensor de los derechos humanos y refugiado indígena montagnard y ede, tras una sentencia del Tribunal de Apelación que aprobaba la solicitud de extradición de Vietnam.4 Las autoridades vietnamitas habían condenado in absentia a Bdap en 2024 por cargos de terrorismo en relación con un presunto atentado perpetrado en 2023 contra un edificio gubernamental.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
El 26 de agosto, el gobierno aprobó una resolución por la que se permitía a las personas refugiadas procedentes de Myanmar trabajar legalmente en Tailandia. La medida afectaba a unas 81.000 personas víctimas de desplazamiento forzoso residentes en campos de refugiados en la frontera de Tailandia con Myanmar, quienes debían solicitar un permiso de trabajo de un año de validez para acogerse a ella.
Derechos de los pueblos indígenas
Comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la falta de participación pública en Land Bridge, el gran proyecto de infraestructuras para conectar las rutas de transporte entre el golfo de Tailandia y el mar de Andamán, cuya primera fase está previsto que finalice en 2030. Preocupaba el impacto ecológico negativo del proyecto, que podía suponer una amenaza para la subsistencia de las comunidades costeras, como el pueblo indígena moken, cuyo principal medio de vida es la pesca artesanal.
El 6 de agosto, el Parlamento aprobó la Ley de Protección y Promoción de la Forma de Vida de los Grupos Étnicos, cuyo objetivo era proteger los derechos culturales de las comunidades de minorías étnicas. Sin embargo, la ley fue criticada por la sociedad civil y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos porque, en lugar de utilizar el término “indígena”, empleaba el término “étnico”, y no reflejaba plenamente el principio de consentimiento libre, previo e informado.
Derecho a un medioambiente saludable
Las personas residentes en la provincia de Nakhon Ratchasima pidieron que se dejara de extraer potasa. Dicha actividad causaba el aumento de la salinidad del suelo y las aguas subterráneas, la infertilidad de las tierras de cultivo y la contaminación de los recursos hídricos, con el consiguiente menoscabo de los derechos al agua, a una alimentación adecuada, a la salud y a los medios de vida.
Entretanto, en el norte del país, a lo largo del curso del río Kok, la contaminación con arsénico, relacionada con la minería de tierras raras y oro que se desarrollaba aguas arriba en Myanmar, exponía a comunidades étnicas y pueblos indígenas —sobre todo en la provincia de Chiang Rai— a graves riesgos para la salud, los privaba de agua apta para el consumo y violaba su derecho a la salud.
- Tailandia: La nueva ley de amnistía debe eximir de todos los cargos, incluido el de lesa majestad, a quienes se manifestaron pacíficamente, 15 de julio ↩︎
- Thailand: Authorities must end malicious smear campaigns and cyberattacks on civil society, 7 de abril ↩︎
- Tailandia: La “deportación” de uigures a China es de una crueldad inimaginable, 27 de febrero ↩︎
- Thailand: Extradition of Montagnard activist to Viet Nam places him at grave risk of torture, 26 de noviembre ↩︎