Zimbabue 2025
Las autoridades reprimieron la disidencia mediante el uso continuado de las detenciones y reclusiones arbitrarias, así como del hostigamiento a personas que se consideraba que se oponían al gobierno. Entre quienes fueron blanco de estas prácticas se encontraban destacadas figuras del periodismo, simpatizantes de la oposición y activistas de derechos humanos. Decenas de personas fueron detenidas tras protestar contra el gobierno del presidente Emmerson Mnangagwa. Se promulgó una ley que otorgaba al gobierno amplios poderes para interferir en la labor de las organizaciones de la sociedad civil. Se presentó un proyecto de ley que, de aprobarse, protegería los derechos de las personas a la asistencia sanitaria. Las autoridades comenzaron a revisar las penas de las personas en espera de ejecución tras promulgarse una ley que abolía la pena de muerte.
Información general
En marzo, Blessed Geza, exlegislador expulsado en marzo del partido gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico, convocó protestas en todo el país para exigir la dimisión del presidente Emmerson Mnangagwa. Denominó a esas protestas la “Marcha de un Millón de Hombres”.
En octubre, el partido gobernante aprobó un plan para reformar la Constitución con el fin de prorrogar dos años el mandato presidencial de Emmerson Mnangagwa. De aplicarse el plan, su presidencia, que expiraba en 2028, se prorrogaría hasta 2030. Los miembros y simpatizantes de la oposición denunciaron la medida como ilícita, mientras que las autoridades aumentaron la aplicación de medidas severas para reprimir la disidencia.
La crisis de deuda continuó; una deuda pública elevada e insostenible limitaba tanto el acceso de Zimbabue a la financiación internacional como la capacidad fiscal del gobierno para prestar servicios sociales. Las autoridades anunciaron planes para pasar a un sistema de moneda única para 2030.
Detención arbitraria y juicios injustos
El 24 de febrero, Blessed Mhlanga, periodista de Alpha Media Holdings, se presentó ante la policía en la capital, Harare, después de que ésta hiciera un llamamiento público para obtener información sobre su paradero (véase “Libertad de expresión, de asociación y de reunión” infra). Ese mismo día fue detenido y acusado de “transmitir mensajes con datos que incita[ba]n a la violencia o a la destrucción de la propiedad” en virtud de la Ley de Protección Digital y de Datos. Antes de su detención, Blessed Mhlanga había entrevistado a Blessed Geza. El periodista fue recluido en prisión preventiva. Aunque sus repetidas peticiones de libertad bajo fianza se vieron denegadas, el 6 de mayo el Tribunal Superior le concedió dicha libertad, pese a haber rechazado previamente un recurso contra su denegación. Al día siguiente Blessed Mhlanga fue excarcelado. Al terminar el año su juicio estaba en curso.
Decenas de personas fueron detenidas y acusadas en relación con su participación en las protestas de la Marcha de un Millón de Hombres del 31 de marzo. Al menos 82 de ellas fueron acusadas de participar en una concentración con la intención de promover la violencia, entre otros cargos. Fueron puestas en libertad en espera de ser juzgadas; estaba previsto que el juicio comenzara en enero de 2026. Otras tres personas fueron juzgadas en diciembre por cargos que incluían la promoción de la violencia pública; dos de ellas fueron absueltas, mientras que a la tercera se le impuso una condena condicional de dos meses de prisión, supeditada al pago de una multa de 300 dólares estadounidenses. También en diciembre, un cuarto manifestante fue multado con 100 dólares estadounidenses por obstruir el tráfico.
El 16 de abril, Obvious Vengeyi, Desmond Ndedzu y Boncase Mwakorera, profesores de la Universidad de Zimbabue, fueron detenidos en el campus de Harare por participar en un piquete durante una huelga universitaria en la que protestaban contra los bajos salarios y las deficientes condiciones laborales. Quedaron en libertad el 17 de abril tras pagar multas de “admisión de culpabilidad” por alteración del orden público. Sin embargo, el 22 de abril sus abogados escribieron al magistrado provincial para recurrir las multas, tras lo cual, en mayo, el magistrado residente anuló las condenas y ordenó a la policía reintegrar el importe de las multas. También ordenó la celebración de un juicio completo en el que los acusados respondieran por los cargos de alteración del orden público.
El 1 de julio, Faith Zaba, editora del periódico Zimbabwe Independent, fue detenida y acusada de “socavar la autoridad o insultar” al presidente Mnangagwa en relación con un artículo satírico publicado en su periódico. Se le concedió la libertad bajo fianza el 4 de julio, tras pasar tres noches detenida; el magistrado responsable afirmó que un corte de electricidad le había impedido redactar la sentencia con prontitud. Ese mismo mes, Alpha Media Group, empresa matriz del Zimbabwe Independent, se enfrentó a los mismos cargos en relación con el artículo.
El 21 de agosto, tras un año de juicio, el Tribunal de Primera Instancia de Harare absolvió a los activistas de derechos humanos Robson Chere, Namatai Kwekweza y Samuel Gwenzi de los cargos de alteración del orden público. En julio de 2024, unos agentes de seguridad del Estado los habían sacado por la fuerza de un avión en el aeropuerto internacional de Harare y los habían mantenido incomunicados durante unas ocho horas. Su detención había tenido lugar en medio de una creciente campaña contra miembros de la oposición y de la sociedad civil. Fueron juzgados junto a otros activistas de derechos humanos, entre ellos Vusumuzi Moyo, Phillies Pikitayi, Dephine Gutsa, Simbarashe Blackson, Emmanuel Sitima y Last Chinodya, que también fueron absueltos de los mismos cargos.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
El 11 de abril se presentó la Ley de Enmienda de las Organizaciones Voluntarias Privadas (Núm. 1) de 2025. Sus disposiciones otorgaban al gobierno amplios poderes para interferir en la gobernanza y las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y amenazaban con reducir el espacio cívico.
El 8 de febrero se detuvo a Job Sikhala, exdiputado de la oposición, y a 39 miembros de su movimiento prodemocrático, el Grupo de Trabajo Democrático Nacional. Al parecer, la policía había irrumpido en una reunión del Grupo en un complejo turístico privado cerca de la ciudad de Mutare y los había agredido. Horas más tarde, los detenidos fueron puestos en libertad sin cargos.
El 28 de octubre, unos asaltantes no identificados lanzaron un ataque incendiario contra las instalaciones de Southern Africa Political Economy Series Trust, una ONG regional con sede en Harare. Durante el ataque, al parecer secuestraron a un guardia de seguridad. La ONG tenía previsto celebrar una rueda de prensa nacional esa misma mañana para denunciar los planes de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico de ampliar el mandato presidencial. Unas horas más tarde, se informó de un incendio en la casa de Gilbert Bgwende, en el barrio de Highfield, en la periferia de Harare. Vende era miembro del Foro de Defensa Constitucional, grupo de la sociedad civil que también se oponía a las propuestas de ampliar el mandato presidencial.
La noche del 10 de noviembre, los estudiantes universitarios Lindon Zanga y Malvin Madanda, miembros de la Unión Nacional de Estudiantes de Zimbabue, fueron al parecer secuestrados en el centro comercial Mzimba, en la ciudad de Chinhoyi, por individuos no identificados que conducían un vehículo sin distintivos. En el momento de su secuestro, los jóvenes participaban en las campañas electorales del Consejo Representativo de Estudiantes de la Universidad de Chinhoyi. Según informes, sus secuestradores habían sido vistos anteriormente distribuyendo material de campaña de la Unión del Congreso de Estudiantes de Zimbabue, sindicato rival, en el campus universitario. Lindon Zanga y Malvin Madanda fueron puestos en libertad unas 12 horas más tarde. Ambos afirmaron haber sido torturados durante su cautiverio.
Periodistas
El 3 de febrero, la policía citó a Blessed Mhlanga, lo interrogó y lo dejó en libertad sin cargos unas horas más tarde. Los agentes declararon que querían preguntarle sobre el estado de una causa civil y penal que había interpuesto contra el político encarcelado Terence Mukupe.
El 31 de marzo, Canaan Rusike fue detenido por la policía mientras llevaba a cabo entrevistas en las calles de Harare sobre las manifestaciones de la Marcha de un Millón de Hombres, y permaneció recluido durante casi seis horas en la comisaría central de Harare. Quedó en libertad sin cargos después de que la policía verificara sus credenciales periodísticas, pese a que antes de su detención había presentado a la propia policía su tarjeta de acreditación de la Comisión de Medios de Comunicación de Zimbabue. Según el Instituto para los Medios de Comunicación del África Austral de Zimbabue, otros nueve periodistas fueron detenidos ese mismo día mientras cubrían las protestas y fueron llevados a la misma comisaría de policía. Poco después quedaron en libertad, tras demostrar su condición de periodistas acreditados.
El 5 de septiembre, Nyasha Mariga, fotógrafo principal del periódico Masvingo Mirror, fue presuntamente agredido por unos agentes de policía en Masvingo cuando fotografiaba a un taxista sin licencia que se resistía a la incautación de su vehículo. Al parecer, durante la agresión, a Nyasha Mariga se le rasgó la camisa y se le dañó la cámara. El fotógrafo permaneció detenido durante dos horas, tras las cuales quedó en libertad sin cargos gracias a la intervención de la asistencia letrada del periódico.
Derecho a la salud
En octubre, en virtud del Proyecto de Ley de Reforma de los Servicios Médicos, de 2025, la Asamblea Nacional aprobó cambios fundamentales a la Ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (1977). Esta iniciativa representaba un importante paso adelante para modernizar las leyes de Zimbabue sobre salud reproductiva. El Proyecto de Ley de Reforma de los Servicios Médicos, con el que se pretendía adecuar la Ley de Servicios Médicos (capítulo 15:13) a la Constitución y que había sido publicado en el boletín oficial en julio de 2024, también fue aprobado por la Asamblea Nacional en octubre. Al terminar el año estaba a la espera de su consideración por el Senado. El proyecto de ley se centraba principalmente en salvaguardar el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a acceder a los servicios básicos de atención sanitaria, incluida la atención médica reproductiva y de urgencia, al tiempo que ampliaba las protecciones a los grupos vulnerables como la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y los veteranos de la guerra de independencia. Además, establecía normas para las instituciones sanitarias y los proveedores de atención médica, introducía disposiciones para mejorar la atención médica y facultaba al ministro de Salud Pública y Bienestar del Niño para incentivar la creación de centros de salud en zonas marginadas.
Pena de muerte
Zimbabue comenzó a revisar las penas de las personas en espera de ejecución, de conformidad con los requisitos de la Ley de Abolición de la Pena de Muerte. Según la información disponible al finalizar el año, la revisión afectaba aproximadamente a 48 hombres que estaban condenados a muerte en el momento de promulgarse la nueva legislación, el 31 de diciembre de 2024.