GUINEA 2020

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GUINEA 2020

Se cometieron violaciones de derechos humanos en el contexto de un controvertido cambio constitucional y de los discutidos resultados de las elecciones presidenciales. Decenas de personas murieron a manos de miembros de las fuerzas de defensa y de seguridad durante manifestaciones, mientras que los presuntos responsables gozaban de impunidad. Se detuvo y se recluyó arbitrariamente a miembros de partidos de la oposición política y activistas en favor de la democracia. El derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica se vio restringido. El hacinamiento crónico y las deficientes condiciones de reclusión menoscabaron el derecho a la salud de la población penitenciaria.

Información general

A partir de marzo se impuso el estado de emergencia para responder a la pandemia de COVID-19 y se introdujeron medidas que restringían la libertad de circulación y el derecho de reunión, entre otras cosas.

En marzo, el Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), una coalición de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, organizó protestas multitudinarias contra un proyecto de reforma constitucional que permitiría al presidente presentarse para optar a un tercer mandato y llamó al boicot de las elecciones legislativas y del referéndum constitucional, que se celebraron el 22 de marzo. En abril, el Tribunal Constitucional anunció que casi el 90% de quienes votaron se habían manifestado a favor de la reforma constitucional.

El 24 de octubre, la Comisión Electoral Nacional Independiente anunció que Alpha Condé había ganado las elecciones presidenciales, a pesar de que un candidato, Cellou Dalein Diallo, se había proclamado ya vencedor.

Homicidios ilegítimos

Las fuerzas de defensa y de seguridad emplearon fuerza excesiva contra manifestantes. Decenas de personas murieron por disparos y muchas sufrieron heridas de bala o resultaron lesionadas al ser alcanzadas por botes de gas lacrimógeno.

Entre el 21 y el 22 de marzo, al menos 12 personas murieron durante protestas organizadas por el FNDC.

El 12 de mayo, siete personas perdieron la vida en las ciudades de Manéah, Coyah y Dubréka (región de Kindia) y Kamsar (región de Boké) durante manifestaciones, algunas de ellas violentas, convocadas para protestar contra la gestión realizada por las fuerzas de seguridad de las restricciones de la circulación asociadas a la COVID-19.

En los días que siguieron a las elecciones presidenciales de octubre, al menos 16 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad cuando protestaban por los resultados. Las fuerzas de defensa y de seguridad también cometieron actos de violencia contra residentes de barrios supuestamente favorables a la oposición en la capital, Conakry, y el 1 de diciembre mataron sin motivo al menos a un residente de Wanindara.

Según las autoridades, dos policías murieron en Conakry el 21 de octubre y el 30 de noviembre, respectivamente, en tanto que tres gendarmes y un soldado perdieron la vida en un ataque contra un tren perteneciente a la compañía minera Rusal el 23 de octubre, también en Conakry.

Detención y reclusión arbitrarias

Entre enero y septiembre, decenas de representantes de organizaciones de la sociedad civil y activistas políticos fueron detenidos arbitrariamente por haberse opuesto al referéndum, haber convocado manifestaciones y/o haber denunciado violaciones de derechos humanos en el país.

El 6 de marzo, la policía detuvo en Conakry a Ibrahima Diallo, líder del FNDC y coordinador del movimiento en favor de la democracia Pasemos Página Guinea (TLP-Guinea, por sus siglas en francés), y a Sékou Koundouno, coordinador del movimiento ciudadano de promoción de la democracia La Escoba Ciudadana. Ese mismo día, los dos habían celebrado una conferencia de prensa, sobre todo para denunciar el uso de la detención arbitraria por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. Entre los cargos formulados contra los dos detenidos figuraban “desacato a agentes, agresión con violencia y amenaza para el orden público y la seguridad, integridad y dignidad de las personas, mediante el uso de la comunicación electrónica”. El 15 de julio, el Tribunal de Apelación de Conakry desestimó la causa incoada contra los dos debido a defectos jurídicos y de procedimiento.

Otro líder del FNDC y miembro de TLP-Guinea, Oumar Sylla, fue detenido el 17 de abril en Conakry por agentes de la Brigada de Investigación e Intervención. La detención tuvo lugar después de que Oumar Sylla participara en un programa de radio en el que miembros del FNDC llamaron a llevar a cabo manifestaciones contra la reforma constitucional. Además, Sylla había denunciado homicidios, torturas, detenciones arbitrarias y actos de hostigamiento perpetrados contra miembros del FNDC en la ciudad de Nzérékoré. Lo acusaron de “comunicación y difusión de información falsa”, “violencia y amenazas de muerte”. Quedó en libertad el 27 de agosto, tras desestimar un juez todos los cargos formulados en su contra. Sin embargo, el 29 de septiembre volvió a ser recluido arbitrariamente tras ser detenido por agentes de policía vestidos de civil en una manifestación prohibida en el municipio de Matoto, en Conakry. Continuaba recluido en la Prisión Central de Conakry por cargos de “participación en una multitud susceptible de alterar el orden público”.

El 7 de mayo, Saïkou Yaya Diallo, coordinador jurídico del FNDC, fue detenido en Conakry tras haber participado en una conferencia de prensa durante la cual él y otras personas aislaron en una oficina a una mujer que a su juicio trabajaba para los servicios de inteligencia, presuntamente para protegerla de otros participantes. Fue acusado de “agresión, violencia, amenazas e insultos públicos” y detenido en la Prisión Central de Conakry a pesar de dos sentencias judiciales favorables a su liberación bajo supervisión judicial. El 16 de noviembre fue declarado culpable y el 11 de diciembre quedó en libertad tras haber cumplido su condena.

El 10 de noviembre, el fiscal del distrito de Dixinn anunció que 78 personas, entre las que había destacados opositores, habían comparecido ante un juez en el contexto de las manifestaciones y la violencia posteriores a las elecciones y habían sido acusados, entre otras cosas, de “posesión y fabricación de armas ligeras, conspiración delictiva y declaraciones que incita[ba]n a la violencia”.

Tortura y otros malos tratos

Ibrahima Sow, de 62 años, fue detenido el 24 de octubre tras el ataque contra un tren de Rusal (véase supra, “Homicidios ilegítimos”). Según las autoridades, mientras estaba detenido dio positivo en las pruebas para detectar la COVID-19 y se recuperó de la enfermedad pero, después de “quejarse de diabetes”, fue trasladado a un hospital y murió. Las fotografías de las lesiones sufridas durante su detención indicaban claramente que había sufrido quemaduras causadas con un hierro candente o un objeto similar.

Libertad de reunión y de expresión

Las autoridades nacionales y locales menoscabaron el derecho a la libertad de reunión y prohibieron —sin aducir motivos legítimos— al menos siete manifestaciones contra el referéndum constitucional y la candidatura del presidente para un tercer mandato. Las protestas previstas para enero en las ciudades de Kissidougou y Nzérékoré fueron prohibidas para “preservar la paz”, y en marzo se impidió la celebración de manifestaciones en Matoto y Matam debido a la visita que iba a recibirse de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental y a los preparativos para el Día Internacional de la Mujer. También se prohibieron manifestaciones en Matoto durante la campaña electoral entre septiembre y octubre.

El derecho a la libertad de expresión se vio asimismo restringido. Según la ONG Access Now, la circulación de mensajes en las redes sociales estuvo interrumpida durante un total de 36 horas entre el 21 y el 23 de marzo. El 18 de octubre, la Autoridad Superior de la Comunicación suspendió durante un mes el sitio de noticias Guineematin.com, después de que éste hubiera emitido en directo desde colegios electorales durante el recuento de votos.

Impunidad

A pesar de las promesas de las autoridades de investigar el homicidio de cualquier manifestante, al terminar el año no se disponía de información oficial alguna sobre el desarrollo de tales investigaciones.

Siguió sin cumplirse el compromiso contraído en 2019 por el ministro de Justicia de que, tras haber concluido en 2017 una investigación judicial, el juicio de los presuntos autores de la masacre de septiembre de 2009 en el estadio de Conakry comenzaría a más tardar en junio de 2020. Las fuerzas de defensa y de seguridad habían matado a 157 manifestantes pacíficos en el estadio y violado al menos a 100 mujeres.

Derecho a la salud

Condiciones de reclusión

La salud de la población reclusa corrió un riesgo especial durante la pandemia de COVID-19 debido al hacinamiento crónico y a las deficiencias en materia de saneamiento y atención médica en los centros penitenciarios.

Las autoridades informaron de que, en mayo, 68 de las 713 personas reclusas a las que se les habían realizado pruebas en la Prisión Central de Conakry para detectar la COVID-19 habían dado un resultado positivo. El Ministerio de Justicia afirmó que recibían tratamiento en instalaciones de salud dispuestas en la prisión. En la prisión de Kindia se registraron 30 positivos entre una población reclusa total de 352 personas y 25 guardias penitenciarios, y el Ministerio de Justicia informó de que las 28 personas reclusas que habían dado un resultado positivo habían sido enviadas a la Prisión Central de Conakry para recibir tratamiento. La Prisión Central de Conakry era el centro penitenciario más superpoblado del país, con 1.500 personas recluidas cuando la capacidad era de sólo 300.