Guinea 2023
Se interrumpió el acceso a las principales redes sociales, y se actuó contra sitios web de noticias, radio y televisión. Siguieron prohibidas todas las manifestaciones, salvo las favorables a las autoridades de transición. Las fuerzas de seguridad acabaron con la vida de manifestantes y detuvieron a periodistas arbitrariamente. Se condenó a cuatro personas en el caso de M’Mah Sylla. Las autoridades iniciaron procedimientos judiciales por contaminación marina.
Información general
El 13 de noviembre se reanudó el juicio contra el ex jefe del Estado Moussa Dadis Camara y varios ex altos cargos de seguridad por su participación en la masacre del 28 de septiembre de 2009, en la que 157 personas murieron a manos de las fuerzas de defensa y seguridad y más de 100 fueron víctimas de violencia sexual. Nueve días antes, un comando armado había atacado la prisión de Conakry y liberado a 4 de los principales acusados, incluido Moussa Dadis Camara. Todos los acusados liberados fueron atrapados salvo Claude Pivi, exministro de Seguridad Presidencial. Tras una explosión producida en el principal depósito de combustible de Conakry la noche del 17 al 18 de diciembre, en la que murieron 24 personas y más de 450 resultaron heridas, la escasez de combustible resultante provocó un aumento del costo de la vida, el cierre de escuelas y universidades y frecuentes cortes de electricidad.
Libertad de expresión
El 31 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) resolvió que Guinea había violado los derechos a la libertad de expresión y de información al restringir el acceso a Internet y a las redes sociales en 2020.
El acceso a las principales redes sociales se vio interrumpido desde el 24 de noviembre, sin que las autoridades dieran ninguna explicación oficial. El 17 de mayo, durante unas protestas antigubernamentales, ya se había interrumpido el acceso a las redes sociales y los sitios web de noticias, que se restauró aproximadamente una semana después. El 30 de noviembre, Ousmane Gaoual Diallo, ministro de Correos, Telecomunicaciones y Economía Digital, declaró que “Internet no e[ra] un derecho”. Había reconocido la interrupción previa de este servicio, pero la había atribuido a un problema técnico con un cable submarino. El sitio web de noticias Guineematin.com estuvo inaccesible desde el 15 de agosto hasta el 5 de noviembre, sin que se diera ninguna explicación. La Alta Autoridad de la Comunicación escribió a Canal + Guinée el 6 y el 9 de diciembre para pedirle que dejara de emitir Djoma FM y TV, Espace FM y TV y Évasion FM y TV por “imperativos de seguridad nacional”. Otro distribuidor, StarTimes, anunció la retirada de Djoma TV, Espace TV y Évasion TV por los mismos motivos.
Libertad de reunión pacífica
Seguía en vigor la prohibición general de todas las concentraciones políticas dictada en mayo de 2022 en Guinea. En Conakry, sin embargo, aunque se prohibieron las concentraciones convocadas por la coalición opositora Fuerzas Vivas de Guinea, se permitió la celebración de varios actos de apoyo al jefe del Estado.
El 1 de junio, el juzgado de primera instancia de Kankan condenó a 2 mujeres a 6 meses de prisión —4 de ellos condicionales— y a una multa de un millón de francos guineanos (unos 110 euros) cada una. También sentenció a 7 mujeres a una condena condicional de 6 meses y a una multa de 500.000 francos guineanos (unos 55 euros). Las 9 fueron declaradas culpables de “participación delictiva en una reunión”, tras participar en la marcha del 24 de mayo para exigir el regreso del expresidente Alpha Condé al poder.
Tras las violentas protestas que estallaron en la noche del 27 al 28 de marzo en Kankan por la falta de electricidad, durante las cuales se quemó una imagen del presidente, el juzgado de primera instancia de la ciudad condenó el 13 de abril a 15 personas a penas de entre 4 y 18 meses de prisión por reunión no autorizada, entre otros cargos.
Homicidios ilegítimos
Según organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y partidos políticos, desde el 5 de septiembre de 2021 las fuerzas de defensa y seguridad habían acabado con la vida de al menos 37 personas durante las protestas.
Una persona perdió la vida en Wonkifong, región de Kindia, el 16 de abril, durante una operación antidroga de las fuerzas de seguridad. El 19 de septiembre, varias personas resultaron heridas en Boffa, región de Boké, cuando, al parecer, las fuerzas armadas dispararon contra la gente que había cortado unas carreteras para protestar por la falta de electricidad.
El 27 de marzo, el juzgado de primera instancia de Dixinn, Conakry, condenó a un alto mando de la Gendarmería Nacional a 10 años de prisión y le impuso una multa de 100 millones de francos guineanos (unos 11.000 euros) en concepto de daños y perjuicios por el asesinato de un joven de 19 años cometido el 1 de junio de 2022 en Hamdallaye, Conakry, durante una manifestación contra la subida del precio de los combustibles.
Detención y reclusión arbitrarias
Oumar Sylla e Ibrahima Diallo —del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución— y Saikou Yaya Barry —de la Unión de Fuerzas Republicanas— fueron puestos en libertad provisional el 10 de mayo, tras más de 10 meses de detención arbitraria. Habían sido acusados de “participación delictiva en una reunión, complicidad en la destrucción de edificios públicos y privados, ataques y agresiones intencionados, incendio y pillaje” por movilizarse para exigir que se restableciera el orden constitucional. El 13 de junio, el juzgado de primera instancia de Dixinn, Conakry, absolvió a Oumar Sylla e Ibrahima Diallo.
El 16 de octubre se sometió a una detención violenta y arbitraria en Kaloum, Conakry, a 13 periodistas, a quienes luego se condujo a la comisaría central y se acusó ante el juzgado de primera instancia. Estas personas habían participado en una manifestación pacífica organizada por el Sindicato de Profesionales de la Prensa de Guinea para exigir a las autoridades que levantaran las restricciones de acceso a determinados sitios web de noticias.1 Tras ser objeto de una acusación de “participación en una reunión ilegal en la vía pública”, quedaron en libertad ese mismo día.
Violencia sexual y de género
El 4 de abril, el juzgado de primera instancia de Mafanco, Conakry, condenó a 4 hombres a penas de entre uno y 20 años de prisión por la violación de M’Mah Sylla y otros abusos contra ella que le provocaron la muerte el 20 de noviembre de 2021. También se condenó a los autores a pagar al padre de la víctima 1.000 millones de francos guineanos (unos 110.000 euros) en concepto de daños y perjuicios.
El 18 de octubre, las agencias de la ONU en Guinea pidieron a las autoridades que cumplieran sus obligaciones de combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, 4 días después de la muerte de una niña de 9 años violada en Dubréka, región de Kindia.
Derecho a un medioambiente saludable
En marzo, el presidente puso de nuevo en marcha oficialmente las obras de la mina de hierro de Simandou, donde estaba previsto construir una vía ferroviaria y un puerto, pese a la preocupación de las organizaciones de la sociedad civil por sus consecuencias sobre los derechos económicos y sociales de la población local y el impacto sobre el cambio climático.
Después de que 500 pescadores se quejaran de erupciones cutáneas, las autoridades guineanas efectuaron una inspección el 14 de abril y hallaron grandes zonas contaminadas a 74 km de la costa de Conakry. El 19 de junio, el Ministerio de Justicia pidió al Tribunal de Represión de Delitos Económicos y Financieros que iniciara un procedimiento judicial contra “los supuestos buques transportistas de minerales y las personas físicas o jurídicas propietarias, usuarias o responsables de dichos buques”, por “presuntos actos de contaminación marina causantes de erupciones cutáneas a pescadores artesanales y de daños ambientales”.