América 2019
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América 2019

La desigualdad, la corrupción, la violencia, la degradación medioambiental, la impunidad y el debilitamiento de las instituciones continuaron siendo una realidad habitual en toda la región de las Américas, lo que para miles de personas se traducía en violaciones de derechos humanos cotidianas. A lo largo del año varios países de la región se vieron sacudidos por manifestaciones multitudinarias, al tomar la gente las calles para exigir rendición de cuentas y que se respetaran sus derechos humanos. Salvo escasas excepciones, la mayoría de los gobiernos respondieron a estas protestas con represión y haciendo uso excesivo de la fuerza, en un intento de silenciar las reivindicaciones de mayor justicia social. En lugar de establecer mecanismos para promover el diálogo y abordar los motivos de preocupación de la ciudadanía, las autoridades recurrieron a la violencia en las actuaciones policiales durante las manifestaciones y, en algunos casos, incrementaron la militarización de las operaciones de orden público. Durante el año, al menos 210 personas murieron a consecuencia de la violencia en el contexto de las protestas.

La región de las Américas continuó siendo la más peligrosa del mundo para los defensores y defensoras de los derechos humanos y para quienes ejercían el periodismo. En 2019, 208 personas perdieron la vida de manera violenta por su labor de defensa de los derechos humanos, y muchas otras sufrieron hostigamiento, criminalización y desplazamiento forzado. En algunos países se siguió sometiendo a acoso, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales a periodistas. Por ejemplo, en México murieron de manera violenta durante el año al menos 10 periodistas a consecuencia de su trabajo.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos y los líderes y lideresas indígenas que luchaban para defender derechos de acceso a la tierra, el territorio y el medioambiente figuraban entre las personas con mayor riesgo de sufrir violencia y hostigamiento. En el contexto de proyectos de infraestructura y del profundo impacto de las industrias extractivas, la mayoría de los gobiernos no respetó ni garantizó el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras ancestrales.

La impunidad por violaciones de derechos humanos continuó siendo la norma en la región. En 2019, el gobierno guatemalteco cerró uno de los mecanismos más innovadores creados para abordar la falta de justicia: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La presencia y el poder crecientes de diversos movimientos de derechos de las mujeres en la región también constituyeron un hito en 2019. Pese a ello, la violencia por motivos de género continuó siendo generalizada en las Américas. Las defensoras de los derechos humanos, las mujeres que realizaban trabajo sexual, las mujeres migrantes y refugiadas, las mujeres afrodescendientes e indígenas y las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, entre otras, estaban expuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia de género y tortura a causa de múltiples formas de discriminación. En noviembre, el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó su información más actualizada sobre feminicidios (homicidios de mujeres por motivos de género) basada en cifras oficiales de 16 países de América Latina y el Caribe. Según estos datos, al menos 3.500 mujeres habían sido asesinadas por razón de género en 2018. La verdadera cifra probablemente era muy superior, ya que 10 países sólo proporcionaron datos de mujeres que habían sido asesinadas por su pareja o expareja.

Durante el año, millones de personas de la región buscaron seguridad fuera de su país de origen. Al concluir el año, la crisis de derechos humanos que vivía Venezuela había generado casi 4,8 millones de personas refugiadas, más que cualquier otro país del mundo, a excepción de Siria; la mayoría vivía en países vecinos. Aunque algunos países de América Latina establecieron mecanismos ad hoc para regularizar la situación migratoria de las personas, también impusieron obstáculos innecesarios e ilegales para su entrada que ponían en peligro a quienes solicitaban asilo.

Continuó el desplazamiento hacia Estados Unidos de personas procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador que huían de la violencia generalizada que imperaba en sus países. Como en años anteriores, siguió aumentando de forma significativa la cifra de personas cubanas, nicaragüenses y venezolanas con casos pendientes en tribunales de inmigración estadounidenses. Incumpliendo las obligaciones internacionales contraídas por Estados Unidos, el gobierno de Trump continuó atacando y socavando la institución del asilo al aplicar medidas y políticas para impedir que las personas solicitantes de asilo cruzaran la frontera de Estados Unidos con México. En una maniobra que evocaba las acciones emprendidas por Estados Unidos en años anteriores, el gobierno mexicano desplegó tropas en la frontera entre ambos países. Tras firmar acuerdos con el gobierno estadounidense para evitar posibles aranceles, el gobierno mexicano también acordó recibir y albergar a personas solicitantes de asilo que habían sido devueltas por Estados Unidos y estaban a la espera de que se celebraran sus audiencias. En Centroamérica, al menos 70.000 personas que habían huido de la crisis de derechos humanos en curso en Nicaragua vivían en Costa Rica, donde el acceso al proceso de solicitud de asilo y a servicios básicos seguía siendo problemático.

1. PROTESTAS, REPRESIÓN Y MILITARIZACIÓN

El año 2019 estuvo marcado por protestas multitudinarias en toda la región. En muchos países —como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela— los principales protagonistas de estas movilizaciones fueron los jóvenes, las personas de bajos ingresos y las mujeres. Salvo contadas excepciones, las protestas fueron mayoritariamente pacíficas. No obstante, el año también estuvo marcado por la incapacidad de los Estados de canalizar el descontento de la gente y las reivindicaciones de sus derechos. En vez de ello, las autoridades recurrieron a la represión, el uso excesivo de la fuerza —incluido el uso intencionado de medios letales— y otras violaciones de derechos humanos.

Principales motivos de las manifestaciones multitudinarias

Durante el año, en toda la región hubo manifestaciones multitudinarias de gente predominantemente joven y diversa que exigía iniciativas en materia de derechos de las mujeres, crisis climática e igualdad de derechos para lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Las protestas masivas contra los gobiernos también fueron generalizadas, y sus reivindicaciones abarcaban desde poner fin a la corrupción hasta tener un acceso más equitativo a la educación y a un nivel de vida y salud adecuado, así como el derecho a votar.

En muchos países, como Chile, Colombia, Ecuador, Haití y Honduras, las protestas fueron desencadenadas por medidas políticas y económicas que socavaban el disfrute de los derechos económicos y sociales e incrementaban la desigualdad. En Bolivia estuvieron principalmente motivadas por las alegaciones de fraude electoral en torno a las elecciones presidenciales. En Venezuela, en el contexto de emergencia humanitaria en curso, las personas que se manifestaban continuaban exigiendo el respeto de sus derechos políticos, acceso a la justicia y acceso a derechos económicos y sociales. En Nicaragua pedían el fin de la represión constante, justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos y libertad para las personas detenidas por su disidencia política legítima.

La polarización política se intensificó en la región y reflejaba un sentimiento generalizado de desilusión con los gobiernos y las élites de todo el espectro político. La gente protestaba porque sentía que sus representantes estaban cada vez más alejados de las necesidades y reivindicaciones de la ciudadanía. También protestaba por la corrupción y porque se sentía excluida de los procesos de toma de decisiones, lo que a menudo daba lugar a políticas desproporcionadamente desfavorables para las personas que vivían en la pobreza o en hogares de bajos ingresos, las mujeres y las niñas, los pueblos indígenas y la gente joven.

Alimentó el descontento el hecho de que América Latina y el Caribe siguiera siendo la región más desigual, y también la más violenta, del mundo, según cálculos de la ONU. En 2019, la pobreza aumentó de nuevo —la CEPAL la estimaba en un 31%—; la desigualdad continuó disminuyendo, pero a un ritmo poco apreciable, y el crecimiento económico fue casi inexistente —0,1% según la CEPAL—. En este contexto, el acceso a derechos económicos y sociales como la educación, la salud o la vivienda era muy desigual. La suma del gasto social de los gobiernos aumentó ligeramente en la mayoría de los países, pero resultaba alarmante que no lo hiciera en el grado necesario para alcanzar los objetivos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Reacciones de los Estados ante la protesta: represión en lugar de diálogo

El carácter generalizado de las protestas, su diversidad y alcance geográfico, y la participación multitudinaria de la población en las manifestaciones en distintos países tomaron por sorpresa a muchos gobiernos de la región y plantearon un desafío a su capacidad de establecer un diálogo político con la ciudadanía. La mayoría de los gobiernos respondió con un uso innecesario, excesivo y, en algunas ocasiones, intencionadamente letal de la fuerza y con la imposición de “estados de emergencia” o “estados de excepción” que amenazaban el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión de la población. Estas respuestas violentas intensificaron la frustración de la ciudadanía y aumentaron la cantidad de personas que tomaban las calles.

En Venezuela, ante el empeoramiento de la emergencia humanitaria, miles de personas salieron a las calles del 21 al 25 de enero para pedir un cambio de gobierno. Al menos 47 personas murieron en el contexto de las protestas, todas ellas por heridas de bala. Según informes, al menos 39 personas murieron a manos de miembros de fuerzas estatales o de terceros que actuaban con su aquiescencia. Al menos 11 personas murieron presuntamente ejecutadas de manera extrajudicial. Más de 900 personas fueron detenidas, entre ellas niños, niñas y adolescentes. El patrón de represión que se vivió en 2019 coincidía con las prácticas represivas utilizadas contra la población civil desde 2014, por lo que había razones para alegar que los ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil podían constituir crímenes de lesa humanidad.

En Haití, sólo en febrero, 41 personas murieron y 100 resultaron heridas en el contexto de las protestas. Según la ONU, entre mediados de septiembre y finales de octubre, otras 42 personas perdieron la vida de manera violenta, al menos 19 de ellas presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad. La policía empleó fuerza excesiva en muchas ocasiones durante las protestas celebradas en octubre contra el gobierno. En Honduras, al menos seis personas murieron y decenas resultaron heridas en el contexto de la represión de las protestas que tuvieron lugar entre abril y junio; la mayoría de estas personas recibió disparos de las fuerzas del Estado, incluido el ejército. En Ecuador, el gobierno declaró el estado de emergencia en octubre, autorizando la utilización de las fuerzas armadas para responder a las protestas generalizadas. Al menos ocho personas murieron violentamente y 1.340 resultaron heridas en el contexto de las protestas.

En Bolivia, el gobierno también declaró el estado de emergencia ante el estallido de protestas tanto de apoyo como contrarias al entonces presidente Evo Morales, tras la celebración de elecciones presidenciales en octubre. Hubo noticias de uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional para responder a las protestas. En noviembre, la publicación de una auditoría de la Organización de los Estados Americanos que mencionaba graves irregularidades en las elecciones avivó las protestas y dio lugar a peticiones —incluso por parte de algunos simpatizantes de Evo Morales— de que el presidente dimitiera. Las fuerzas armadas “sugirieron” a Morales que dimitiera en aras de la “pacificación del país”. El presidente Morales dimitió ese mismo día. Dos días después, Jeanine Áñez asumió el cargo de presidenta interina y emitió el Decreto 4078, que disponía la participación de las fuerzas armadas en operaciones de orden público, lo que garantizaba la impunidad por violaciones de derechos humanos. Bajo la aplicación de este decreto, la Policía Nacional y las fuerzas armadas realizaron operaciones conjuntas para controlar las manifestaciones, y hubo denuncias de uso innecesario y excesivo de la fuerza contra manifestantes. También se recibieron informes de la presencia de manifestantes armados. Al concluir el año, al menos 35 personas habían muerto en el contexto de las manifestaciones. El Decreto 4078 fue derogado el 27 de noviembre, pero las denuncias de violaciones de derechos humanos continuaron.

En Chile, las protestas comenzaron a mediados de octubre, y las fuerzas del Estado, principalmente el ejército y los Carabineros (policía nacional), llevaron a cabo ataques generalizados contra manifestantes, lo que dio lugar a la muerte de cuatro manifestantes y a la tortura y lesión grave de otras personas. Más de 350 de las personas heridas tenían lesiones graves en los ojos. En Colombia, donde las protestas estallaron en noviembre, un joven de 18 años murió a causa de lesiones en la cabeza provocadas por munición menos letal.

2. ACCESO A LA JUSTICIA Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

La impunidad seguía siendo la norma en vez de la excepción en los casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos tanto en la actualidad como en el pasado.

En Guatemala, tras varios intentos, el gobierno finalmente consiguió cerrar de manera definitiva la CICIG, que había obtenido resultados sin precedentes en la investigación de casos de violaciones de derechos humanos y corrupción en gran escala. Simultáneamente, el Congreso debatió una amnistía para los acusados de ser penalmente responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional perpetrados durante el conflicto armado interno. En El Salvador, la Asamblea Legislativa debatió el anteproyecto de la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, considerada una amenaza para el derecho al acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos. En Nicaragua se aprobó la Ley de Amnistía, que fue ampliamente criticada por constituir un obstáculo potencial a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y por poner en peligro el derecho de las víctimas a un recurso efectivo. En Colombia, una serie de medidas promovidas por el presidente Iván Duque generaron preocupantes demoras y graves retrocesos en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que establecía una Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela para investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas cometidas desde 2014. Estaba previsto que la Misión publicará sus conclusiones en 2020. En México, la Secretaría de Gobernación creó una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia a fin de esclarecer el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sometidos a desaparición forzada en 2014. La secretaria de Gobernación también anunció el restablecimiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que estudiara el caso. Pese a estas iniciativas positivas y a otros cambios implementados por el actual gobierno, México continuaba teniendo uno de los niveles más altos de impunidad de la región por el elevado número de desapariciones y otros crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos que se seguían cometiendo.

3. DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Según un informe de 2019 de la organización Front Line Defenders, la región de las Américas era la más peligrosa de mundo para defender los derechos humanos. Colombia, Honduras, México y Brasil, junto con Filipinas, eran los países con las cifras más elevadas de homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos.

Durante el año, Amnistía Internacional continuó recibiendo información inquietante sobre la estigmatización, las amenazas, el desplazamiento, la criminalización y los homicidios dirigidos contra personas y comunidades que promovían los derechos humanos. Los defensores y defensoras del territorio, la tierra y el medioambiente corrían especial peligro y constituían un elevado porcentaje de las personas asesinadas.

La mayoría de los Estados no disponía de planes de protección adecuados que abordaran las causas estructurales de la violencia contra estas comunidades. La mayor parte de los Estados de la región, en particular los dotados de mecanismos específicos para la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, continuó planteándose la protección de manera reactiva, en lugar de tratar de superar las causas estructurales de la violencia contra personas y comunidades vulnerables.

En Estados Unidos, el gobierno de Trump sometió a hostigamiento a defensores y defensoras de los derechos de las personas migrantes y refugiadas y promovió investigaciones penales contra ellos. En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de 17 defensoras nicaragüenses de los derechos humanos que, en el contexto de la crisis en curso, sufrían acoso, intimidaciones, amenazas de muerte y agresiones. En El Salvador, algunas ONG locales hicieron hincapié en la ausencia de un registro oficial de abusos contra defensores y defensoras de los derechos humanos, y también en que la Asamblea Legislativa no había aprobado una ley para otorgar reconocimiento y protección integral a las personas defensoras de los derechos humanos y para garantizar el derecho a defender los derechos humanos.

Durante el año, en varios países se adoptaron algunas medidas positivas para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Por ejemplo, México reformuló su mecanismo nacional de protección y Perú adoptó un protocolo nacional de protección. En Paraguay se derogó el Plan de Acción Conjunta, mecanismo que se había utilizado para desalojar forzosamente a defensores y defensoras y comunidades que protegían su derecho a su tierra o su territorio.

Se adoptaron algunas medidas, aunque insuficientes, para procesar a los sospechosos de ser penalmente responsables de casos relacionados con ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos en toda la región. En Honduras, siete personas fueron declaradas culpables del asesinato de la defensora ambiental Berta Cáceres. Con todo, su familia creía que sólo se lograría plena justicia cuando comparecieran ante los tribunales las personas que estaban detrás de su asesinato. Se arrestó a dos personas sospechosas de asesinar al defensor ambiental indígena Julián Carillo. Sin embargo, los miembros de su comunidad, Coloradas de la Virgen, seguían corriendo peligro debido al elevado nivel de violencia y a la falta de servicios básicos.  En Paraguay, tras llegar a un acuerdo judicial, concluyó el procedimiento penal injusto más reciente contra Andrés Brizuela, defensor de los derechos relativos a la tierra.

Otros grupos también fueron blanco de ataques por su labor en materia de derechos humanos, entre los que figuraban quienes defendían los derechos de las personas LGBTI, las personas migrantes y las mujeres; quienes ejercían el periodismo, y quienes buscaban a personas desaparecidas, entre otros. En México, tras el asesinato del conocido defensor de los derechos LGBTI Oscar Cazorla, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos hizo hincapié en el patrón de impunidad en relación con las investigaciones de ese tipo de casos. En Brasil, la defensora de los derechos de las mujeres Debora Diniz recibió amenazas de muerte por defender el derecho al aborto en el país. En México, dos defensores de los derechos de las personas migrantes fueron detenidos tras una campaña de estigmatización en la que autoridades de alto nivel habían lanzado contra ellos acusaciones constantes sin aportar ninguna prueba creíble.

4. DERECHOS DE LAS MUJERES Y DE LAS NIÑAS

En 2019, las mujeres y las niñas ganaron visibilidad en las Américas, tanto en la participación política como en la movilización social por sus derechos. Hubo avances significativos en América Latina y el Caribe hacia la igualdad de género en los ámbitos de la política, la educación y el empleo, aunque se estimaba que, a ese ritmo de cambio, llevaría varios decenios conseguir la paridad total.

La violencia de género contra mujeres y niñas seguía estando muy extendida en las Américas. Aunque todas las mujeres en la región corrían peligro, algunas estaban expuestas a mayores riesgos por ejemplo, las trabajadoras sexuales, las defensoras de los derechos humanos y las mujeres indígenas y afrodescendientes. En particular, las mujeres que alzaban la voz por sus derechos eran objeto de violencia en las redes sociales.

En República Dominicana era habitual que la policía violara, golpeara y humillara a las mujeres que se dedicaban al trabajo sexual en actos que podían constituir tortura y otros malos tratos. En Colombia, las defensoras de los derechos humanos estaban expuestas a riesgos cada vez mayores, entre ellos violencia sexual, amenazas y homicidios. Según informes, más de 500 mujeres y niñas indígenas desaparecieron o fueron asesinadas en 71 ciudades de Estados Unidos, pero se creía que la cifra real era mucho mayor.

Aunque la igualdad de género contaba cada vez con más apoyo, especialmente entre la gente joven, los esfuerzos gubernamentales por eliminar las actitudes discriminatorias arraigadas que sustentaban y perpetuaban la violencia contra las mujeres seguían siendo insuficientes. Las sobrevivientes de violencia de género también se encontraban con obstáculos para acceder a la justicia relacionados con los prejuicios profundamente arraigados y clasistas del sistema de justicia, lo que daba lugar a sentencias judiciales que abandonaban a su suerte a las mujeres una y otra vez. Además, la impunidad de los perpetradores seguía siendo la norma —también en los casos de violencia sexual y feminicidio— y eran muy pocas las medidas adoptadas para prevenir la violencia contra las mujeres y ofrecer servicios y acceso a la justicia a las sobrevivientes.

Los esfuerzos para cuestionar este contexto y cambiarlo fueron otro factor destacado de 2019. Las movilizaciones feministas en la región fueron generalizadas. Por ejemplo, Un violador en tu camino, canción del grupo chileno “Las Tesis” que recalcaba que las deficiencias del Estado y la cultura patriarcal eran las causas fundamentales de la violencia contra las mujeres, fue adoptada rápidamente por las feministas de la región y de todo el mundo y se convirtió en un himno feminista durante el año.

En agosto, varios casos de violencia sexual contra mujeres y niñas provocaron indignación y manifestaciones en Ciudad de México y otras ciudades del país. El gobierno de Ciudad de México descalificó inicialmente las protestas tachándolas de actos de provocación y declaró que pondría en marcha investigaciones penales contra manifestantes por causar daños a edificios. Posteriormente, y según informes en reacción a la indignación ciudadana, el gobierno cambió de postura y declaró que respetaría el derecho a la libertad de reunión e investigaría los casos de violencia contra mujeres y niñas. 

5. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Pese a existir datos sobre salud pública que mostraban que la legislación muy restrictiva sobre el aborto no reducía el número de abortos, sino que obligaba a las personas embarazadas a recurrir a abortos peligrosos, según el Centro de Derechos Reproductivos más del 97% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe vivía en países con leyes restrictivas sobre el aborto. Incluso cuando el aborto era legal, las mujeres y las niñas seguían afrontando dificultades generalizadas para acceder a servicios de aborto.

Según un estudio reciente del Instituto Guttmacher, muchos sistemas de salud de la región no podían ofrecer atención esencial posterior al aborto. Esta era la realidad pese a los compromisos gubernamentales de proporcionar atención posterior al aborto a través de la prestación de servicios de salud de calidad.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, América Latina y el Caribe tenía la segunda mayor tasa de embarazos adolescentes del mundo. Al menos 3,4 millones de adolescentes, especialmente las procedentes de hogares con ingresos bajos y las que vivían en zonas rurales, no tenían acceso a métodos anticonceptivos modernos. Según el Instituto Guttmacher, el coste anual per cápita del acceso a dicha anticoncepción rondaba los 0,38 dólares estadounidenses. La muerte materna seguía siendo una de las principales causas de muerte de adolescentes y mujeres jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años en América Latina y el Caribe.

El riesgo de mortalidad materna era el doble para las niñas menores de 15 años que para el resto de mujeres, dada la inmadurez de su cuerpo y su mente para afrontar la maternidad. La región de América Latina y el Caribe era la única del mundo en la que había aumentado la cifra de niñas de edades comprendidas entre los 10 y los 15 años que eran obligadas a llevar a término el embarazo —a menudo consecuencia de abusos sexuales— y dar a luz. Por ejemplo, un estudio reciente de ONU Mujeres afirmaba que se había producido un incremento del 62,6% en los embarazos de niñas de entre 10 y 14 años en Paraguay. En Argentina, una niña menor de 15 años daba a luz cada tres horas.

6. DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Continuaban las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela.

Violencia contra los pueblos indígenas y acceso a la justicia

En países como Colombia, Guatemala, Brasil, México y Honduras se seguía amenazando, atacando y asesinando a líderes y lideresas indígenas por su labor de defensa de derechos relacionados con el acceso a la tierra, el territorio y el medioambiente. En Paraguay, por ejemplo, las autoridades continuaron criminalizando a los pueblos indígenas mediante el uso de procesos penales para hostigarlos. También se tuvo noticia de ataques violentos, intimidación y desplazamiento de comunidades. En Ecuador seguía suscitando preocupación la falta de mecanismos de protección adecuados para salvaguardar la vida y la integridad física de los defensores y defensoras indígenas de los derechos humanos y para garantizar investigaciones efectivas sobre las amenazas y los ataques de los que eran objeto.

Las mujeres indígenas estaban especialmente expuestas a la violencia. En Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, continuaban sufriendo violaciones y otros actos de violencia sexual en un grado desproporcionadamente elevado.

Derecho a la tierra, al territorio y a un medio ambiente saludable

Los gobiernos de la región seguían vulnerando los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado en relación con proyectos que les afectaban. En Perú se promulgó legislación que debilitó la protección de los derechos de los pueblos indígenas relativos a la tierra y el territorio y socavó el derecho de esos pueblos al consentimiento libre, previo e informado.

En Paraguay se adoptaron medidas concretas y positivas para aplicar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de las comunidades Sawhoyamaxa y Yakye Axa. Sin embargo, hubo denuncias de uso indebido del sistema de justicia penal contra las comunidades indígenas avá guaraní en el distrito de Itakyry, en el marco de una disputa relativa a títulos de propiedad de tierras. En Ecuador, el pueblo de Sarayaku seguía esperando la plena aplicación de una sentencia dictada en 2008 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que disponía la obligación de someter a su consulta los proyectos que afectaran a su territorio. En Colombia, decenas de miles de personas, principalmente de comunidades indígenas y afrodescendientes, fueron desplazadas a la fuerza por los enfrentamientos entre distintos grupos armados.

En Canadá, el gobierno no se comprometió a suspender la construcción de la presa Site C en la Columbia Británica, a pesar de una demanda de derechos territoriales que estaba pendiente y de la oposición de dos Primeras Naciones directamente afectadas. En Argentina, la Ley núm. 26.160 de Emergencia Territorial, que promovía el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, todavía no se había aplicado plenamente 13 años después de su aprobación.

La contaminación y la degradación medioambientales afectaban al derecho de los pueblos indígenas a un medioambiente saludable en todo el continente. En Perú se adoptaron algunas medidas, como la publicación por parte del Ministerio de Salud de las directrices de política sobre el tratamiento de las personas afectadas por metales tóxicos. No obstante, el gobierno todavía no había aplicado medidas efectivas para proteger el derecho a la salud de cientos de indígenas cuyas únicas fuentes de agua estaban contaminadas con metales tóxicos. En Venezuela, las comunidades indígenas continuaron haciendo hincapié en el impacto de la extracción de minerales sobre sus comunidades y su entorno, y en Canadá el gobierno no estableció un centro especializado de atención a la salud para abordar las décadas de contaminación con mercurio en las tierras de la Primera Nación de Grassy Narrows.

El sector empresarial continuó vulnerando y poniendo en peligro los derechos de los pueblos indígenas. En Brasil, las comunidades indígenas y afrodescendientes se vieron sometidas a una creciente presión a causa de las invasiones y apropiaciones ilegales de sus tierras ancestrales por parte de madereros, ganaderos y otros intereses comerciales. Las medidas de protección gubernamentales se redujeron, y en algunos casos eran inexistentes.

Sin embargo, la empresa minera canadiense Pan American Silver llegó a un acuerdo histórico con miembros de comunidades indígenas guatemaltecas en 2019 en una demanda relativa a un tiroteo ocurrido en 2013 en la mina de plata Escobal. El acuerdo vino acompañado de una disculpa y de la aceptación de responsabilidad por parte de la empresa; era la primera vez que una empresa minera canadiense reconocía públicamente que sus actividades en el extranjero habían dado lugar a abusos contra los derechos humanos.

En Canadá seguían en curso demandas similares contra Hudson Minerals por las denuncias de ataques y homicidios de miembros de una comunidad indígena cerca de la mina de níquel Fénix en Guatemala.

Con el aumento de la demanda global de vehículos eléctricos, se temía que la expansión de las minas de litio en el “triángulo del litio” de Sudamérica (Argentina, Bolivia y Chile) —que, según se creía, poseía más del 70% de las reservas mundiales de dicho metal— se llevara a cabo sin las salvaguardas adecuadas para proteger los derechos de los pueblos indígenas al agua, a un medioambiente saludable y al consentimiento libre, previo e informado.

7. CRISIS CLIMÁTICA

Los conflictos socioambientales seguían siendo una de las principales causas de descontento social en toda la región, donde las movilizaciones masivas que exigían medidas para detener la crisis climática fueron generalizadas, especialmente entre la gente joven.

Se registraron avances en la implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), tratado regional pionero sobre los derechos medioambientales. Al concluir 2019, 22 países lo habían firmado y cinco lo habían ratificado; se necesitaban 11 ratificaciones para que entrara en vigor.

El bosque Chiquitano de Bolivia y la Amazonía de Brasil sufrieron una serie de incendios devastadores que provocaron una crisis ambiental y de derechos humanos. En Bolivia, los incendios se declararon después de que el presidente promulgara el Decreto Supremo 3973 de 10 de julio, en virtud del cual “se autoriza[ba] el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias…[y] se permit[ían] las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente” en las provincias de Santa Cruz y Beni. El gobierno boliviano no inició una investigación sobre la posible relación entre el decreto y los incendios, y al concluir el año el decreto seguía en vigor y se estaba aplicando.

Según cifras oficiales, en Brasil ardieron alrededor de 435.000 hectáreas en ocho meses, lo que afectó a los medios de vida y la salud de comunidades rurales y urbanas, especialmente de los pueblos indígenas y quilombola (afrodescendientes) que vivían en la región. En 2019 los incendios forestales aumentaron un 30%, con 89.178 focos detectados por satélite. Al finalizar el año no había una política pública coherente para la prevención de la deforestación y los incendios, ni para brindar protección y recursos efectivos a las comunidades afectadas. Tampoco se había realizado ninguna investigación independiente ni se habían adoptado medidas integrales para hacer rendir cuentas a los implicados en los incendios de la selva amazónica de 2019.

8. PERSONAS EN MOVIMIENTO

En la región de las Américas, los gobiernos continuaron imponiendo ilegítimamente obstáculos a la circulación de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. La región se enfrentaba al menos a tres situaciones graves en materia de refugio: las personas nicaragüenses que huían a Costa Rica, las personas venezolanas que se trasladaban principalmente a países de Sudamérica, y las personas de los países del denominado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) que atravesaban México para llegar a Estados Unidos.

Al menos 70.000 nicaragüenses que habían huido de la crisis de derechos humanos en su país desde 2018 vivían en la vecina Costa Rica. Aunque Costa Rica no les impedía entrar en el país, no les proporcionaba acceso pleno a los procedimientos de solicitud de asilo, lo que limitaba su disfrute de otros derechos y su acceso a servicios básicos.

La situación de emergencia humanitaria sin precedentes en Venezuela había obligado a casi 4,8 millones de mujeres, hombres, niñas y niños a huir del país. Algunos gobiernos de la región establecieron mecanismos para regularizar la situación migratoria de las personas venezolanas, y otros —como el de Perú— impusieron nuevos requisitos de entrada que en la práctica cerraban la puerta a venezolanos y venezolanas que buscaban protección internacional. La mayoría de los Estados carecía de sistemas de asilo nacionales eficientes y funcionales, y algunos respondieron a la emergencia poniendo trabas a los procedimientos de solicitud de asilo.

Ciudadanas y ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras continuaron huyendo de sus países, empujados por la violencia generalizada, las amenazas, la extorsión, el reclutamiento por bandas delictivas y la violencia sexual y de género. La discriminación, el hostigamiento y la violencia en estos países también dieron lugar a que muchas personas LGBTI buscaran protección en otros lugares. Según el ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados), al terminar el año había más de 387.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo de El Salvador, Honduras y Guatemala en todo el mundo. Además, miles de personas se vieron desplazadas internamente o fueron devueltas a sus países, principalmente por México y Estados Unidos. Muchas fueron devueltas, en contravención del derecho internacional, a situaciones en las que corrían peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos.

En Estados Unidos, el gobierno de Trump promovió medidas diseñadas para limitar el número de solicitantes de asilo que cruzaba la frontera de México con Estados Unidos. Entre otras medidas, se practicaron expulsiones ilegales en la frontera; se implementó “Quédate en México” —política mediante la cual se devolvió a decenas de miles de personas solicitantes de asilo a México para que permanecieran allí a la espera de la resolución de sus solicitudes de asilo—, y se firmaron “Acuerdos de Cooperación de Asilo” con El Salvador, Guatemala y Honduras (también conocidos como “acuerdos de tercer país seguro”) para obligar a la gente a pedir asilo en esos países en vez de en Estados Unidos.

El gobierno estadounidense continuó deteniendo a solicitantes de asilo de manera arbitraria e indefinida, en contravención del derecho y las normas internacionales. Algunas personas solicitantes de asilo llevaban años recluidas en centros de detención sin acceso a servicios de salud adecuados. El gobierno de Trump también continuó con la práctica ilegal de detener a niñas y niños. El gobierno mexicano respondió a la presión estadounidense desplegando 6.000 efectivos de la recién creada Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos, en contra de sus obligaciones internacionales. México también continuó recluyendo a niñas y niños en centros de detención de inmigrantes en los que, según informes, se vivía en condiciones de hacinamiento y sin servicios de salud básicos. Al menos tres personas —una de ellas menor de edad— murieron bajo custodia de las autoridades mexicanas de inmigración.

Las políticas de varios gobiernos y el discurso de autoridades del más alto nivel respecto a la crisis de refugiados sin precedentes en la región reflejaban los intentos concertados efectuados durante el año para dar marcha atrás a la protección de los derechos humanos en diversos ámbitos y para fomentar la división. No obstante, también provocaron algunos de los ejemplos más sorprendentes de solidaridad y de rechazo colectivo a que se socavaran avances de derechos humanos que había costado mucho conseguir. En primera línea de estos actos de resistencia estuvieron jóvenes mujeres y hombres que exigían un futuro de dignidad social y seguridad ambiental; mujeres y niñas que clamaban contra las fuerzas que sustentaban y perpetuaban la discriminación y la violencia de género; personas LGBTI que desafiaban los estereotipos negativos y el hostigamiento; familias y comunidades que permanecían firmes frente a una oposición poderosa para exigir justicia, y pueblos indígenas y defensores y defensoras ambientales que afrontaban riesgos enormes para dar a conocer y detener la emergencia climática. La diversidad y la resiliencia de los movimientos de la sociedad civil que exigían el respeto de los derechos humanos generaron algunas de las imágenes más emblemáticas del año en las calles de ciudades, pueblos y aldeas de toda la región de las Américas, una inspiración para las luchas venideras.