Se violó el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Se detuvo y recluyó arbitrariamente a miembros de la sociedad civil que expresaron críticas relacionadas con el periodo de transición política. Los miembros de las fuerzas de seguridad y defensa mataron a manifestantes durante protestas. Comenzó el juicio por la masacre del 28 de septiembre de 2009, 13 años después de los hechos. Se siguió negando atención médica y psicológica adecuada a las víctimas de violencia sexual, que seguían encontrando obstáculos para obtener justicia.
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