Una comisión presidencial recomendó reformas constitucionales para mejorar la protección de ciertos derechos, al tiempo que socavaba otros. Se sometió a detención arbitraria a personas migrantes y solicitantes de asilo, incluidos niños y niñas. Los asesinatos atribuidos a la violencia de género constituían un porcentaje elevado de todos los asesinatos cometidos entre enero y marzo. Se documentó un aumento de la cifra de personas en paradero desconocido. Se vulneraban los derechos de los pueblos indígenas. Botsuana continuaba aplicando la pena de muerte.
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