Resumen

El ejército cometió violaciones graves de derechos humanos, entre ellas crímenes de guerra, en los estados de Kachin, Rajine y Shan. El gobierno siguió sin avanzar en la creación de las condiciones necesarias para el retorno seguro, voluntario y digno de las 740.000 personas de etnia rohinyá —hombres, mujeres, niños y niñas— que habían huido a Bangladesh a partir de agosto de 2017. La población rohinyá que permanecía en el estado de Rajine vivía bajo un sistema de apartheid. Continuaron limitándose los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Las autoridades siguieron deteniendo y recluyendo arbitrariamente a defensores y defensoras de los derechos humanos y a otras personas dedicadas al activismo pacífico. Los responsables de violaciones de derechos humanos y de crímenes de derecho internacional continuaron impunes.

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