La tala ilegal desenfrenada y el desarrollo urbanístico sin control violaban los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la población urbana pobre. La libertad de expresión y asociación siguió sometida a fuertes restricciones y continuaron celebrándose juicios injustos contra miembros y simpatizantes de la oposición política. Las autoridades detuvieron, recluyeron y agredieron a trabajadores y trabajadoras en huelga. Aunque se tomaron algunas medidas para combatir la trata de seres humanos, ésta siguió siendo una práctica generalizada. No se protegió el derecho a una vivienda adecuada, y los micropréstamos dieron lugar a abusos contra los derechos humanos.
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