América 2016/2017

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América 2016/2017

A pesar del discurso público sobre democracia y progreso económico, y de la esperanza de que por fin terminara en Colombia el último conflicto armado del continente, las Américas continuaron siendo una de las regiones más violentas y desiguales del mundo.

En toda la región, el año estuvo marcado por la tendencia a una retórica contraria a los derechos, racista y discriminatoria tanto en las campañas políticas como por parte de las autoridades del Estado, una retórica que los medios de comunicación de mayor difusión asumieron y normalizaron. En Estados Unidos, Donald Trump fue elegido presidente en noviembre tras una campaña electoral en la que causó consternación por su discurso discriminatorio, misógino y xenófobo, y suscitó honda preocupación por el futuro compromiso de Estados Unidos para con los derechos humanos tanto a nivel nacional como global.

La situación de crisis de los derechos humanos en la región se vio acelerada por una tendencia al aumento de los obstáculos y las restricciones a la justicia y a las libertades fundamentales. Las oleadas de represión se tornaron cada vez más visibles y violentas; con frecuencia, los Estados hicieron un uso indebido de los sistemas judiciales y de los aparatos de seguridad para responder a la disidencia y al creciente descontento de la ciudadanía, y aplastarlos de modo implacable.

Imperaban en toda la región la discriminación, la inseguridad, la pobreza y los daños al medio ambiente. El incumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos también quedó patente en la amplia brecha de desigualdad —en la riqueza, el bienestar social y el acceso a la justicia—, sustentada por la corrupción y la falta de rendición de cuentas.

Los obstáculos arraigados y generalizados en el acceso a la justicia y el debilitamiento del Estado de derecho eran comunes a muchos países de la región. Paralelamente, era habitual que los abusos contra los derechos humanos quedaran impunes y, en algunos casos, la ausencia de sistemas judiciales independientes e imparciales protegía aún más los intereses políticos y económicos de una minoría.

Este contexto hizo posible que se perpetuaran las violaciones de derechos humanos. En particular, prevalecían la tortura y otros malos tratos, a pesar de que países como Brasil, México o Venezuela dispusieran de legislación en contra de la tortura.

Las deficiencias de los sistemas de justicia —a las que se sumaba el hecho de que los Estados no aplicaran políticas de seguridad pública para proteger los derechos humanos— elevaron los niveles de violencia. Países como Brasil, El Salvador, Honduras, Jamaica, México y Venezuela presentaban las tasas de homicidio más altas de mundo.

La violencia y la inseguridad endémicas a menudo se vieron agravadas por la proliferación de armas pequeñas ilegales y el crecimiento de la delincuencia organizada que, en algunos casos, se había hecho con el control de territorios enteros, a veces con la complicidad o la aquiescencia de la policía y el ejército.

El “Triángulo Norte” de Centroamérica, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras, era uno de los lugares más violentos del mundo; allí se mataba a más personas que en la mayoría de las zonas de conflicto del planeta. La tasa de homicidio de El Salvador (108 habitantes de cada 100.000) era una de las más altas del mundo. La vida cotidiana de muchas personas se vio ensombrecida por la acción de las bandas delictivas.

La violencia de género, muy extendida, seguía siendo uno de los fracasos más deplorables de los Estados en las Américas. En octubre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe reveló que en la región eran asesinadas diariamente 12 mujeres y niñas por motivos de género (un delito denominado “feminicidio”), y que la mayoría de esos crímenes quedaban impunes. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, una de cada 5 mujeres sufría agresión sexual durante sus años universitarios en ese país, aunque sólo uno de cada 10 casos se denunciaba ante las autoridades.

En toda la región, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) hicieron frente a índices de violencia y discriminación aún más elevados y a más obstáculos para acceder a la justicia. El tiroteo incontrolado en una discoteca de Orlando, Florida, demostró que, en Estados Unidos, las personas LGBTI tenían mayores probabilidades de ser blanco de crímenes de odio. Por su parte, Brasil continuaba siendo el país más mortífero del mundo para las personas transgénero.

En febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el virus de Zika constituía una emergencia de salud pública, tras detectar su “explosiva” propagación en la región. El temor de que la transmisión materno infantil del virus estuviera relacionada con la microcefalia en recién nacidos —y la posible transmisión sexual del virus— pusieron de manifiesto los obstáculos que limitaban la realización efectiva de la salud sexual y reproductiva y de los derechos vinculados a ésta en la región.

La inacción de los Estados dejó un vacío de poder que era ocupado por empresas multinacionales de influencia cada vez mayor, especialmente las de los sectores extractivos y otros que comportaban la apropiación de territorios y de recursos naturales; esa apropiación afectaba sobre todo a tierras reclamadas por pueblos indígenas, otras minorías étnicas y campesinos, o tierras que les pertenecían, y se llevaba a cabo sin respetar debidamente su derecho al consentimiento libre, previo e informado. La atención a la salud, el medio ambiente, los medios de vida y la cultura de estos grupos se vieron con frecuencia perjudicados, y las personas eran desplazadas a la fuerza, lo que dio lugar a la desaparición de sus comunidades.

La represión política, la discriminación, la violencia y la pobreza fueron el motor de otra crisis humanitaria cada vez más profunda, aunque en gran medida olvidada. Cientos de miles de personas refugiadas —mayoritariamente provenientes de Centroamérica— se vieron obligadas a huir de sus hogares para buscar protección, a menudo corriendo el peligro de sufrir nuevos abusos contra sus derechos humanos y arriesgando la vida.

Muchos gobiernos demostraron una intolerancia cada vez mayor a las críticas, dedicándose a acallar la disidencia y amordazar la libertad de expresión.

En México, las autoridades se mostraron tan reacias a aceptar críticas, que llegaron al extremo de negar la crisis de derechos humanos que vivía el país. A pesar de que se había denunciado la desaparición de casi 30.000 personas, de que miles habían perdido la vida a consecuencia de las operaciones de seguridad en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y de que miles más sufrían desplazamiento forzado debido a la violencia generalizada, las autoridades hicieron caso omiso de las críticas de la sociedad civil mexicana y de las organizaciones internacionales, incluida la ONU.

También la negación fue un elemento distintivo del deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde el gobierno puso en peligro la vida y los derechos humanos de millones de personas al negar la existencia de una grave crisis humanitaria y económica y al rechazar pedir ayuda internacional. A pesar del serio problema de escasez de alimentos y medicamentos, del rápido aumento de los índices de delincuencia y de las constantes violaciones de derechos humanos —incluidos los altos niveles de violencia policial—, el gobierno silenció la disidencia en lugar de dar respuesta a la desesperada petición de auxilio de la ciudadanía.

Entre los acontecimientos ocurridos en 2016, destacó la histórica visita de Estado del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba, que atrajo la atención internacional hacia los problemas de derechos humanos en ambos países, como los malos tratos a las personas migrantes en Estados Unidos, el impacto del embargo estadounidense en la situación de los derechos humanos en Cuba, y la ausencia de libertad de expresión y la represión de activistas en Cuba.

La ratificación por parte del Congreso colombiano del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras más de cuatro años de negociaciones, puso fin al conflicto armado que había durado 50 años y había segado millones de vidas. Se anunció un proceso de paz con el segundo grupo guerrillero más grande de Colombia —el Ejército de Liberación Nacional (ELN)— pero al concluir el año éste todavía no se había iniciado debido, en gran medida, a que el ELN no había liberado a uno de sus rehenes de mayor relevancia.

En Haití, un devastador huracán provocó una fuerte crisis humanitaria y agravó los daños ocasionados por desastres naturales previos. Una serie de problemas estructurales y profundamente arraigados, como la falta de financiación y de voluntad política, ya habían incapacitado a Haití para proporcionar vivienda adecuada a más de 60.000 personas que vivían en condiciones lamentables en campamentos de desplazados tras el terremoto de 2010. Las elecciones presidenciales y legislativas se aplazaron en dos ocasiones por denuncias de fraude en medio de un clima de protestas contra las que, según informes, la policía hizo un uso excesivo de la fuerza. En noviembre, Jovenel Moïse fue elegido presidente.

Defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro

En muchos países de las Américas, defender los derechos humanos continuó siendo extremadamente peligroso. Las personas que se dedicaban al periodismo, la abogacía o la judicatura, así como los opositores políticos y los testigos fueron especialmente objeto de amenazas, ataques, tortura y desapariciones forzadas, e incluso algunos murieron a manos de agentes estatales y no estatales que querían silenciarlos. Quienes hacían activismo en favor de los derechos humanos también se enfrentaron a campañas de difamación y denigración. Sin embargo, hubo pocos avances en la investigación de esos ataques y tampoco se hicieron progresos para llevar a los responsables ante la justicia.

Tanto los defensores y defensoras de los derechos humanos como los movimientos sociales que se oponían a proyectos de desarrollo en gran escala y a las empresas multinacionales corrieron especial peligro de sufrir represalias. Las mujeres que defendían los derechos humanos y las que pertenecían a comunidades históricamente excluidas también sufrieron actos de violencia.

En Brasil, los defensores y defensoras de los derechos humanos hicieron frente a un creciente número de ataques, amenazas y homicidios. En Nicaragua, el gobierno cerró los ojos ante las violaciones de derechos humanos y persiguió a activistas. La grave situación de los presos y presas de conciencia en Venezuela —y la determinación del gobierno de reprimir la disidencia— quedó patente cuando se negó al líder de la oposición gravemente enfermo, Rosmit Mantilla, someterse a una operación quirúrgica y, en vez de ello, se lo trasladó a una celda de castigo; a raíz de la intensa presión nacional e internacional, Rosmit Mantilla recibió la atención médica urgente que necesitaba y, en noviembre, fue puesto en libertad.

Honduras y Guatemala eran los países más peligrosos del mundo para quienes defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente; las personas que hacían activismo por los derechos a la tierra y al medio ambiente fueron objeto de una ola de amenazas, cargos falsos, campañas de difamación, agresiones y homicidios. En marzo, el asesinato de la destacada lideresa indígena hondureña Berta Cáceres —a quien unos hombres armados dispararon en su casa— puso de manifiesto la violencia generalizada contra las personas que trabajaban para proteger la tierra, el territorio y el medio ambiente en el país.

En Guatemala se solía criminalizar —mediante procedimientos penales sin fundamento y el uso indebido del sistema de justicia penal— a los defensores y defensoras de los derechos humanos que se oponían a proyectos de explotación de los recursos naturales, y se los solía identificar con “el enemigo interno”. En Colombia, un alarmante número de defensores y defensoras de los derechos humanos —especialmente líderes comunitarios y activistas ambientales— seguían siendo objeto de amenazas y homicidios.

En Argentina, la lideresa social Milagro Sala fue detenida y acusada formalmente por protestar pacíficamente en Jujuy. A pesar de que se ordenó su puesta en libertad, se iniciaron nuevas actuaciones judiciales contra ella para mantenerla recluida. En octubre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que la detención de Milagro Sala era arbitraria y recomendó su liberación inmediata.

En el norte de Perú, Máxima Acuña —campesina inmersa en una batalla legal contra Yanacocha (una de las mayores minas de oro y cobre de la región) por la propiedad de la tierra en la que vivía— fue galardonada con el Premio Goldman 2016, un prestigioso galardón medioambiental. A pesar de una campaña de hostigamiento e intimidación en la que tanto ella como su familia fueron presuntamente agredidas físicamente por miembros de las fuerzas de seguridad, se mantuvo firme y se negó a abandonar su lucha para proteger los lagos locales y permanecer en sus tierras.

En Ecuador, la restrictiva legislación y las tácticas para acallar las críticas limitaron gravemente los derechos a la libertad de expresión y de asociación. Continuó criminalizándose la disidencia, y en particular a quienes se oponían a proyectos extractivos en las tierras de los pueblos indígenas.

En Cuba, a pesar de las afirmaciones de apertura política y del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos el año anterior, la sociedad civil y los grupos de oposición denunciaron un aumento del hostigamiento a quienes criticaban al gobierno. Los defensores y defensoras de los derechos humanos y los activistas políticos fueron tildados públicamente de “subversivos” y de “mercenarios anticubanos”. A algunas de esas personas se las sometió a breves detenciones arbitrarias para, posteriormente, dejarlas en libertad sin cargos; no era infrecuente que esto sucediera varias veces al mes.

Amenazas al sistema interamericano de derechos humanos

Pese a la magnitud de los desafíos para los derechos humanos en la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —fundamental para defender y promover los derechos humanos, así como para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas que no pueden conseguirla en sus propios países— se vio afectada por una crisis económica durante la mayor parte del año. La crisis se debió a la insuficiente asignación de recursos por parte de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), demostración inequívoca de la falta de voluntad política de los Estados para promover y proteger los derechos humanos tanto en sus territorios como fuera de ellos.

En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó enfrentarse a la mayor crisis económica de su historia. Existía un peligro real de menoscabo de los avances realizados por la Comisión en la lucha contra las violaciones graves de los derechos humanos y la discriminación estructural, precisamente en un momento en el que debía desempeñar un papel más vigoroso para garantizar que los Estados cumplían las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

Con un presupuesto anual de 8 millones de dólares estadounidenses, el sistema interamericano de derechos humanos seguía siendo uno de los peor financiados del mundo; contaba con menos recursos que los organismos correspondientes de África (13 millones de dólares) y Europa (104,5 millones de dólares).

Pese a que la Comisión Interamericana recibió finalmente financiación adicional, preocupaba la posible prolongación de la crisis política, a no ser que los Estados proporcionaran fondos adecuados a la institución y cooperaran con ella, independientemente de lo crítica que ésta fuera con sus historiales de derechos humanos.

Hubo, asimismo, faltas de apoyo más concretas a la Comisión. El gobierno de México intentó entorpecer su labor en el caso Ayotzinapa, relativo a la desaparición forzada de 43 estudiantes tras ser detenidos por la policía en 2014. A pesar de que las autoridades afirmaban que los estudiantes habían sido secuestrados por una banda delictiva y que sus cuerpos habían sido quemados y arrojados a un vertedero, un grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que resultaba científicamente imposible que hubieran ardido tantos cadáveres en las condiciones alegadas. En noviembre, la Comisión estableció un nuevo mecanismo especial para realizar el seguimiento de las recomendaciones de los expertos, pero resultó difícil garantizar que las autoridades brindaran el apoyo adecuado.

Personas refugiadas, migrantes y apátridas

Centroamérica fue el origen de una crisis de refugiados que se agravó rápidamente. Debido a la implacable violencia en esta parte del mundo frecuentemente olvidada, siguieron aumentando las solicitudes de asilo de ciudadanos y ciudadanas de Centroamérica en México, Estados Unidos y otros países, hasta alcanzar niveles que no se habían vuelto a registrar desde el final, hacía décadas, de la mayoría de los conflictos armados de la región.

Cientos de miles de personas viajaban a través de México, bien para pedir asilo allí, bien para continuar su viaje hacia Estados Unidos. Muchas eran recluidas en duras condiciones o se enfrentaban a homicidio, secuestro o extorsión por parte de bandas delictivas que a menudo actuaban en connivencia con las autoridades. Los abusos contra los derechos humanos afectaban de forma particular a un gran número de niños, niñas y adolescentes no acompañados; las mujeres y las niñas corrían grave peligro de sufrir violencia sexual y trata de personas.

Siguieron practicándose expulsiones desde México y Estados Unidos, a pesar de los abrumadores indicios de que muchos solicitantes de asilo corrían peligro de sufrir violencia extrema en caso de no obtenerlo. Al ser devueltas, muchas personas regresaban a las situaciones de peligro mortal de las que habían huido; al parecer algunas murieron a manos de las bandas.

Honduras, Guatemala y El Salvador alimentaron esta crisis cada vez más grave, pues no protegían a las personas frente a la violencia y no establecieron programas integrales de protección para quienes habían sido expulsados desde países como México y Estados Unidos.

Sin embargo, en vez de asumir la responsabilidad por su papel en la crisis, los gobiernos implicados se centraron exclusivamente en los abusos contra los derechos humanos que sufrían las personas que cruzaban México de camino a Estados Unidos. También aseguraron, sin razón, que la mayoría de esas personas huían por necesidades económicas y no por el aumento de la violencia y los homicidios y, por supuesto, tampoco por las amenazas, las extorsiones y la intimidación sufridas a diario por la mayor parte de la población a causa de los enfrentamientos entre las pandillas por el control territorial.

A lo largo de 2016, decenas de niños y niñas no acompañados y de personas que viajaban con sus familias fueron aprehendidos en Estados Unidos al tratar de cruzar la frontera sur. Se mantuvo recluidas a familias durante meses, muchas de ellas sin acceso adecuado a atención médica ni a asistencia letrada.

Durante el año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por la situación de las personas migrantes cubanas y haitianas que intentaban llegar a Estados Unidos.

En otros países de la región, las personas migrantes y sus familias sufrían discriminación, exclusión y malos tratos generalizados. En Bahamas, los malos tratos hacia las personas migrantes indocumentadas de países como Haití y Cuba fueron moneda corriente. La República Dominicana expulsó a miles de personas de ascendencia haitiana —entre ellas, personas nacidas en territorio dominicano que habían devenido apátridas en la práctica— sin respetar en muchos casos el derecho y las normas internacionales sobre expulsiones. A su llegada a Haití, muchas personas se asentaron en campamentos improvisados, donde vivían en condiciones terribles.

A pesar de que las recién elegidas autoridades de República Dominicana se comprometieron a resolver la situación de las personas apátridas, una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 2013 mantuvo a decenas de miles de personas en situación de apatridia al privarlas, de manera arbitraria y con carácter retroactivo, de su nacionalidad. En febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describió esta situación como una “situación de apatridia […] de una magnitud nunca antes vista en América”.

Canadá reasentó a más de 30.000 personas refugiadas sirias, y Estados Unidos a 12.000.

Seguridad pública y derechos humanos

Los agentes no estatales —entre ellos empresas y redes delictivas— ejercieron una influencia cada vez mayor y fueron responsables de los crecientes niveles de violencia y abusos contra los derechos humanos. Por su parte, la mayoría de los Estados no atajaron la situación de manera acorde con las normas internacionales, siendo muchas de las violaciones de derechos humanos cometidas producto de una tendencia a la militarización de la seguridad pública.

En respuesta a la agitación social —y en particular a las protestas pacíficas—, algunos Estados recurrieron cada vez con más frecuencia al ejército en operaciones de seguridad pública, y tanto los cuerpos de policía como otros organismos encargados de hacer cumplir la ley de esos países adoptaron técnicas, adiestramiento y equipos militares. A pesar de que con frecuencia se empleaba la lucha contra la delincuencia organizada como justificación para las respuestas militarizadas, en realidad éstas permitían a los Estados seguir vulnerando los derechos humanos en lugar de abordar las causas subyacentes de la violencia. En países como Venezuela, por ejemplo, cuando se respondía a las protestas con una acción militar, con frecuencia se producían a continuación actos de tortura y otros malos tratos contra manifestantes.

Tras la muerte en el mes de julio de Philando Castile (Minnesota) y de Alton Sterling (Luisiana) por disparos de la policía, se organizaron en todo Estados Unidos protestas que la policía enfrentó con material antidisturbios pesado y armas de uso militar, lo que hizo temer por el derecho a la libertad de reunión pacífica de las personas que se manifestaban. También fue motivo de preocupación la fuerza empleada por la policía en las protestas, mayoritariamente pacíficas, contra el proyecto de construcción del oleoducto Dakota Access, cerca la reserva sioux de Standing Rock, en Dakota del Norte. Además, las autoridades estadounidenses siguieron sin computar la cifra exacta de personas muertas a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; la información periodística ofreció una cifra de casi 1.000 muertes en 2016, y de al menos 21 a manos de la policía por el uso de armas de electrochoque.

Los Juegos Olímpicos celebrados en Brasil en agosto se vieron empañados por las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, sin que ni las autoridades ni los organizadores del evento adoptaran medidas efectivas para impedir los abusos. En Río de Janeiro aumentaron los homicidios cometidos por la policía cuando la ciudad se preparaba para albergar los Juegos. Durante el evento deportivo hubo violentas operaciones policiales y las protestas se reprimieron enérgicamente con medidas como el uso innecesario y excesivo de la fuerza. Durante el año, las operaciones contra el narcotráfico y las operaciones de seguridad con despliegue de agentes fuertemente armados fomentaron las violaciones de derechos humanos y pusieron en peligro a los agentes de policía.

La policía y las fuerzas de seguridad también hicieron un uso excesivo e innecesario de la fuerza en países como Bahamas, Chile, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Los homicidios ilegítimos en Jamaica eran una constante de las operaciones policiales que se había mantenido prácticamente invariable durante los dos últimos decenios; por otro lado, muchos homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad en República Dominicana fueron ilegítimos, según informes. En ninguno de los dos países se habían reformado las fuerzas de seguridad, y éstas rara vez rendían cuentas.

Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad

La impunidad imperante permitió a los responsables de abusos contra los derechos humanos actuar sin temor a las consecuencias, debilitó el Estado de derecho y negó verdad y reparación a millones de personas.

La impunidad se sustentaba en unos sistemas de seguridad y de justicia sin recursos suficientes, frágiles y a menudo corruptos, lastrados además por la falta de voluntad política para asegurar su imparcialidad e independencia.

La consiguiente inacción a la hora de llevar a los autores de violaciones de derechos humanos ante la justicia permitió que arraigaran y prosperaran la delincuencia organizada y las prácticas abusivas de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Asimismo, en países como Brasil, Colombia, Guatemala, México, Honduras, Jamaica, Paraguay, Perú y Venezuela se negó a numerosas personas un acceso significativo a la justicia, lo que les impidió reivindicar sus derechos.

En Jamaica reinaba la impunidad por la constante —que se prolongaba ya decenios— de presuntos homicidios ilegítimos y ejecuciones extrajudiciales cometidos por agentes encargados de hacer cumplir la ley. Aunque desde el año 2000 más de 3.000 personas habían muerto a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sólo unos pocos agentes habían rendido cuentas en 2016. En junio, la Comisión de Investigación sobre las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante el estado de excepción de 2010 formuló recomendaciones para reformar la policía; al concluir el año, Jamaica todavía no había explicado cómo aplicaría las reformas.

En Chile, los delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, que golpearon, maltrataron y en ocasiones incluso mataron a manifestantes pacíficos y a otras personas, muchas veces quedaron impunes. Era habitual que los tribunales militares —encargados de los casos de violaciones de los derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad— no investigaran adecuadamente ni enjuiciaran a los agentes sospechosos de haber cometido un delito, y los juicios normalmente no alcanzaban los más básicos niveles de independencia e imparcialidad.

En julio, un tribunal de Paraguay impuso a un grupo de campesinos y campesinas una condena de hasta 30 años de prisión por el asesinato de 6 agentes de policía y otros delitos relacionados, en el contexto de un conflicto de tierras ocurrido en 2012 en el distrito de Curuguaty. Sin embargo, no se inició investigación alguna sobre la muerte de 11 campesinos en el mismo incidente. El fiscal general no ofreció ninguna explicación creíble del motivo por el que no se investigaron esas muertes ni respondió a las denuncias según las cuales el lugar del delito había sido manipulado y los campesinos habían sido torturados bajo custodia policial.

Al finalizar el año —y dos años después de que el Senado de Estados Unidos presentara un informe sobre la cuestión—, nadie había comparecido ante la justicia estadounidense por las violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco del programa de detención secreta e interrogatorio de la CIA tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En México, el procesamiento de cinco marinos —acusados de la desaparición forzada de un hombre hallado muerto semanas después de su detención, en 2013— fue un paso positivo que ofrecía esperanzas de que se aplicara un nuevo enfoque a la hora de abordar la ola de desapariciones en el país. Seguían sin conocerse la suerte y el paradero de decenas de miles de personas en todo el país.

En países como Argentina, Bolivia, Chile y Perú, la impunidad constante y la falta de voluntad política para investigar las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional —entre ellos, miles de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas— que se habían perpetrado en el contexto de las dictaduras militares de décadas anteriores seguían negando la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas y sus familias.

Con todo, en Argentina, el ex presidente de facto, Reynaldo Bignone, fue condenado a 20 años de prisión por el papel desempeñado en cientos de desapariciones forzadas durante una operación de inteligencia llevada a cabo en toda la región; también se impusieron penas de cárcel a otros 14 militares. Esas sentencias representaron un paso positivo para la justicia y se esperaba que abrieran la puerta a más investigaciones.

En Guatemala, a pesar de que los avances para abordar la impunidad eran lentos, hubo un histórico fallo por el que dos ex mandos militares fueron declarados culpables de crímenes de lesa humanidad por someter a mujeres indígenas maya-q’eqchis a violencia sexual y esclavitud doméstica y sexual.

En julio, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, hecho que supuso un importante paso adelante para la justicia en el ámbito de los delitos de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado de 1980 a 1992.

En Haití no se avanzó en la investigación de los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por el ex presidente Jean-Claude Duvalier y sus antiguos colaboradores.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Fueron pocos los avances de los Estados para atajar la violencia contra mujeres y niñas; por ejemplo, no se las protegía de las violaciones y feminicidios, y los responsables tampoco rendían cuentas. Hubo denuncias de violencia de género en Brasil, Canadá, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela, entre otros países.

Las numerosas violaciones de los derechos sexuales y reproductivos repercutían considerablemente en la salud de las mujeres y las niñas. En las Américas se concentraba el mayor número de países que prohibían totalmente el aborto. En algunos de ellos se encarcelaba a las mujeres simplemente por ser sospechosas de haberse sometido a un aborto, a veces tras haber sufrido un aborto espontáneo.

En Nicaragua, las mujeres que vivían en la pobreza continuaron siendo las principales víctimas de mortalidad materna, y el índice de embarazos de adolescentes era uno de los más altos de la región. Además, las mujeres estaban sometidas a una de las legislaciones sobre el aborto más duras del mundo, pues estaba prohibido en todas las circunstancias, incluso cuando era imprescindible para salvar la vida de la mujer. En República Dominicana se postergó nuevamente una reforma del Código Penal destinada a despenalizar el aborto en determinados casos. En Chile siguió debatiéndose una reforma legislativa que proponía la despenalización del aborto.

Con todo, hubo pequeñas señales de esperanza. En El Salvador, la sentencia de un tribunal que ordenaba la puesta en libertad de María Teresa Rivera —quien había cumplido 4 años de una condena de prisión de 40 tras sufrir un aborto espontáneo— fue un paso hacia la justicia en un país en el que las mujeres recibían un trato terrible. El hecho de que en Argentina una mujer condenada a 8 años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo quedara en libertad en virtud de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, según la cual no había motivos suficientes para mantenerla recluida, constituyó otra victoria para los derechos humanos.

Derechos de los pueblos indígenas

En junio, tras 17 años de negociación, la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

A pesar de ello, en todo el continente, los pueblos indígenas continuaron siendo víctimas de violencia, homicidios y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, y a menudo sufrían abusos contra su derecho a sus tierras, territorios, recursos naturales y cultura. En países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Paraguay, la realidad cotidiana para miles de personas era una vida ensombrecida por la exclusión, la pobreza, la desigualdad y la discriminación sistémica.

Los pueblos indígenas siguieron viéndose desplazados a la fuerza de sus propias tierras por agentes estatales y no estatales —entre ellos terratenientes y empresas— que buscaban su propio beneficio económico.

Los proyectos de desarrollo —incluidos los de las industrias extractivas— amenazaron la cultura de los pueblos indígenas y a veces dieron lugar al desplazamiento forzado de comunidades enteras. Además, con frecuencia se negó a los pueblos indígenas una consulta significativa y su derecho al consentimiento libre, previo e informado. Las mujeres indígenas y campesinas de todo el continente exigieron que se prestara mayor atención al impacto que sobre las mujeres tenían los proyectos de extracción de recursos naturales, y pidieron una mayor participación en los procesos de toma de decisiones sobre los proyectos de desarrollo que afectaban a sus tierras y territorios.

En mayo, los líderes y las lideresas de las comunidades indígenas y afrodescendientes del Territorio Rama y Kriol declararon que el acuerdo para la construcción del Gran Canal Interoceánico se había firmado sin que se llevara a cabo un proceso efectivo de consulta. Hubo un aumento de la violencia en la Región Autónoma del Atlántico Norte, en Nicaragua, donde los pueblos indígenas misquitos sufrían amenazas, ataques, violencia sexual, homicidios y desplazamiento forzado a manos de colonos no indígenas.

Entre los avances positivos cabe citar el inicio de una investigación de ámbito nacional sobre mujeres y niñas indígenas desparecidas y asesinadas anunciado por el gobierno canadiense.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Las mejoras legislativas e institucionales en algunos países —como el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo— no se tradujeron necesariamente en una mayor protección frente a la violencia y la discriminación hacia lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

En todo el continente —en países como Argentina, Bahamas, El Salvador, Estados Unidos, Haití, Honduras, Jamaica, República Dominicana y Venezuela— se mantuvieron niveles elevados de crímenes de odio, apología del odio y discriminación, así como asesinatos y persecución, contra activistas LGBTI.

Con todo, en el proceso electoral que tuvo lugar en República Dominicana durante el año, varias personas que habían manifestado abiertamente su pertenencia al colectivo LGBTI presentaron su candidatura para aumentar su visibilidad y participación políticas.

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