La situación de los derechos humanos siguió deteriorándose y el gobierno manifestó hostilidad hacia defensores y defensoras de los derechos humanos, manifestantes, activistas del ámbito político y periodistas. Estas personas fueron objeto de hostigamiento, arresto, enjuiciamiento y detención prolongada en espera de juicio, y un activista murió presuntamente a manos de simpatizantes del partido gobernante, Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF). El Estado utilizó los confinamientos asociados a la COVID-19 para restringir la actividad política. Las fuerzas de seguridad cometieron homicidios ilegítimos. El Tribunal Supremo anuló una condena a 20 años de prisión impuesta a dos simpatizantes de la oposición. Miles de personas fueron desalojadas forzosamente de sus tierras. Los hospitales públicos continuaron sin contar con financiación adecuada, y las deficientes infraestructuras médicas ponían en peligro la salud de las mujeres y las niñas. Muchas personas corrían el riesgo de convertirse en apátridas.
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