Nicaragua 2019
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Nicaragua 2019

Durante 2019 prosiguió la peor crisis de derechos humanos de los últimos decenios en Nicaragua. Las protestas sociales generalizadas, desencadenadas por una serie de reformas a la seguridad social que se habían anunciado en abril de 2018, continuaron en todo el país. En respuesta a las manifestaciones, las autoridades adoptaron una estrategia de represión violenta. Al concluir 2019, al menos 328 personas habían sido asesinadas, principalmente por las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados progubernamentales, y otras más de 2.000 habían resultado heridas desde el inicio de la crisis. Cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente, y decenas de miles se vieron obligadas a huir a Costa Rica. Continuaron los feminicidios, y seguía vigente la prohibición total del aborto. Se mantenía la impunidad de quienes perpetraban actos de violencia contra los pueblos indígenas y otras violaciones de derechos humanos.

Escrutinio internacional

Durante los primeros meses de la crisis de 2018, el gobierno de Nicaragua otorgó a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acceso al país. Sin embargo, a finales de 2018 las autoridades habían expulsado a estos dos mecanismos y les habían retirado la autorización para entrar a Nicaragua.

Durante 2019, el gobierno permaneció cerrado al escrutinio internacional y no permitió la entrada de organismos internacionales de derechos humanos. En septiembre, durante el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno nicaragüense rechazó el informe presentado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet. También rechazó 124 de las 259 recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en la evaluación del historial de derechos humanos del país llevada a cabo en virtud del proceso de Examen Periódico Universal. Las recomendaciones rechazadas estaban relacionadas principalmente con la crisis en curso. Asimismo, en septiembre las autoridades decidieron denegar a la Comisión sobre Nicaragua, creada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, el acceso al país.[1]

Libertad de expresión y reunión

Durante el año se reprimió con violencia el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.[2] En octubre de 2018, la Policía Nacional anunció que cualquier manifestación o movilización debía obtener la autorización previa de las autoridades policiales. En este contexto, algunos grupos locales denunciaron la denegación sistemática por parte de la Policía Nacional del permiso para realizar manifestaciones pacíficas, la detención arbitraria de manifestantes y la excesiva presencia policial durante las manifestaciones y las celebraciones religiosas como forma de intimidación.[3]

Como consecuencia de la estrategia de represión contra las protestas y las voces disidentes, al menos 65 personas permanecían detenidas por motivos políticos al concluir 2019.[4]

El director y la jefa de información del canal televisivo 100% Noticias quedaron en libertad en junio de 2019. Los dos periodistas habían sido detenidos en diciembre de 2018 y acusados de delitos de discurso de odio y delitos relacionados con el “terrorismo”. Sin embargo, según información publicada en los medios de comunicación, el gobierno informó en octubre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que no devolvería las instalaciones de 100% Noticias que habían sido confiscadas en el momento de la detención de los periodistas en diciembre de 2018.

Los periódicos impresos atravesaban una situación precaria debido a la decisión de las oficinas de aduanas de seguir incautándose del papel y tinta importados.

Al menos un centenar de periodistas y profesionales de medios de comunicación habían huido del país al concluir 2019.

Juicios injustos

Persistía la violación de las garantías procesales de quienes se enfrentaban a cargos de motivación política. Siguieron denunciándose casos de ineficacia de los recursos judiciales y violaciones del derecho a una defensa jurídica adecuada. En junio de 2019 se aprobó la Ley de Amnistía, que fue ampliamente criticada por constituir un obstáculo potencial a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y por poner en peligro el derecho de las víctimas a un recurso efectivo.

Además, había una gran preocupación tanto entre quienes habían estado bajo custodia como entre las organizaciones nacionales respecto a la situación jurídica de las personas puestas en libertad que habían sido aprehendidas en el contexto de las protestas. Persistía una preocupación generalizada por el hecho de que los casos no se habían archivado o cerrado. Además, las personas que habían quedado en libertad y sus familias denunciaban constantemente actos de intimidación y hostigamiento por parte de la policía, grupos armados progubernamentales y redes locales de vigilancia vinculadas al gobierno.

El 14 de noviembre de 2019, la policía nicaragüense detuvo al menos a 16 activistas cuando salían de la Iglesia de San Miguel en Masaya. Estas personas, que posteriormente fueron acusadas por la Fiscalía General de la República de tráfico ilegal de armas, estaban dando agua a un grupo de familiares y activistas que se habían declarado en huelga de hambre para pedir la liberación de quienes estaban bajo custodia por participar en las protestas. En diciembre fueron excarceladas 91 personas, entre quienes figuraban los 16 activistas. Las ONG locales denunciaron que no se había absuelto a quienes habían quedado en libertad y que los 16 activistas seguían enfrentándose a cargos.

Derecho a la vida y a la integridad física

Había denuncias constantes de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas presas que habían sido detenidas en el contexto de las protestas iniciadas en abril de 2018.

En mayo, un policía mató de un disparo al preso de 57 años Eddy Montes tras una protesta en la cárcel La Modelo. Al menos 11 presos más y seis agentes de policía resultaron heridos durante esta protesta. Las autoridades afirmaron que Eddy Montes había intentado robarle la pistola a un agente, pero la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos declaró haber recibido información que señalaba que el disparo había sido efectuado desde una distancia de aproximadamente cuatro metros.

Según el Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos (CENIDH), seguía aumentando el número de homicidios selectivos de personas campesinas que habían sido identificadas como participantes en las protestas u opositoras al gobierno. El CENIDH denunció que, hasta agosto, al menos 17 personas habían sido asesinadas, al parecer como consecuencia del incremento de la actividad de grupos armados progubernamentales en las zonas rurales.

Defensores y defensoras de los derechos humanos y libertad de asociación

Las autoridades nicaragüenses continuaron sus ataques contra ONG locales, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. En septiembre, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos declaró que las autoridades gubernamentales seguían desacreditando y hostigando a defensores y defensoras de los derechos humanos, a periodistas y a quienes criticaban al gobierno, lo que provocaba una reducción significativa del espacio de la sociedad civil.

La labor de las ONG locales se vio gravemente obstaculizada durante el año. Al concluir 2019 continuaba sin restablecerse la inscripción legal de nueve organizaciones de derechos humanos que la Asamblea Nacional había cancelado en diciembre de 2018. Las autoridades habían retirado las inscripciones en registro y habían confiscado los bienes de las organizaciones. En octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales para proteger a los miembros del CENIDH y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos por el grave peligro que corrían su vida y su integridad física.

En noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su decisión sobre el cumplimiento por parte de Nicaragua de la sentencia de 2017 del caso Acosta y otros vs. Nicaragua. En 2017, la Corte había hallado al Estado responsable de violar los derechos de acceso a la justicia, la verdad y la integridad física de la defensora de los derechos humanos María Luisa Acosta, tras el asesinato de su esposo, Francisco García Valle. Transcurridos más de dos años, la Corte señaló en su sentencia de 2019 que el Estado no había tomado ninguna medida ni había realizado avances en la superación de la impunidad parcial existente en el caso, y que la postura expresa de Nicaragua de no cumplir su obligación de investigar constituía desacato. Además, la Corte añadió que, lejos de observar una mejora sustancial de la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos desde la sentencia de 2017, tomaba nota de que la situación había empeorado considerablemente.

En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de 17 defensoras nicaragüenses de los derechos humanos que, en el contexto de la crisis en curso, habían sido objeto de hostigamiento, intimidaciones, amenazas de muerte y agresiones.

Migración forzada

Decenas de miles de personas nicaragüenses se vieron forzadas a huir del país durante la crisis. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 96.000 personas habían abandonado Nicaragua al concluir 2019.

El 15 de abril, el gobierno de Nicaragua informó de que había establecido el “Programa sobre el Retorno Voluntario Asistido de los Nicaragüenses que salieron del País en el contexto de los hechos acaecidos a partir del 18 de abril del 2018”. Este programa se creó sin el consenso del foro permanente de negociación puesto en marcha por el gobierno y el organismo de la sociedad civil Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La Alianza Cívica calificó de unilateral la decisión de establecer el programa y declaró que dicha decisión no se ajustaba a los acuerdos firmados con el gobierno porque no otorgaba seguridad personal y familiar a todas las personas exiliadas.

Las ONG y medios de comunicación locales denunciaron que algunas de las personas que habían regresado del exilio habían sufrido hostigamiento por parte de las autoridades y grupos progubernamentales.

Derechos de las mujeres

El aborto continuaba estando prohibido en todas las circunstancias, y la violencia contra las mujeres seguía siendo un obstáculo fundamental para los derechos de las mujeres.

En 2019 hubo al menos 60 feminicidios, según información publicada en los medios de comunicación y según la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir. En septiembre, la red local Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil denunció que la aparente reducción de los feminicidios que reflejaban los datos oficiales se debía a la decisión de las autoridades de limitar la definición de feminicidio exclusivamente a los asesinatos relacionados con la violencia de género en la pareja cometidos en el ámbito privado.

Derechos de los pueblos indígenas

Continuaron impunes delitos tales como asesinatos, violaciones, secuestros, desapariciones forzadas y amenazas de muerte contra comunidades en el contexto de las disputas territoriales entre los pueblos indígenas y la población colona no indígena que intentaba ocupar ilegalmente territorios indígenas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

En mayo, las autoridades comunitarias y las ONG informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que el gobierno no había cumplido las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de los pueblos indígenas y que, con el consentimiento del Estado, la población colona no indígena seguía ocupando territorios ancestrales y explotando sus recursos naturales. Como consecuencia, el desplazamiento forzado siguió afectando al acceso de las comunidades a su derecho a la alimentación, la educación y los medios de subsistencia.

En agosto, los medios de comunicación locales informaron de que el presidente Ortega había declarado durante un acto público que su gobierno seguía comprometido a promover la construcción del Gran Canal Interoceánico. Esta declaración suscitó nuevos miedos y preocupaciones entre los pueblos indígenas sobre la falta de respeto a su derecho al consentimiento libre, previo e informado en relación con este megaproyecto.

Según algunos grupos locales y la información publicada en los medios de comunicación, la violencia también estalló en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, donde los miembros de las comunidades indígenas eran agredidos y asesinados en el contexto de las ocupaciones ilegales de sus territorios.

En diciembre, la Alianza de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua denunció que la mayoría de las estructuras gubernamentales indígenas y afrodescendientes habían sido suplantadas por estructuras paralelas impuestas por las autoridades del partido gobernante.


[1] Nicaragua: Estados miembros de la OEA deben continuar trabajando enérgicamente contra la represión (noticia, 1 de octubre de 2019)

[2] Nicaragua: La represión es la forma de gobernar a un año del inicio de la crisis (noticia, 25 de abril)

[3] Nicaragua: El Consejo de Derechos Humanos debe responder a la gravedad del informe de la OACNUDH sobre Nicaragua (AMR 43/1023/2019)

[4] Nicaragua: Más de 130 personas continúan detenidas (AMR 43/1249/2019)