Resumen

Las restricciones extremas que pesaban sobre los derechos civiles y políticos desde 2017 se intensificaron al sumarse la nueva Ley sobre el Estado de Excepción a un marco jurídico previo que vulneraba ya gravemente los derechos humanos. Se continuó hostigando e intimidando a defensores y defensoras de los derechos humanos, personas que se manifestaban pacíficamente y miembros del proscrito partido de la oposición, utilizando para ello de manera indebida el sistema de justicia. Los derechos de las mujeres sufrieron ataques constantes en el marco de una campaña pública dirigida por el primer ministro, Hun Sen, con el fin de recortarlos invocando interpretaciones arbitrarias de los conceptos de “tradición” y “cultura”. La campaña en curso contra las drogas dio lugar a violaciones generalizadas de los derechos procesales. Se sometió a tortura y otros malos tratos, incluidas condiciones de vida inhumanas, a personas recluidas de manera arbitraria en centros de detención para delitos de drogas. El impacto económico de la pandemia de COVID-19 expuso a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras de la industria textil a caer en la miseria, sobre todo si tenían deudas de microfinanciación.

Seguir leyendo