Resumen

Continuó la movilización de activistas y de defensores y defensoras de los derechos humanos, mediante protestas en las calles y a través de las redes sociales, para hacer rendir cuentas al gobierno. El Estado seguía haciendo uso de la ley para reprimir las voces discrepantes. Las autoridades continuaron con los desalojos forzosos a pesar de las disposiciones constitucionales que prohibían esta práctica. La independencia del poder judicial seguía amenazada tras la reforma de la Constitución.

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