Guinea 2022
Se violó el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Se detuvo y recluyó arbitrariamente a miembros de la sociedad civil que expresaron críticas relacionadas con el periodo de transición política. Los miembros de las fuerzas de seguridad y defensa mataron a manifestantes durante protestas. Comenzó el juicio por la masacre del 28 de septiembre de 2009, 13 años después de los hechos. Se siguió negando atención médica y psicológica adecuada a las víctimas de violencia sexual, que seguían encontrando obstáculos para obtener justicia.
Información general
En octubre, el Comité Nacional para la Concentración por el Desarrollo (CNRD, por sus siglas en francés), que había tomado el poder mediante un golpe de Estado el 5 de septiembre de 2021, acordó con la Comunidad Económica de Estados del África Occidental una transición de dos años para la restauración del orden constitucional. Sin embargo, la fecha de comienzo de esta transición era objeto de debate.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
Las autoridades violaron el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. El 13 de mayo, el CNRD anunció la prohibición de “todas las manifestaciones en la vía pública susceptibles de poner en peligro la paz social y la correcta ejecución de las actividades contenida en el calendario […] por el momento hasta los periodos de campaña electoral”.1
El 8 de agosto, las autoridades de transición disolvieron el Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), coalición de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que exigían el restablecimiento del orden constitucional. El 15 de agosto, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos afirmó que “una medida de esta naturaleza constituye una grave vulneración del derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica” y pidió a las autoridades que reconsiderasen esta decisión.
Detención y reclusión arbitrarias
El 5 de julio, tres dirigentes del FNDC —Oumar Sylla, Mamadou Billo Bah y Djanii Alfa— fueron detenidos por la policía cuando celebraban una conferencia de prensa en la sede de la organización en la capital, Conakry. Tras ser acusados de “insultos públicos, desacato a tribunal y alteración del orden público y de la seguridad pública” y permanecer detenidos en la prisión de Conakry, quedaron en libertad sin cargos el 8 de julio.
El 29 de julio se incoaron procedimientos judiciales contra organizadores y participantes de una marcha prohibida celebrada el 28 de ese mes, durante la cual había estallado la violencia y habían muerto cinco personas. Al día siguiente se detuvo a los dirigentes del FNDC Oumar Sylla e Ibrahima Diallo, y también a Saïkou Yaya Barry, secretario general de la Unión de Fuerzas Republicanas; el 1 de agosto se acusó a los tres de “presuntos actos de manifestación ilícita, destrucción de edificios públicos y privados, incitación a disturbios, agresión con lesiones, asociación criminal, obstrucción de la libertad de circulación y complicidad”. Saïkou Yaya Barry quedó en libertad provisional el 12 de octubre tras deteriorarse su salud, en tanto que Oumar Sylla e Ibrahima Diallo continuaban detenidos en la prisión de Conakry al terminar el año. Los dos comenzaron una huelga de hambre en noviembre para exigir un juicio.
Homicidios ilegítimos
El 1 de junio, las fuerzas de seguridad mataron en Conakry a Thierno Mamadou Diallo, de 19 años, durante una protesta contra el aumento de los precios de los combustibles. La fiscalía anunció el 13 de junio la incoación de acta de acusación formal contra un agente de policía y su detención por presunto asesinato, y anunció también la acusación formal de otros cuatro miembros de las fuerzas de seguridad y defensa por presunta “abstención delictiva”.
En julio, agosto y octubre, 13 personas murieron por disparos de presuntos miembros de las fuerzas de seguridad y defensa durante manifestaciones convocadas para reclamar la restauración del orden constitucional, según informes de organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos. Tras anunciar el Ministerio de Justicia la apertura de investigaciones sobre estos hechos, en diciembre no se disponía de más información.
El 6 de septiembre, dos personas murieron por disparos en Kondiaran, región de Kankan, durante protestas violentas contra una compañía minera acusada de no hacer lo suficiente para mejorar las condiciones de vida de la población local. El Ministerio de Justicia anunció de nuevo una investigación sobre este incidente, sin que en diciembre se dispusiera de más información.
El 17 de septiembre, el ministro de Justicia y Derechos Humanos ordenó la apertura de procedimientos judiciales por “homicidio voluntario” contra un jefe policial, y por “complicidad en homicidio voluntario” contra otros 10 agentes de policía, tras la muerte por disparos de un comerciante en el distrito de Kipé, Conakry, el mismo 17 de septiembre durante una operación contra las drogas.
Derechos de las personas detenidas
En un memorando dirigido a los máximos responsables de los tribunales y las fiscalías el 24 de junio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos deploró las “horribles realidades, especialmente en los tribunales y las prisiones”, que constituían violaciones de las Reglas Nelson Mandela de la ONU para el tratamiento de las personas reclusas. Entre otras cosas, destacó “29 casos de malnutrición severa y 9 enfermos mentales” en una prisión, alimentos y agua insuficientes y de mala calidad, y personas presas “en los huesos, paralizadas o incluso moribundas”.
Derecho a verdad, justicia y reparación
El 4 de mayo, el fiscal general del Tribunal de Apelación de Conakry anunció la incoación de procedimientos judiciales contra el expresidente Alpha Condé y otras 26 personas que habían ocupado cargos de poder durante su presidencia, por la presunta comisión de diversos actos, entre ellos “atentados voluntarios contra la vida humana, en particular asesinato y complicidad en asesinato”, en el contexto del referéndum y las elecciones presidenciales en 2020.
El 28 de septiembre comenzó finalmente el juicio de las personas acusadas de la matanza del 28 de septiembre de 2009, en la cual más de 150 manifestantes habían muerto y más de 100 mujeres habían sido víctimas de violencia sexual. En consecuencia, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cerró su examen preliminar sobre Guinea, abierto 13 años atrás.
Violencia contra mujeres y niñas
Las víctimas de violación siguieron padeciendo falta de protección, de disponibilidad de atención médica y acceso a la misma, de servicios de salud sexual y reproductiva, de apoyo psicológico y de apoyo jurídico y social. A pesar de las frecuentes campañas de sensibilización, el gobierno no impidió que se cometiera este tipo de delito, en tanto que las “presiones socioculturales” seguían teniendo un gran peso en las víctimas y sus familias, que a menudo se veían abocadas al silencio, a la concertación de acuerdos extrajudiciales en los casos de violación o a la estigmatización.2
Degradación ambiental
Las autoridades y ONG guineanas informaron de una grave contaminación y riesgos de daños ambientales y violaciones de derechos humanos como consecuencia de actividades mineras en varias regiones.
El 31 de enero, el primer ministro Béavogui visitó la ciudad de Fria, en la región de Kindia, para conocer sobre el terreno la situación socioeconómica de los trabajadores y los informes sobre la contaminación en la ciudad, donde desarrollaba sus actividades la empresa rusa de minería de bauxita Rusal. Tras la visita, el primer ministro ordenó a la dirección de Rusal que cumpliera las normas internacionales de control de la contaminación antes del 1 de mayo.