Zimbabue 2024

Continuaba ante el Parlamento un proyecto de ley que amenazaba la existencia y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Aumentaron las violaciones del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, especialmente en el periodo previo a la Cumbre de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, durante el cual el uso de la detención y la reclusión arbitrarias se intensificó. Continuó el deterioro de la economía en el contexto de la sequía provocada por El Niño, y 7,6 millones de personas hacían frente a inseguridad alimentaria. Las autoridades facilitaron tratamiento a las mujeres que padecían fístula obstétrica. Se promulgó legislación que prohibía la práctica del matrimonio infantil y precoz. Se aprobó un proyecto de ley para abolir la pena de muerte.

Información general

La crisis económica se agudizó. En septiembre, el Banco de la Reserva de Zimbabue devaluó un 43% el ZiG (oro de Zimbabue), la moneda que el país acababa de adoptar. La devaluación debilitó el tipo de cambio oficial, que pasó de 13,9 ZiG a 24,4 ZiG por cada dólar estadounidense.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

En octubre, el Proyecto de Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas (Enmienda), de 2024, había sido aprobado en la Asamblea Nacional y el Senado. Sin embargo, en noviembre fue devuelto al Senado para su revisión tras señalarse que no se habían incorporado algunas modificaciones introducidas por la Asamblea Nacional durante la fase de examen en comisión.

El gobierno afirmó que el Proyecto de Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas tenía como objetivo “contener el blanqueo de dinero y [la] financiación del terrorismo” y garantizar que las ONG “no realiza[ra]n cabildeo político”. El Proyecto de Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas (Enmienda) original de 2021 había caducado en agosto de 2023, tras la disolución del Parlamento antes de las elecciones, lo que despertó la esperanza de que el presidente Emmerson Mnangagwa hubiera considerado debidamente la documentación presentada por organizaciones de la sociedad civil que planteaban su preocupación por que el proyecto de ley no se ajustara a las normas internacionales de derechos humanos ni a las disposiciones de la Constitución. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley mantenía disposiciones que podían afectar negativamente al espacio cívico y poner en peligro la existencia misma y las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.¹

Las autoridades seguían utilizando tácticas represivas, incluso a través del sistema de justicia, para silenciar la disidencia y criminalizar a miembros de la oposición.

En enero, Job Sikhala, exdirigente del partido opositor Coalición de Ciudadanos por el Cambio, fue excarcelado tras serle impuesta una condena condicional de dos años y una multa por “incitación a la violencia”. Había pasado 595 días en prisión preventiva. En febrero recibió una condena condicional de nueve meses y una multa por cargos relacionados con “publicar o comunicar afirmaciones falsas perjudiciales para el Estado”, delitos que el Tribunal Constitucional había declarado nulos en 2014. Los cargos estaban relacionados con un vídeo difundido en Facebook en el que se afirmaba que un agente de policía había matado a un bebé. En julio, el Tribunal Superior de Zimbabue lo absolvió de los cargos.² La exlegisladora de la Coalición de Ciudadanos por el Cambio Fadzayi Mahere, que había sido declarada culpable en 2023 de “comunicar falsedades” tras la publicación del vídeo en X (antes Twitter), fue absuelta en apelación por el Tribunal Superior en febrero.

Detención y reclusión arbitrarias

Aumentó el uso de la detención arbitraria y del enjuiciamiento de defensores y defensoras de los derechos humanos, miembros y simpatizantes de la oposición política, activistas, periodistas y otras personas que expresaban opiniones discrepantes o ejercían su derecho de reunión pacífica.

En particular, el gobierno intensificó la represión contra miembros de la oposición y de la sociedad civil en el periodo previo a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral que se celebró en la capital, Harare, el 17 de agosto. La policía detuvo a más de 160 personas, entre las que había autoridades designadas por elección, miembros de la oposición, dirigentes sindicales, estudiantes y periodistas.³

El 16 de junio, la policía irrumpió en el domicilio de Jameson Timba, dirigente del partido Coalición de Ciudadanos por el Cambio, mientras se celebraba una reunión privada, y detuvo a 78 personas, que permanecieron bajo custodia durante más de 48 horas antes de ser puestas a disposición judicial —en contra de lo dispuesto por la legislación de Zimbabue— y fueron acusadas de “reunión con la intención de promover violencia pública y alteración del orden público”. El 4 de septiembre, 12 de las personas detenidas fueron absueltas tras determinar el tribunal que no habían participado en la reunión. El 27 de noviembre, después de pasar 160 días en reclusión, Jameson Timba y otros 34 acusados fueron declarados culpables y condenados a penas condicionales de prisión.

El 24 de junio, 44 miembros del Sindicato Nacional de Estudiantes de Zimbabue fueron detenidos en Harare y acusados de “alteración del orden público” antes de ser puestos en libertad. El 29 de junio, miembros del movimiento de justicia social Grupo de Trabajo Nacional Democrático fueron detenidos en una residencia privada de Harare cuando celebraban una reunión para recaudar fondos para familias empobrecidas, acto que las autoridades consideraron “no autorizado”.

El 31 de julio, unos agentes estatales sacaron por la fuerza de un avión y detuvieron a activistas entre los que se encontraban Namatai Kwekweza, Robson Chere, Samuel Gwezi y Vusumuzi Moyo. Los cuatro estuvieron recluidos durante ocho horas sin acceso a sus abogados y vieron denegada la libertad bajo fianza. Robson Chere fue torturado mientras estaba detenido y sufrió importantes lesiones físicas.

El 1 de agosto, 13 activistas —entre quienes se encontraban el exlegislador John Houghton; el exalcalde de Kariba, George Masendu, y la activista Farai Mageva— fueron detenidos en Kariba por llevar a cabo una “protesta no autorizada” para reclamar la liberación del dirigente de oposición Jameson Timba y otros 77 activistas. Estuvieron recluidos en el cuartel general de la policía de Kariba hasta ser puestos en libertad bajo fianza el 2 de septiembre. El 2 de agosto, Kelvin Gonde y el dirigente de oposición Jacob Ngarivhume fueron detenidos y acusados de participación en una reunión ilícita y de alteración del orden público. El 16 de agosto, la policía detuvo en Gokwe a 12 personas por participar presuntamente en una manifestación contra el gobierno.

Derecho a la información

La organización independiente Instituto para los Medios de Comunicación del África Austral Zimbabue registró seis violaciones del derecho a la información que menoscabaron la libertad de prensa e impidieron que profesionales del periodismo cumplieran su deber constitucional de informar a la población.

En febrero, el ministro de Estado para Asuntos Provinciales y Descentralización de la provincia de Midlands prohibió que Sydney Mubaiwa, jefe de redacción del periódico Mirror Midlands, y Stephen Chadenga, periodista de NewsDay, informaran sobre actividades gubernamentales en la zona. Ambos periodistas asistían a una reunión organizada por la Comisión de Género de Zimbabue cuando los señalaron y les prohibieron asistir a actos gubernamentales.

Ese mismo mes, la publicación de investigación online NewsHawks afirmó que había dejado de informar sobre tres generales del ejército tras recibir “amenazas sutiles y presiones directas” de agentes de seguridad del Estado.

También en febrero, el periodista Admire Chitsungo fue detenido y estuvo recluido durante un periodo breve en la comisaría central de policía de Kadoma tras haber fotografiado a agentes policiales locales confiscando mercancías de vendedores de la ciudad.

El 4 de junio se prohibió a 16 periodistas informar sobre la firma del “compromiso de integridad” por parte del nuevo gobernador del Banco de la Reserva, John Mushayavanhu, y su equipo en las oficinas del banco en Harare.

En agosto, un mando policial ordenó a Nunurai Jena, corresponsal de la emisora de radio Studio 7, que abandonara una reunión interdistrital celebrada por la sección de Mashonaland West del partido gobernante, Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico, en el municipio de Chinhoyi. La orden se justificó aduciendo la colaboración del periodista con Studio 7.

Ese mismo mes, la policía esposó al periodista de The Herald Charles Muchakagara e intentó confiscarle la cámara cuando fotografiaba un accidente de tráfico en Harare.

Derechos económicos y sociales

La sequía provocada por El Niño y el dilatado deterioro económico afectaron negativamente al acceso a la nutrición, la salud, el agua y el saneamiento, la educación, la protección social, la vivienda, la agricultura, la energía y las infraestructuras. Según UNICEF, 7,6 millones de personas (el 50% de la población) hacían frente a inseguridad alimentaria. En abril, el gobierno declaró la sequía como desastre nacional. En mayo, las autoridades emitieron un llamamiento urgente conjunto en el que pedían 3.900 millones de dólares estadounidenses, 2.000 de ellos para la respuesta inmediata a la sequía y el resto para intervenciones de generación de resiliencia.

Las autoridades siguieron tomando medidas para contener un brote de cólera que había comenzado en 2023. Según la OMS, hasta el 31 de julio Zimbabue había registrado un total de 34.549 casos de cólera, con 718 muertes asociadas, lo que suponía una tasa de letalidad del 2,1% en los 63 distritos y las 10 provincias. El 30 de julio, el Ministerio de Salud y Atención a la Infancia declaró el final del brote, después de una respuesta que se había prolongado durante 18 meses; se había informado del último caso de cólera el 30 de junio.

El Comité Parlamentario de Defensa, Interior, Servicios de Seguridad y Asuntos de Veteranos de Guerra celebró sesiones públicas para determinar si la población de Zimbabue se veía afectada, y en qué medida, por la apatridia. Tras señalar los efectos de esta condición en el disfrute pleno de los derechos económicos, sociales y culturales, el Comité recomendó que el gobierno destinara recursos a un estudio cuantitativo para determinar el número de personas en riesgo de apatridia y que el personal del departamento del Registro Civil recibiera formación para ofrecer servicios de calidad a quienes se encontraran en esa situación.

Derechos de las mujeres y de las niñas

El embarazo de adolescentes, el abuso infantil, el matrimonio infantil y precoz y el abandono escolar temprano entre las niñas seguían estando muy extendidos. Una fuente local de medios de comunicación informó de que al menos 16 niñas de la Escuela Primaria de Monozi (a la que asistían alumnas de hasta 13 años), en el distrito de Mbire, no se habían presentado a sus exámenes de séptimo curso a causa de su embarazo.

Las mujeres que participaban en el comercio informal transfronterizo en Zimbabue seguían sufriendo violencia de género y explotación económica, lo que les suponía un obstáculo para poder ejercer sus derechos humanos, incluido el derecho a un trabajo digno.⁴ Con frecuencia se enfrentaban a agresiones físicas, acoso sexual e intimidación, actos que en muchos casos eran perpetrados por funcionarios del Estado, incluidas las autoridades fronterizas.

Se registraron avances notables en la prestación de atención de la salud materna mediante el tratamiento de la fístula obstétrica. Durante el año, el gobierno y sus socios establecieron tres centros para brindar tratamiento gratuito a mujeres aquejadas de esa afección.

Derechos de la infancia

En septiembre, el presidente Mnangagwa refrendó el Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Penal (Protección de la Infancia y la Juventud), de 2024, que elevaba la edad de libre consentimiento de 16 a 18 años. La ley incluía disposiciones para proteger a las personas jóvenes frente a los abusos sexuales y el matrimonio infantil y precoz. El texto daba seguimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional de 2022 que había determinado que el Código Penal no protegía adecuadamente a los niños y niñas de entre 16 y 18 años frente a la explotación sexual.

Pena de muerte

El 31 de diciembre, el presidente Mnangagwa refrendó con su firma la entrada en vigor del Proyecto de Ley de Abolición de la Pena de Muerte. Esta nueva ley abolía la pena de muerte para todos los delitos al prohibir que los tribunales la impusieran, modificaba la Ley de Pruebas y Procedimiento Penal para eliminar las referencias a la pena de muerte y anulaba los artículos que establecían cómo debía imponerse y ejecutarse la pena capital, entre otras cosas.⁵ También incluía disposiciones relativas a la celebración de nuevas vistas de determinación de la pena para las personas condenadas a muerte en el momento de su abolición. Sin embargo, una nueva disposición de la Ley de Defensa introducida por la Ley de Abolición de la Pena de Muerte, de 2024, permitía la reinstauración de la pena de muerte si se declaraba un estado de emergencia pública en virtud del artículo 113 de la Constitución.