Zimbabue

Amnistía Internacional no se pronuncia sobre cuestiones de soberanía o disputas territoriales. Las fronteras trazadas en este mapa se basan en datos del servicio Geospatial de la ONU.
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Zimbabue 2022

El derecho a la libertad de expresión estaba amenazado, y la ley sobre ciberdelincuencia se utilizaba para detener a periodistas. Por otra parte, en caso de ser adoptado, el proyecto de ley de reforma de la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas menoscabaría el derecho a la libertad de asociación. Miembros y simpatizantes del principal partido de oposición fueron objeto de ataques violentos en actos políticos que se saldaron con la muerte de al menos dos personas. Se detuvo a estudiantes por protestar contra los fuertes incrementos de las tasas, y el gobierno utilizó la ley como arma para perseguir a miembros de la oposición política. En agosto, en dos incidentes diferentes, dos jóvenes fueron víctimas de homicidio ilegítimo a manos de personal encargado de hacer cumplir la ley. Las autoridades tomaron medidas para controlar la propagación del brote de sarampión que causó la muerte de cientos de niños y niñas. Se aprobó legislación para prohibir el matrimonio precoz e infantil.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

El derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica estaba cada vez más amenazado. Se detuvo a periodistas en virtud de la ley sobre ciberdelincuencia; se presentó en el Parlamento el proyecto de ley de reforma de la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas; y miembros y simpatizantes de la Coalición Ciudadana por el Cambio (CCC), principal partido opositor, sufrieron intimidación, acoso, ataques y agresiones durante las elecciones parciales al Parlamento y a los gobiernos locales que tuvieron lugar en marzo.

Entre agosto y septiembre, tres periodistas fueron las primeras personas detenidas en aplicación de la nueva Ley de Informática y Protección de Datos, promulgada en diciembre de 2021. Wisdom Mdzungairi, redactor jefe de Alpha Media Holdings y director del periódico NewsDay, y Desmond Chingarande, reportero jefe de NewsDay, recibieron sendas citaciones para que se presentaran en la comisaría central de policía de Harare. Ambos fueron interrogados en relación con una información que habían publicado sobre una empresa mercantil privada que se creía dirigida por personas que tenían conexiones con el gobierno. Fueron acusados de transmitir “datos falsos con la intención causar daños” y quedaron en libertad tres horas más tarde, luego de asegurar su abogado a los agentes que estarían disponibles para nuevos interrogatorios cuando fuera necesario.

El 29 de septiembre, el periodista deportivo autónomo Hope Chizuzu fue detenido por los mismos cargos tras presentar miembros de la junta directiva del club de fútbol Dynamos FC una denuncia contra él. La policía le confiscó el teléfono móvil y la tableta y se quedó con ellos para “ulteriores investigaciones”. El periodista quedó en libertad ese mismo día tras entregarle la policía una amonestación y comunicarle que en breve recibiría una citación para comparecer ante un tribunal.

En junio, el ministro de Servicios Públicos, Trabajo y Bienestar Social presentó el proyecto de ley de reforma de la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas, cuyas disposiciones amenazaban el derecho a la libertad de asociación y la existencia misma de las organizaciones de la sociedad civil y sus actividades. Su cláusula 2 concedía al ministro facultades discrecionales y excesivamente amplias para declarar a organizaciones como de “alto riesgo de uso indebido por parte de organizaciones terroristas, o vulnerables a tal uso”. Sin embargo, en la evaluación de esa vulnerabilidad al riesgo no se tendrían en cuenta las opiniones de las propias organizaciones voluntarias privadas y sus representantes. La cláusula 5 disponía la cancelación de la inscripción en el registro de las organizaciones voluntarias privadas si se concluyera que participaban en actividades políticas, y supondría una amenaza especial para las organizaciones que trabajaban en la defensa de los derechos humanos.

Se violó y menoscabó de forma continua el derecho a la libertad de reunión pacífica por cuanto que policías y simpatizantes del partido gobernante, Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF, por sus siglas en inglés), alteraron el desarrollo de actos políticos de la CCC y atacaron a sus miembros. El 27 de febrero, una pandilla de jóvenes de ZANU-PF presuntamente armados con machetes, botellas de cerveza, barras de hierro, lanzas y ladrillos interrumpió un acto de la CCC en Kwekwe e intentó impedir que la gente asistiera. Mboneni Ncube, de 30 años y simpatizante de la CCC, murió tras ser apuñalado, y al menos otras 17 personas resultaron gravemente heridas en el ataque. En una intervención efectuada en un acto de ZANU-PF celebrado la víspera en el estadio de Mbizo, en Kwekwe, el vicepresidente de Zimbabue, Constantino Chiwenga, había enviado la escalofriante advertencia de que ZANU-PF “aplastaría al partido [CCC] como a un piojo”.

El 17 de marzo, el simpatizante de la CCC Godfrey Karembera fue agredido por miembros de la Policía de la República de Zimbabue (ZRP) en la capital, Harare, en el periodo previo a las elecciones parlamentarias parciales. La ZRP justificó la agresión en una declaración que señalaba que Godfrey Karembera “participaba en actividades políticas no autorizadas en el Distrito Central de Harare”.

El 12 de septiembre, la policía detuvo en la Universidad de Zimbabue a 14 estudiantes que habían emprendido manifestaciones pacíficas del movimiento #FeesMustFall contra los notables incrementos de las tasas académicas. Doce de ellos quedaron en libertad el 13 de septiembre tras pagar sendas multas equivalentes a 3,31 dólares estadounidenses. Los otros 2 comparecieron ante un tribunal el 14 de septiembre y quedaron en libertad bajo fianza. Otros 5 estudiantes fueron detenidos el 14 de septiembre, llevados a la comisaría de policía de Avondale y acusados de “conducta desordenada”.

Detención arbitraria

Las autoridades utilizaron la ley como arma para perseguir a miembros y simpatizantes de la CCC, a quienes sometieron a detención arbitraria, reclusión ilícita y juicios sin garantías. El 6 de febrero, la policía detuvo a 10 simpatizantes del partido en Mkoba, Gweru, durante una gira que llevaban a cabo para pedir el voto antes de las elecciones parciales. Los 10 quedaron en libertad sin cargos al cabo de dos días.

El 14 de junio, dos parlamentarios de la CCC, Job Sikhala (también presidente del partido) y Godfrey Sithole (parlamentario por Chitungwiza Norte) fueron detenidos y acusados de incitar a la violencia en el velatorio de Moreblessing Ali que se celebraba en Nyatsime, un suburbio de la ciudad de Chitungwiza. Moreblessing Ali, activista del partido, había sido secuestrada en Nyatsime el 24 de mayo, presuntamente por un simpatizante de ZANU-PF. En junio se encontró su cuerpo sin vida abandonado en un pozo. La policía acusó a Job Sikhala de incitar a simpatizantes del partido a la violencia que tuvo lugar durante el velatorio para vengar la muerte de Moreblessing, después de que el parlamentario leyera la declaración de la familia sobre las circunstancias de la muerte. Otros 14 miembros de la CCC que asistían al acto fúnebre también fueron detenidos. A los “16 de Nyatsime”, como eran conocidos, se les denegó la libertad bajo fianza cuando comparecieron ante el tribunal de primera instancia, y después se les negó el acceso a sus abogados mientras estuvieron en prisión preventiva. Después de varios recursos ante tribunales inferiores y superiores, el 10 de noviembre una jueza de Harare concedió a Godfrey Sithole la libertad previo pago de una fianza equivalente a 470 dólares estadounidenses; el Tribunal Superior también concedió a otros 14 detenidos la libertad bajo sendas fianzas del equivalente de 78 dólares el 15 de noviembre, tras pasar más de 150 días privados de libertad. Sin embargo, al terminar el año Job Sikhala permanecía recluido y su juicio estaba en curso.

También se detuvo arbitrariamente a miembros de grupos de la sociedad civil. El 8 de febrero, la policía detuvo en Mbare, Harare, a 10 integrantes de la Red de Apoyo Electoral de Zimbabue. Los 10 estuvieron detenidos en la comisaría de policía de Mbare por impartir educación electoral sin autorización oficial, y después quedaron en libertad sin cargos. El 8 de julio, Obert Masaraure, presidente del Sindicato Unificado de Docentes Rurales de Zimbabue (ARTUZ), fue detenido por agentes de la ZRP y acusado de incitación a causar violencia pública tras publicar un tuit en el que pedía la liberación de su colega de ARTUZ, Robson Chere. Robson Chere había sido detenido el 5 de julio y acusado del asesinato de otro miembro del sindicato en 2016, cargo por el que el propio Obert Masaraure había sido detenido con anterioridad y por el que seguían pendientes acusaciones en su contra. En cuanto a los cargos relacionados con su tuit, Obert Masaraure fue puesto en libertad bajo fianza del equivalente de 107 dólares estadounidenses por el Tribunal Superior de Harare el 4 de agosto, después de que un tribunal de primera instancia se la hubiera denegado.

Homicidios ilegítimos

El 17 de agosto, Tawanda Zvinowanda murió bajo custodia de agentes de la ZRP tras haber sido detenido esa misma mañana por denuncias de robo. Tres agentes de policía del Departamento de Investigación Criminal, vestidos de civil, lo detuvieron en su casa de Chitungwiza, provincia de Mashonaland Oriental. Según el testimonio de su esposa, los tres agentes lo golpearon brutalmente antes de proceder a su detención, y después lo esposaron y lo arrojaron al maletero de un vehículo. Los agentes de policía no les informaron, ni a él ni a su familia, de las razones de la detención. Cuando sus familiares fueron a buscarlo a la comisaría de policía local de Makoni, los agentes dijeron que su nombre no figuraba en los registros. La familia fue informada en la mañana del 18 de agosto de que Tawanda Zvinowanda había muerto el 17 de agosto en el cementerio de la Unidad L de Chitungwiza, donde lo habían llevado unos agentes de policía para que revelara la ubicación de un presunto alijo de armas. Aunque estaba esposado en ese momento, la policía sostuvo que, en el cementerio, el hombre había intentado golpear a un agente con un machete y el agente le había disparado.

El 20 de agosto, Levy Musendo, que sufría problemas de salud mental, murió a manos de miembros de la unidad militar denominada Guardia Presidencial tras ser acusado de intentar irrumpir en la Casa del Estado, residencia oficial del presidente, en Harare. El hombre había salido de su casa en Mufakose el 19 de agosto, y su familia, al ver que no regresaba, presentó una denuncia de desaparición. A la mañana siguiente, un agente de policía no identificado se puso en contacto con la familia y dijo que Levy Musendo había sido detenido y estaba en la comisaría central de policía de Harare. Sin embargo, cuando esa misma mañana acudieron a la comisaría, los familiares no pudieron localizarlo durante varias horas. Finalmente, unos agentes les informaron de que había sido trasladado al Hospital Parirenyatwa “con graves heridas y sangrando profusamente por la nariz y la boca”. Al parecer, unas enfermeras del hospital dijeron a su familia que el cadáver de Levy Musendo había sido llevado allí por militares uniformados que les advirtieron que no revelaran que ya estaba muerto al llegar. Los padres del fallecido acusaron a agentes de policía y de la Guardia Presidencial de intentar encubrir el asesinato de su hijo. El 25 de agosto, la policía anunció que estaba investigando la muerte.

Derecho a la salud

En abril, el Ministerio de Salud y Atención a la Infancia declaró un brote de sarampión en el distrito de Mutasa, provincia de Manicaland. El virus se propagó a otras zonas y causó la muerte de más de 750 niños y niñas menores de 5 años. El gobierno, UNICEF y la OMS respondieron conjuntamente al brote instituyendo el modelo de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento en las comunidades religiosas apostólicas con el propósito de promover el conocimiento sobre los servicios y tratamientos de salud modernos y mejorar el acceso a ellos. Las autoridades también pusieron en marcha programas de vacunación y revacunación de urgencia contra el sarampión para más de 2 millones de niños y niñas menores de 5 años.

Derechos de la infancia

En marzo se aprobó en el Parlamento la Ley de Enmienda del Matrimonio, que prohibía el matrimonio precoz e infantil. Según el organismo nacional de estadística (Zimstat), el 33,7% de las niñas menores de 18 años estaban casadas, mientras que sólo el 2% de los niños se casaban antes de cumplir esa edad.