América 2017/2018
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América 2017/2018

La discriminación y la desigualdad seguían siendo la norma en todo el continente. La región seguía sufriendo los estragos causados por los altos niveles de violencia, con oleadas de homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Los defensores y defensoras de los derechos humanos padecían niveles de violencia cada vez más altos. La impunidad seguía siendo generalizada y las políticas de demonización y división se intensificaron. Los pueblos indígenas sufrían discriminación y seguían viendo negados sus derechos económicos, sociales y culturales, incluido su derecho a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado sobre los proyectos que los afectaban. Fueron pocos los avances de los gobiernos en la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, así como de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

Un elevadísimo número de personas en toda la región afrontaba una crisis de derechos humanos cada vez más grave, alimentada por el retroceso de los derechos humanos en la legislación, las políticas y las prácticas, y por el uso creciente de una política de demonización y división. En muchos países había peligro de que la regresión se volviera endémica. Este retroceso agravaba además la desconfianza hacia las autoridades (que se manifestaba en los bajos niveles de participación en elecciones y referéndums) e instituciones como, por ejemplo, los sistemas nacionales de justicia.

En lugar de emplear los derechos humanos como una forma de lograr un futuro más justo y sostenible, muchos gobiernos volvieron a recurrir a tácticas represivas: hacían un uso indebido de las fuerzas de seguridad y los sistemas de justicia para silenciar la disidencia y las críticas, permitían que quedara impune el uso generalizado de la tortura y otros malos tratos, y gobernaban en un contexto de desigualdad, pobreza y discriminación descontroladas sostenidas por la corrupción y por las carencias en materia de rendición de cuentas y justicia.

Entre los factores que también contribuyeron al importante retroceso de los derechos humanos figuraron la serie de órdenes ejecutivas emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump —entre ellas una que pasó a conocerse como “la prohibición de entrada a los musulmanes”— , y los planes del mandatario para construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

La violencia extrema y persistente era habitual en países como Brasil, El Salvador, Honduras, México y Venezuela. La violencia en toda la región se veía con frecuencia alimentada por la proliferación de armas pequeñas ilegales y por el crecimiento de la delincuencia común organizada. La violencia contra las personas LGBTI, contra las mujeres y las niñas y contra los pueblos indígenas era generalizada.

Según un informe de la ONU, América Latina y el Caribe seguía siendo la región más violenta del mundo para las mujeres, pese a las estrictas leyes existentes para hacer frente a esta crisis. La región tenía la tasa de violencia no conyugal contra las mujeres más alta del mundo, y la segunda tasa más alta de violencia conyugal.

México registró una ola de homicidios de periodistas y personas que defendían los derechos humanos. Venezuela afrontaba la peor crisis de derechos humanos de su historia moderna. Los homicidios de líderes y lideresas de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en Colombia dejaron al descubierto las limitaciones de la implementación del proceso de paz en ese país.

Los y las activistas de los derechos sobre la tierra eran blanco de violencia y otros abusos en muchos países. La región seguía padeciendo un aumento alarmante del número de amenazas y ataques contra quienes defendían los derechos humanos, lideraban a sus comunidades o ejercían el periodismo, unas amenazas y ataques que se ejercían mediante, entre otras cosas, el uso indebido del sistema de justicia.

Un elevadísimo número de personas huía de sus hogares para escapar de la represión, la violencia, la discriminación y la pobreza. Muchas de ellas sufrieron nuevos abusos en sus viajes o al llegar a otros países de la región.

El indulto concedido al expresidente de Perú Alberto Fujimori, que en 2009 había sido condenado por crímenes de lesa humanidad, transmitió una preocupante señal en cuanto a la disposición de Perú de hacer frente a la impunidad y respetar los derechos de las víctimas.

La incapacidad de los Estados de respetar los derechos humanos dejaba más espacio para la comisión de crímenes de derecho internacional y otros abusos por parte de agentes no estatales. Entre esos agentes se contaban entidades de delincuencia común organizada, que en algunos casos controlaban territorios enteros, a menudo con la complicidad o la aquiescencia de las fuerzas de seguridad. Varias empresas nacionales y transnacionales trataban de hacerse con el control de la tierra y el territorio de grupos que incluían a pueblos indígenas y (en países como Perú y Nicaragua) campesinos.

La falta de respeto por los derechos económicos, sociales y culturales causaba un sufrimiento generalizado. El viraje en el discurso político de Estados Unidos llevado a cabo por el presidente Trump reducía la probabilidad de que el Congreso estadounidense aprobara legislación para levantar el embargo económico a Cuba y perpetuaba sus efectos adversos sobre la población cubana. Las autoridades de Paraguay no garantizaban el derecho a una vivienda adecuada tras los desalojos forzosos. En Haití hubo miles de nuevos casos de cólera.

Decenas de miles de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares y hacer frente a los graves daños que sufrieron las infraestructuras en países del Caribe, como República Dominicana y Puerto Rico, tras el paso de dos potentes huracanes, entre otros desastres naturales. En México, dos terremotos devastadores que se cobraron cientos de vidas hicieron peligrar los derechos de la población a la educación y a una vivienda adecuada.

En la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en junio en Cancún, México, hubo una clara falta de liderazgo político para abordar algunos de los problemas de derechos humanos más acuciantes de la región. Un grupo de países trató de condenar la crisis de Venezuela, sin reconocer su propia falta de respeto y protección de los derechos humanos. Tras su crisis financiera del año anterior, la OEA dio un paso positivo al duplicar la asignación presupuestaria del sistema interamericano de derechos humanos; sin embargo, esa financiación debía asignarse con ciertas condiciones, algo que podría limitar la capacidad tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir responsabilidades a los Estados por violaciones de derechos humanos.

En Estados Unidos, el presidente Trump no tardó en llevar a la práctica su discurso contra los derechos, marcado por la discriminación y la xenofobia, que amenazaba con generar un importante retroceso para la justicia y las libertades, con medidas como la firma de una serie de órdenes ejecutivas represivas que ponían en peligro los derechos humanos de millones de personas, en Estados Unidos y en otros países.

Las medidas adoptadas incluían prácticas abusivas en la frontera entre Estados Unidos y México, como el aumento de las detenciones de personas solicitantes de asilo y sus familias; restricciones extremas del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas, en Estados Unidos y en otros países; la revocación de medidas de protección para trabajadores y trabajadoras LGBTI y estudiantes transgénero; y la autorización para culminar la construcción del oleoducto Dakota Access, que amenazaba la fuente de agua de los sioux de Standing Rock y otros pueblos indígenas, además de violar el derecho de esos pueblos al consentimiento libre, previo e informado.

Sin embargo, la creciente pérdida de derechos no se tradujo en una caída del activismo. El creciente descontento social llevó a la población a salir a las calles, defender sus derechos y exigir el fin de la represión, de la marginación y de la injusticia. Ejemplo de ello fueron las manifestaciones multitudinarias en apoyo del activista Santiago Maldonado, hallado muerto tras desaparecer en el contexto de una protesta interrumpida por la violencia policial en una comunidad mapuche en Argentina, y el movimiento social de masas “Ni Una Menos”, que denunciaba los feminicidios y la violencia contra mujeres y niñas, en varios países de la región.

Una masiva oposición política y de la ciudadanía en Estados Unidos ofreció resistencia a algunas de las políticas y decisiones del gobierno de Trump que debilitaban los derechos humanos, incluidos sus intentos de prohibir la entrada a Estados Unidos a personas procedentes de varios países de mayoría musulmana y de reducir el número de personas refugiadas que podían optar a la admisión, las amenazas de incrementar el número de reclusos en el centro de detención estadounidense en Guantánamo, y el intento de quitar la cobertura de salud a millones de personas en el país.

Seguridad pública y derechos humanos

Crisis en Venezuela

Venezuela afrontaba una de las peores crisis de derechos humanos de su historia reciente, alimentada por una escalada de violencia promovida por el gobierno. Había protestas crecientes debido al aumento de la inflación y a una crisis humanitaria provocada por la escasez de alimentos y suministros médicos. En lugar de hacer frente a la crisis alimentaria y de salud, las autoridades instauraron una política premeditada de represión violenta de cualquier tipo de disidencia. Las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo y abusivo de la fuerza contra quienes protestaban: entre otras cosas, emplearon gas lacrimógeno y balas de goma, que causaron más de 120 muertes. Miles de personas fueron detenidas de forma arbitraria, y se registraron numerosas denuncias de torturas y otros malos tratos. El sistema judicial se utilizó para silenciar la disidencia —entre otras cosas mediante el uso de tribunales militares para juzgar a civiles— y para perseguir y hostigar a defensores y defensoras de los derechos humanos.

Violencia e impunidad en México

Continuó la crisis de derechos humanos en México, agravada por el aumento de la violencia y los homicidios; hubo, en particular, una cifra sin precedentes de homicidios de periodistas. Las detenciones y reclusiones arbitrarias seguían siendo generalizadas y a menudo daban lugar a otras violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales no se investigaban debidamente. Más de 34.000 personas seguían sometidas a desaparición forzada, y abundaban las ejecuciones extrajudiciales. La tortura y otros malos tratos seguían siendo una práctica generalizada a la que recurrían con impunidad y de manera habitual las fuerzas de seguridad para obligar a personas a firmar “confesiones” falsas. Sin embargo, la aprobación por parte del Senado de una nueva ley contra las desapariciones forzadas (tras la indignación popular nacional suscitada por el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes cuya suerte y paradero seguían sin revelarse) podía suponer un paso adelante, aunque su posterior implementación requeriría de un compromiso político serio para garantizar la justicia, la verdad y la reparación. El Congreso mexicano también aprobó, por fin, una nueva ley general contra la tortura. Más preocupante fue la promulgación de una ley de seguridad interior que permitía la prolongada asignación de funciones policiales ordinarias a las fuerzas armadas, una estrategia que se ha vinculado con el aumento de las violaciones de derechos humanos.

Homicidios ilegítimos

Las autoridades de Brasil hicieron caso omiso de la cada vez más profunda crisis de derechos humanos que ellas mismas habían creado. En la ciudad de Río de Janeiro, un pico de violencia dio lugar a un notable aumento de los homicidios ilegítimos perpetrados por la policía, con tasas de homicidio y de otras violaciones de derechos humanos cada vez más altas en otras partes del país. Se hizo poco por reducir el número de homicidios, controlar el uso de la fuerza por parte de la policía o garantizar los derechos de los pueblos indígenas. La situación de caos, hacinamiento y peligrosidad en las prisiones de Brasil se saldó con la muerte, durante motines que se registraron en enero, de más de 120 personas recluidas.

Pese a que la tasa de homicidio cayó en Honduras, suscitaban honda preocupación los altos niveles de violencia e inseguridad. La impunidad imperante debilitaba la confianza pública en las autoridades y en el sistema de justicia. En todo el país hubo protestas multitudinarias (para denunciar la falta de transparencia en torno a las elecciones presidenciales de noviembre) y las fuerzas de seguridad las reprimieron con violencia, matando a al menos 31 personas, deteniendo arbitrariamente a decenas e hiriendo a otras.

En República Dominicana, que padecía una tasa de homicidio persistentemente alta, se denunciaron decenas de homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas de seguridad. La policía de Jamaica seguía cometiendo con impunidad homicidios ilegítimos, algunos de los cuales podrían haber constituido ejecuciones extrajudiciales.

Protestas

Las autoridades de varios países, incluidos Colombia, Paraguay y Puerto Rico, respondieron a las protestas con un uso innecesario y excesivo de la fuerza.

En Paraguay se desataron protestas tras revelarse un intento secreto por parte de varios senadores de enmendar la Constitución para permitir la reelección presidencial. Algunos manifestantes incendiaron el edificio del Congreso, y la policía mató al activista de oposición Rodrigo Quintana. Decenas de personas resultaron heridas, más de 200 fueron detenidas, y las organizaciones locales denunciaron torturas y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad.

En Nicaragua, agentes de policía impidieron a comunidades rurales y pueblos indígenas participar en manifestaciones pacíficas contra la construcción del Gran Canal Interoceánico.

En Argentina, la policía detuvo de manera arbitraria a más de 30 personas en la capital, Buenos Aires, por participar en una manifestación tras la muerte del activista Santiago Maldonado. En diciembre se empleó fuerza excesiva contra manifestantes que participaban en protestas multitudinarias en Buenos Aires contra reformas promovidas por el gobierno.

Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad

La impunidad seguía siendo generalizada y factor clave en los abusos y violaciones de los derechos humanos en muchos países.

La impunidad y la corrupción que imperaban en Guatemala erosionaban la confianza pública en las autoridades y obstaculizaban el acceso a la justicia. Hubo grandes protestas en agosto y septiembre y el país afrontó una crisis política cuando varios miembros del gobierno renunciaron a sus cargos en respuesta al intento del presidente Jimmy Morales de expulsar al director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo independiente establecido en 2006 por el gobierno y la ONU para reforzar el Estado de derecho tras el conflicto.

La impunidad por las violaciones de derechos humanos, tanto las perpetradas durante como las cometidas en el pasado, seguía suscitando preocupación en Chile. El archivo por parte de las autoridades de una investigación sobre el presunto secuestro y tortura del líder mapuche Víctor Queipul Hueiquil transmitió un aterrador mensaje a quienes defendían los derechos humanos en todo el país, ya que parecía no haberse llevado a cabo una investigación exhaustiva e imparcial. La machi Francisca Linconao, lideresa indígena, y otras 10 personas mapuches fueron absueltas de los cargos de terrorismo que pesaban contra ellas, por falta de pruebas que las implicaran en las muertes de dos personas, ocurridas en enero de 2013. Sin embargo, en diciembre, la Corte de Apelaciones declaró nula esa sentencia. Estaba previsto que en 2018 comenzara un nuevo juicio.

Hacer frente a violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado

Con frecuencia, los esfuerzos por abordar las violaciones de derechos humanos sin resolver seguían siendo lentos y se veían obstaculizados por la falta de voluntad política.

En Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió un indulto por razones de salud al expresidente Alberto Fujimori, que en 2009 había sido condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos por sus subordinados, y aún afrontaba más cargos por su presunta responsabilidad en otras violaciones de derechos humanos que también podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Miles de personas salieron a las calles para protestar contra esa decisión.

En Uruguay, defensores y defensoras de los derechos humanos que investigaban las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar (1973-1985) denunciaron haber recibido amenazas de muerte, cuyo origen no se investigó. En noviembre, la Suprema Corte de Justicia resolvió que los delitos cometidos durante el régimen no constituían crímenes de lesa humanidad y, por tanto, estaban sujetos a prescripción.

Con todo, se produjeron algunos avances. En Argentina, 29 personas fueron condenadas a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar (1976-1983), y un tribunal federal dictó una sentencia histórica por la que condenaba a cadena perpetua a cuatro exmiembros del poder judicial por contribuir a la comisión de crímenes de lesa humanidad durante aquellos años.

En Bolivia se creó una Comisión de la Verdad para investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares, entre 1964 y 1982.

Se registraron avances en el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996) y se envió a juicio a cinco exmiembros de las fuerzas armadas por cargos de crímenes contra la humanidad, violación y desaparición forzada. Tras varios intentos fallidos desde 2015, finalmente se reanudaron en octubre los juicios contra el militar ex jefe del Estado José Efraín Ríos Montt y el exjefe de los servicios de inteligencia José Rodríguez Sánchez.

Personas refugiadas, migrantes y apátridas

Negación de protección por parte de Estados Unidos

En el contexto de la crisis mundial de refugiados en la que la guerra y la persecución habían obligado a más de 21 millones de personas a huir de sus hogares, Estados Unidos tomó medidas extremas para negar su protección a personas que la necesitaban. En sus primeras semanas en el cargo, el presidente Trump dictó órdenes ejecutivas para suspender durante 120 días el programa nacional de reasentamiento de personas refugiadas, imponer una prohibición indefinida del reasentamiento de personas refugiadas procedentes de Siria y reducir a 50.000 el máximo anual de personas refugiadas a las que se podía admitir.

El presidente Trump firmó asimismo una orden ejecutiva por la que se comprometía a construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Dicha orden, que preveía el despliegue de 5.000 agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza, entrañaba el riesgo de que más personas migrantes (incluidas muchas que necesitaban protección internacional) fueran devueltas ilegalmente en la frontera o deportadas a lugares donde sus vidas corrían peligro. La crisis de refugiados que sufría Centroamérica y la terrible situación en Venezuela, que había provocado un aumento del número de personas venezolanas que solicitaban asilo en otros países, ponían en evidencia el carácter injusto de las acciones del presidente Trump. Al deteriorarse las condiciones para las personas refugiadas y migrantes en Estados Unidos, hubo un incremento significativo del número de solicitantes de asilo que cruzaban irregularmente la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Crisis de refugiados

Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 57.000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador solicitaron asilo en el extranjero. Muchas de ellas fueron obligadas a regresar a sus países, donde la falta de un sistema de protección eficaz las dejaba expuestas a los mismos peligros y condiciones de los que habían huido. Miles de familias y personas menores de edad no acompañadas procedentes de esos países emigraron a Estados Unidos a través de México y fueron aprehendidas en la frontera estadounidense.

México recibió una cifra sin precedentes de solicitudes de asilo, en su mayoría de ciudadanos y ciudadanas de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela, pero eludió reiteradamente brindar protección a quienes la necesitaban y, en lugar de ello, devolvió a esas personas a situaciones sumamente peligrosas donde incluso sus vidas estaban en riesgo.

El sistema argentino de recepción de solicitantes de asilo seguía siendo lento e insuficiente y no disponía de ningún plan de integración para ayudar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a acceder a derechos básicos, como la educación, el trabajo y la atención médica.

Un gran número de cubanos y cubanas seguían abandonando su país a causa de los bajos salarios y las restricciones injustificadas de la libertad de expresión.

Personas apátridas e internamente desplazadas

La crisis de apatridia en República Dominicana seguía afectando a decenas de miles de personas de origen haitiano nacidas en República Dominicana que pasaron a ser apátridas en 2013 tras ser privadas retroactiva y arbitrariamente de su nacionalidad dominicana. A las personas afectadas se les negaban diversos derechos humanos y se les impedía acceder a la educación superior, a un empleo formal o a atención médica adecuada.

En Haití, casi 38.000 personas seguían estando internamente desplazadas como consecuencia del terremoto de 2010. Según informes, hubo un aumento de los casos de expulsión en la frontera entre República Dominicana y Haití.

Derechos de los pueblos indígenas

Continuaban las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en países como Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Perú.

Violencia contra los pueblos indígenas

Se seguía criminalizando y discriminando a los pueblos indígenas en Argentina, donde las autoridades empleaban procedimientos penales para hostigarlos; hubo denuncias de ataques policiales, que incluían palizas e intimidación. Rafael Nahuel, de la comunidad mapuche, murió de manera violenta en noviembre durante un desalojo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad.

En Colombia, una ola de homicidios de indígenas pertenecientes a comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado puso de relieve las limitaciones en la aplicación del acuerdo de paz. El asesinato de Gerson Acosta (líder del cabildo indígena Kite Kiwe en Timbío, Cauca, que recibió varios disparos al abandonar una reunión comunitaria) ilustraba de manera trágica la ineficacia de las medidas adoptadas por las autoridades para proteger la vida y la seguridad de líderes comunitarios y otros integrantes de los pueblos indígenas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó las distintas formas de discriminación que afrontaban las mujeres indígenas en las Américas e hizo hincapié en que la marginación política, social y económica de esas mujeres contribuía a su discriminación estructural permanente y las exponía a un mayor riesgo de sufrir violencia.

Derechos sobre la tierra

En Perú se promulgaron nuevas leyes que debilitaron la protección de los derechos de los pueblos indígenas relativos a la tierra y el territorio, y socavaron su derecho al consentimiento libre, previo e informado. El gobierno desatendió el derecho a la salud de cientos de miembros de pueblos indígenas cuyas únicas fuentes de agua habían sido contaminadas con metales tóxicos, y carecían de acceso a una atención médica adecuada.

En Ecuador se seguía violando el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, con situaciones que incluían intrusiones del Estado en los territorios indígenas para la futura extracción de petróleo.

Se seguían negando a los pueblos indígenas de Paraguay sus derechos a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos que los afectaban. Pese a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno no brindó a la comunidad yakye axa acceso a sus tierras, ni resolvió un caso sobre la propiedad de unas tierras expropiadas a la comunidad sawhoyamaxa.

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala reconoció la falta de consultas previas con el pueblo indígena xinca de Santa Rosa y Jalapa, que se vio negativamente afectado por la actividad minera.

En Brasil, varios conflictos sobre la tierra e invasiones de territorios de pueblos indígenas por parte de madereros y mineros ilegales tuvieron como consecuencia ataques violentos contra comunidades indígenas.

Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos

Los riesgos y peligros extremos que conllevaba defender los derechos humanos quedaron patentes en numerosos países de la región, y los defensores y defensoras de los derechos humanos afrontaban amenazas, hostigamiento y ataques en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Paraguay, entre otros lugares.

Homicidios y hostigamiento en México

En México, los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de amenazas, ataques y homicidios, y los ataques y la vigilancia digitales eran especialmente frecuentes. A lo largo del año, al menos 12 periodistas murieron violentamente (la cifra más alta registrada desde el año 2000), muchos de ellos en espacios públicos y a la luz del día, y las autoridades no hicieron progresos significativos en la investigación de esas muertes ni en el enjuiciamiento de los responsables. Una de las víctimas fue el galardonado periodista Javier Valdez, asesinado en mayo cerca de las oficinas del periódico Ríodoce, que él mismo había fundado. Quedó claro que había una red de personas que empleaba Internet para hostigar y amenazar a periodistas en todo México. También aparecieron indicios de que se sometía a vigilancia a periodistas y personas que defendían los derechos humanos; para dicha vigilancia se había utilizado un programa informático que se sabía que había sido adquirido por el gobierno.

Defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro en Honduras

Honduras seguía siendo uno de los países más peligrosos de la región para quienes defendían los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Estas personas eran blanco de acciones de agentes tanto estatales como no estatales, sufrían campañas difamatorias que desprestigiaban su labor y sufrían de manera habitual intimidación, amenazas y ataques. La mayoría de los ataques registrados contra defensores y defensoras de los derechos humanos quedaban impunes. Apenas se avanzó en la investigación del asesinato de la defensora medioambiental indígena Berta Cáceres, cometido en marzo de 2016. Desde su asesinato, varios activistas medioambientales y de derechos humanos de Honduras habían sido objeto de hostigamiento y amenazas.

Aumento de los ataques en Colombia

Hubo un incremento del número de ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia, especialmente lideresas y líderes comunitarios, defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, y personas que hacían campaña en favor del proceso de paz. Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, casi 100 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio a lo largo del año. Muchas amenazas de muerte contra activistas se atribuían a grupos paramilitares, pero en la mayoría de los casos las autoridades no identificaban a los responsables de las muertes que seguían a las amenazas.

Detenciones arbitrarias, amenazas y hostigamiento

En Cuba, un gran número de defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas políticos seguían sufriendo hostigamiento, intimidación, despidos de empleos estatales y detenciones arbitrarias, cuyo propósito era silenciar las críticas. La censura, tanto dentro como fuera de Internet, debilitaba los avances en educación. Entre los presos y las presas de conciencia figuraba el líder del grupo en favor de la democracia Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet Concepción, que había sido condenado a tres años de prisión por criticar públicamente al expresidente Fidel Castro.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala, y especialmente quienes trabajaban sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y el medio ambiente, afrontaban constantes amenazas y ataques y eran objeto de campañas difamatorias. Asimismo, con frecuencia se hacía un uso indebido del sistema de justicia para atacar, hostigar y silenciar a quienes defendían los derechos humanos.

Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Perú que confirmaba la absolución de la defensora de los derechos humanos Máxima Acuña Atalaya, tras cinco años de procedimientos judiciales infundados por usurpación de tierras, marcó un hito para los defensores y defensoras medioambientales.

Derechos de las mujeres y de las niñas

En toda la región, las mujeres y las niñas seguían siendo sometidas a una amplia gama de abusos y violaciones de derechos humanos, que incluían violencia y discriminación de género y violaciones de sus derechos sexuales y reproductivos.

Violencia contra las mujeres y las niñas

La violencia contra las mujeres y las niñas seguía estando muy extendida. La impunidad de delitos como la violación, los homicidios y las amenazas era generalizada, estaba muy arraigada y a menudo se veía reforzada por la falta de voluntad política, recursos limitados para investigar y llevar ante la justicia a quienes perpetraban esos delitos, y una cultura patriarcal que no se ponía en entredicho.

La persistente violencia de género en República Dominicana se tradujo en un aumento en la cifra de homicidios de mujeres y niñas. La violencia de género contra mujeres y niñas también era motivo de honda preocupación en México, y empeoró en Nicaragua.

En Jamaica, los movimientos de mujeres y las sobrevivientes de violencia sexual y de género salieron a las calles para protestar contra la impunidad de estos delitos.

Hubo un aumento del número de homicidios de mujeres en puestos de liderazgo en Colombia, y no hubo avances claros para garantizar el acceso de las sobrevivientes de violencia sexual a la justicia. Sin embargo, las organizaciones de mujeres lograron que el acuerdo de paz estableciera que los sospechosos de haber cometido delitos de violencia sexual debían comparecer ante los tribunales de justicia transicional.

En Cuba, las Damas de Blanco, un grupo de mujeres familiares de personas detenidas por motivos políticos, seguían siendo un objetivo clave de la represión de las autoridades.

El gobierno federal de Canadá hizo pública una estrategia para combatir la violencia de género, y se comprometió a dar a los derechos de las mujeres, la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos un lugar central en su política exterior. En Paraguay entró en vigor en diciembre una ley para combatir la violencia contra las mujeres, aunque su financiación seguía sin estar clara.

Derechos sexuales y reproductivos

La “regla de la mordaza global” de Estados Unidos

En enero, dos días después de la celebración de manifestaciones multitudinarias en todo el planeta en favor de la igualdad y contra la discriminación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en peligro la vida y la salud de millones de mujeres y niñas en todo el mundo al reinstaurar la denominada “regla de la mordaza global”. Dicha medida bloqueaba la asistencia financiera estadounidense a cualquier hospital u organización que proporcionara información o acceso a abortos seguros y legales o defendiera la despenalización del aborto o la ampliación de los servicios relativos al aborto.

Sólo en América Latina (donde los expertos estimaban que 760.000 mujeres recibían tratamiento cada año por complicaciones derivadas de abortos en condiciones de riesgo), la postura del presidente Trump ponía en peligro muchas más vidas.

Criminalización del aborto

Tras una sentencia del Tribunal Constitucional de Chile, que refrendó la despenalización del aborto en determinadas circunstancias, en todo el mundo sólo quedaban siete países que mantenían la prohibición total del aborto, incluso cuando peligraba la vida o la salud de la mujer o la niña embarazada. Seis de esos países estaban en la región de las Américas: República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam.

En El Salvador, Evelyn Beatriz Hernández Cruz, de 19 años, fue condenada a 30 años de prisión por cargos de homicidio agravado tras sufrir complicaciones obstétricas que le provocaron un aborto. En diciembre, un tribunal confirmó la condena a 30 años de prisión para Teodora, una mujer que en 2007 había dado a luz a un bebé muerto.

El Senado de República Dominicana votó en contra de una propuesta que habría despenalizado el aborto en determinadas circunstancias. En Honduras, el Congreso también mantuvo en el nuevo Código Penal la prohibición del aborto en todas las circunstancias.

En Argentina, las mujeres y las niñas tenían dificultades para acceder a un aborto legal cuando el embarazo suponía un riesgo para su salud o era consecuencia de una violación; la despenalización total del aborto estaba pendiente en el Congreso. En Uruguay era difícil acceder a servicios de salud sexual y reproductiva en las zonas rurales, y las personas que por motivos de conciencia no practicaban interrupciones del embarazo seguían obstruyendo el acceso a abortos legales.

En octubre, el Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay emitió una resolución que prohibía incluir en el material educativo información básica sobre los derechos humanos, educación sobre salud sexual y reproductiva y diversidad, entre otros temas.

En Bolivia (donde los abortos en condiciones de riesgo eran una de las principales causas de mortalidad materna), se reformó el Código Penal para ampliar significativamente el acceso al aborto legal.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Las personas LGBTI afrontaban condiciones persistentes de discriminación, hostigamiento y violencia en la región, en países como Haití, Honduras y Jamaica, entre otros.

En Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional invalidó parte de una ley que daba derecho a contraer matrimonio civil a las personas transgénero que hubieran cambiado de género en sus documentos de identidad. El defensor del Pueblo del país propuso modificar el Código Penal para tipificar como delito los crímenes de odio contra personas LGBTI.

En República Dominicana se encontró descuartizado en un terreno baldío el cuerpo de una mujer transgénero, Jessica Rubi Mori. Al concluir el año, nadie había comparecido ante la justicia por su muerte.

Uruguay seguía sin contar con una política integral contra la discriminación, que protegiera a las personas LGBTI de la violencia en los colegios y en los espacios públicos o que garantizara el acceso de estas personas a los servicios de salud.

Conflictos armados

Pese a las oportunidades que ofrecía el acuerdo de paz en Colombia, seguía sin implementarse la legislación relativa a la mayoría de sus puntos, y había una gran preocupación por la impunidad de los delitos cometidos durante el conflicto.

La persistencia de los abusos y violaciones de derechos humanos también demostró que el conflicto interno entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las fuerzas de seguridad estaba lejos de haber concluido y, en algunas zonas, parecía intensificarse. La población civil —especialmente los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas— y los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían siendo las principales víctimas del conflicto.

El aumento en la cifra de activistas de derechos humanos víctimas de homicidio al comienzo del año ponía de relieve los peligros que afrontaban quienes desenmascaraban los constantes abusos contra los derechos humanos en Colombia.

Descarga el Informe 2017/18 de Amnistía Internacional