Bangladesh 2020
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Bangladesh 2020

Aumentó la persecución de periodistas por informar sobre casos de corrupción y criticar las políticas del gobierno contra la COVID-19. La draconiana Ley de Seguridad Digital de 2018 fue ampliamente utilizada para recortar la libertad de expresión. Tanto la policía como otros órganos encargados de hacer cumplir la ley continuaron llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales. La violencia contra las mujeres aumentó durante la pandemia de COVID-19. Continuó paralizada la aplicación del Acuerdo de Chittagong Hill Tracts y se intensificó la represión del activismo indígena. Durante la pandemia no se protegió ni se hizo efectivo de manera adecuada el derecho a la salud. Dados los escasos avances logrados para garantizar su retorno en condiciones seguras y dignas, Bangladesh siguió albergando a casi un millón de personas rohinyás refugiadas procedentes de Myanmar.

Información general

Tanto el sistema de salud como la economía de Bangladesh acusaron con intensidad el impacto de la pandemia de COVID-19. Desde que se confirmó el primer caso, el 8 de marzo, los contagios se propagaron con celeridad por todo el país y el sistema de salud se vio desbordado. Por su parte, la economía recibió un golpe doble, con el desplome de la demanda nacional por un lado y el pronunciado declive de las exportaciones por otro. Esta convulsión económica afectó profundamente a millones de trabajadores y trabajadoras —y, en especial, a los peor remunerados— de los sectores textil e informal, entre otros. Hubo innumerables casos de mala gestión y corrupción en la distribución de ayuda, y las autoridades incrementaron la represión de periodistas y medios de comunicación que informaron sobre estos escándalos. A causa de las medidas de distanciamiento físico, no se pudieron llevar a cabo concentraciones ni manifestaciones.

Libertad de expresión

El gobierno continuó utilizando la draconiana Ley de Seguridad Digital de 2018 para reprimir el derecho a la libertad de expresión y atacar y hostigar a periodistas y defensores o defensoras de los derechos humanos. Pese a los repetidos llamamientos de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos para que se revocaran las disposiciones más controvertidas y punitivas de la Ley, no se procedió a ninguna reforma.

Según estadísticas oficiales, entre enero y diciembre se presentaron más de 900 denuncias en aplicación de la Ley de Seguridad Digital, con casi 1.000 personas acusadas y 353 detenidas.1 Según informes, al menos 247 periodistas sufrieron ataques y actos de hostigamiento e intimidación a manos de organismos estatales y de individuos vinculados al gobierno.

En abril, en aplicación de la Ley de Seguridad Digital, se presentaron cargos contra el director en funciones de Jagonews24.com, Mohiuddin Sarker, y el redactor jefe de bdnews24.com, Toufiq Imroz Khalidi, por haber publicado información sobre casos de desvío de la ayuda destinada a personas económicamente afectadas por el confinamiento de la COVID-19. El Tribunal Superior les concedió la libertad bajo fianza y al concluir el año se encontraban en espera de juicio.

En mayo, Ramzan Ali Pramanik y Shanta Banik —redactor jefe y periodista en plantilla, respectivamente, del periódico Dainik Grameen Darpan— fueron detenidos, junto con Khandaker Shahin —editor y director del sitio web de noticias Narsingdi Pratidin—, por haber informado sobre una muerte bajo custodia ocurrida en la comisaría de policía de Ghorashal. En junio se presentaron cargos contra AMM Bahauddin, director del periódico nacional en lengua bengalí Inqilab, por haber publicado un artículo sobre un asesor de la primera ministra. Al terminar el año, su juicio continuaba en curso.

También fueron perseguidas personas del mundo académico por haber ejercido pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. En septiembre, las autoridades de la Universidad de Dacca despidieron al profesor Morshed Hasan Khan por haber publicado un artículo de opinión en un periódico nacional, mientras que las autoridades de la Universidad Nacional hicieron lo propio con el profesor AKM Wahiduzzaman por haber publicado en Facebook un comentario sobre la primera ministra. En junio, un profesor y una profesora de las universidades de Rajshahi y Begum Rokeya fueron despedidos por unos comentarios que habían publicado en Facebook sobre un diputado del partido gobernante que había fallecido.

Libertad de reunión

El derecho a la libertad de reunión pacífica siguió sometido a graves restricciones. A partir de marzo, la pandemia de COVID-19 limitó las actividades políticas al aire libre, y las autoridades persiguieron las reuniones de los partidos de oposición en espacios cerrados. Entre enero y diciembre, el gobierno impidió oficialmente la celebración de 17 reuniones públicas invocando el apartado 144 del Código Penal de 1860, que permitía a las autoridades prohibir concentraciones de 5 o más personas y reuniones públicas por motivos de seguridad pública, y también impidió o disolvió varias reuniones políticas más.

En enero, miembros del partido gobernante, la Liga Awami, agredieron físicamente durante su campaña al candidato a alcalde de Dacca Norte por el opositor Partido Nacionalista de Bangladesh, a consecuencia de lo cual tanto él como varios de su seguidores resultaron heridos.

En febrero, la policía cargó con porras y disolvió violentamente una serie de reuniones organizadas por el opositor Partido Nacionalista de Bangladesh y por sus organizaciones afines en todo el país. En julio, en el distrito de Brahmanbaria, la policía interrumpió, sin que mediara provocación alguna, una reunión de debate que el recién constituido partido Amar Bangladesh (“Mi Bangladesh” en lengua bengalí) celebraba en un espacio cerrado.

En agosto, la policía del distrito sur de Barguna disolvió violentamente una concentración pacífica en forma de cadena humana organizada para exigir la liberación de un estudiante de postgrado de la Universidad Stamford de Dacca. Según se aprecia en los vídeos, la policía deshizo con violencia la cadena sin ninguna provocación por parte de los manifestantes.2

Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas

Las fuerzas de seguridad mataron al menos a 222 personas en presuntas ejecuciones extrajudiciales: 149 sin haberlas detenido, 39 tras la detención y el resto durante torturas o en otras circunstancias. Al parecer, a lo largo del año miembros de distintos organismos encargados de hacer cumplir la ley ejecutaron de manera extrajudicial al menos a 45 refugiados rohinyás, la mayoría en el contexto de la “guerra contra las drogas” (campaña lanzada por el gobierno en 2018 que dio lugar a miles de ejecuciones extrajudiciales).

Durante el año se denunciaron nueve casos de desaparición forzada: un profesor universitario, un director de periódico, un empresario, dos estudiantes y cuatro activistas de oposición. Tres fueron “hallados” más tarde por la policía y posteriormente puestos bajo custodia, mientras que un líder estudiantil fue puesto en libertad por secuestradores no identificados después de 48 horas, cuando arreciaron las protestas de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos. Un activista político fue encontrado muerto y los otros cuatro seguían desaparecidos al terminar el año.

Violencia contra mujeres y niñas

Según la organización de derechos humanos ASK, a lo largo del año se denunciaron como mínimo 2.392 casos de violencia contra las mujeres. De éstos, 1.623 eran violaciones (331, de niñas menores de 12 años); 326, intentos de violación, y 443, agresiones físicas. Entre las víctimas había también mujeres y niñas indígenas. Tras la agresión física, la violación o el intento de violación, al menos 440 fueron asesinadas.

En octubre, alcanzó amplia difusión un vídeo publicado en las redes sociales en el que un grupo de cinco hombres desnudaban a una mujer, le propinaban patadas y puñetazos y la agredían sexualmente. Esta agresión, que —según se cree— tuvo lugar el 2 de septiembre, provocó enorme indignación pública y protestas por todo el país.

Derechos de los pueblos indígenas: Chittagong Hill Tracts

A lo largo del año se registraron al menos 285 violaciones de derechos humanos en Chittagong Hill Tracts: 3 ejecuciones extrajudiciales, 99 detenciones arbitrarias, 54 agresiones físicas, 104 redadas domiciliarias y 25 casos de daños a la propiedad infligidos por organismos de la seguridad del Estado. De las personas arbitrariamente detenidas, 50 fueron encarceladas, y el resto quedó en libertad.

Activistas indígenas acusaron al ejército y a los servicios de inteligencia de sembrar la división entre grupos políticos indígenas. Estas divisiones perpetuaban la violencia entre las comunidades de la región de Chittagong Hill Tracts. A lo largo del año, al menos 69 activistas políticos indígenas perdieron la vida en enfrentamientos locales. Además, un mínimo de 50 activistas indígenas fueron secuestrados, y unas 82 viviendas pertenecientes a indígenas, incendiadas en enfrentamientos entre grupos políticos locales.

En junio fueron secuestrados tres activistas indígenas en una localidad del distrito de Rangamati. Sus familias acusaron del secuestro al Frente Democrático Popular Unido, una facción escindida del principal partido político indígena, al parecer respaldada por los órganos de seguridad del Estado.

En agosto, una mujer y una niña indígenas fueron violadas en grupo por colonos bengalíes en la localidad de Lama (distrito de Bandarban). En septiembre, el activista político indígena U Thowai Aoi Marma fue sometido a desaparición forzada en el área periurbana de Rowangchhari (distrito de Bandarban). Su familia y la población local acusaron al ejército bangladeshí del secuestro. Al concluir el año continuaba en paradero desconocido.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Bangladesh continuó albergando casi un millón de refugiados rohinyás, minoría étnica perseguida cuyos miembros habían huido de Myanmar en agosto de 2017. A pesar de ciertos avances en las conversaciones de repatriación con Myanmar, Bangladesh mantuvo su postura oficial de que la única forma de poner fin a la situación de la población rohinyá refugiada era garantizar su regreso en condiciones seguras, dignas y voluntarias.

Las personas refugiadas vieron limitados sus derechos en Bangladesh. Por ejemplo, las autoridades construyeron vallas de alambre de espinos alrededor de los campos de refugiados, con lo que restringieron su derecho a la libertad de circulación. El 24 de agosto se levantaron parcialmente las restricciones de acceso a Internet de alta velocidad en dispositivos móviles impuestas a los refugiados desde septiembre de 2019.3

El estallido de la pandemia de COVID-19 afectó al sistema de atención a la salud de los campos, de por sí sobrecargado, y la población refugiada se vio privada de acceso a cuidados médicos. En mayo, las autoridades de Bangladesh trasladaron a más de 300 personas refugiadas rohinyás a Bhashan Char, una remota isla sedimentaria del golfo de Bengala. Para diciembre habían trasladado a la isla a otras 1.642. Las autoridades tenían previsto reasentar en Bhashan Char a unas 100.000 personas refugiadas, idea que suscitaba amplia oposición, principalmente de las organizaciones de derechos humanos, ya que la isla era proclive a inundarse de manera recurrente —sobre todo durante la estación de lluvias— y se veía expuesta con frecuencia a ciclones. En entrevistas con Amnistía Internacional, al menos 5 personas de familias rohinyás, en representación de 23 personas refugiadas, afirmaron haber sido coaccionadas por las autoridades para trasladarse a la isla.4

Derecho a la salud

La pandemia de COVID-19 sometió al sistema de salud del país a una enorme presión. En consonancia con la tradicional escasez de inversiones en salud pública de Bangladesh, las instalaciones resultaron ser inadecuadas y estar mal preparadas y equipadas para abordar la crisis.5 Según la Asociación Médica de Bangladesh, más de 8.000 profesionales de la salud —2.887 médicos, 1.979 enfermeros y 3.245 empleados médicos de otros tipos— habían dado positivo en las pruebas de COVID-19. De ellos habían muerto al menos 123 médicos, y la asociación afirmó que los contagios entre el personal médico se podrían haber reducido si se hubieran tomado medidas de inmediato.

La falta de disponibilidad y accesibilidad a servicios médicos imprescindibles para el tratamiento de la COVID-19 sumió al país en una importante crisis de salud pública, mientras numerosos hospitales, públicos y privados, rechazaban —aunque tuvieran capacidad— a pacientes con síntomas de COVID-19 por temor al contagio, causando con ello la muerte de cientos de personas.

Derechos laborales

Cuando la pandemia de COVID-19 estalló, a principios de marzo, las autoridades bangladeshíes impusieron a todo el país medidas de confinamiento, que calificaron de “días festivos” y duraron desde finales de marzo hasta mayo. Durante el confinamiento, las principales actividades empresariales se vieron interrumpidas y se restringió la libertad de circulación. Debido a la interrupción de la actividad económica y al cierre de las empresas, numerosos trabajadores perdieron su empleo o al menos una parte considerable de sus ingresos. Los trabajadores afectados por la crisis tenían escasa o nula protección social, con lo que sus derechos al trabajo y a un nivel de vida adecuado se vieron considerablemente mermados. Las personas más afectadas fueron los más de cinco millones que trabajaban en el sector informal y los aproximadamente cuatro millones que lo hacían en el sector textil (el 80%, mujeres).


  1. Bangladesh: Escalating attacks on the media must stop (noticia, 8 de octubre)
  2. Bangladesh: Rising attacks on freedom of expression and peaceful assembly must be urgently stopped (noticia, 11 de agosto)
  3. Let us speak for our rights: Human rights situation of Rohingya refugees in Bangladesh (ASA 13/2884/2020)
  4. Bangladesh: Debe retirarse el plan para reubicar a cientos de rohinyás en una isla remota (noticia, 20 de noviembre)
  5. Bangladesh must put human rights at the centre of its COVID-19 response strategies (ASA 13/2268/2020)

Descarga el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional