Las autoridades hicieron uso de la normativa asociada a la COVID-19 para justificar graves restricciones del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Utilizaron a las fuerzas de seguridad para secuestrar, agredir y torturar a personas consideradas críticas y a miembros y dirigentes de la oposición. La policía y agentes de seguridad mataron al menos a 10 personas. Se negó a las mujeres el acceso a atención de la salud materna esencial, y la violencia contra las mujeres y niñas era generalizada.
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