El gobierno firmó un acuerdo de reparación con las víctimas del antiguo régimen militar. El poder judicial seguía careciendo de plena independencia. Continuaron las amenazas y agresiones contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Agentes encargados de hacer cumplir la ley reprimieron con violencia y, en algunos casos, detuvieron arbitrariamente a productores y productoras de hoja de coca que protestaban. La deforestación y la contaminación por mercurio afectaron especialmente a los pueblos indígenas.
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