Resumen

Las autoridades emplearon la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y la detención y reclusión arbitrarias contra personas detractoras —o consideradas detractoras— del gobierno. La Comisión de Derechos Humanos de Uganda estableció tribunales que abordaron el uso de la tortura y la detención ilícita y concedieron indemnizaciones a sobrevivientes de violaciones de derechos humanos. Las autoridades insistieron en juzgar a civiles en tribunales militares, lo cual incumplía una sentencia del Tribunal Supremo que había resuelto que esa práctica era inconstitucional. Las fuerzas de seguridad agredieron a periodistas y reprimieron manifestaciones pacíficas; además, se efectuaron registros en oficinas de partidos de la oposición. Las personas LGBTI sufrían numerosas violaciones de derechos humanos y seguían siendo objeto de discriminación en aplicación de la Ley contra la Homosexualidad. La financiación para el apoyo de Uganda a casi dos millones de personas refugiadas y solicitantes de asilo seguía siendo sumamente insuficiente. La construcción del Oleoducto de Crudo de África Oriental continuaba suscitando preocupación en materia medioambiental y de derechos humanos, con cuestiones como amenazas a las comunidades y a hábitats de la vida silvestre.