Decenas de miles de personas que trabajan en el servicio doméstico en Jordania viven en condiciones espantosas; muchas se ven obligadas a trabajar hasta 19 horas diarias, y es habitual que les nieguen su salario. Amnistía Internacional insta a las autoridades jordanas a garantizar que la revisión que se está llevando a cabo de la normativa de empleo trae consigo una mejora radical de las condiciones de trabajo de estas personas.
En Jordania hay registradas unas 40.000 trabajadoras domésticas migrantes. Muchas proceden del sur y el sureste de Asia, la mayoría de Indonesia, Filipinas y Sri Lanka. Según una investigación llevada a cabo recientemente por Amnistía Internacional, la mayoría de estas mujeres sufren abusos y explotación sin que las autoridades les brinden prácticamente ninguna protección.
En julio de 2008, el Parlamento jordano reformó la Ley del Trabajo. Una de las reformas establecía que se elaboraría una normativa independiente para definir las condiciones de empleo del personal doméstico migrante, incluidos sus horas de trabajo y sus periodos de descanso. Esta normativa está siendo elaborada por el gobierno.
“Pedimos a las autoridades jordanas que aprovechen esta oportunidad excepcional para relegar al pasado las condiciones de explotación que en la actualidad sufren las personas migrantes que trabajan en el servicio doméstico”, ha manifestado Philip Luther, director adjunto del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. “Sus acciones deben ser lo suficientemente enérgicas como para hacer frente a la escala de los abusos.”
Muchas trabajadoras domésticas migrantes: • viven prácticamente encarceladas en la casa de sus patrones desde el momento en que llegan al país. A menudo están encerradas en la casa, son obligadas a trabajar jornadas larguísimas y no reciben parte –o la totalidad– del escaso salario que les deben pagar sus patrones, quienes también les confiscan los pasaportes; • sufren abusos físicos, psicológicos y sexuales. Las abofetean, les dan patadas, las golpean, les escupen y las amenazan con violencia, normalmente miembros del entorno doméstico del patrón. Algunas han muerto en los últimos años en circunstancias registradas como accidentes pero que no se han investigado ni explicado adecuadamente. Se cree que unas diez trabajadoras domésticas se suicidan cada año; • según los informes, son sometidas a palizas sistemáticas por algunas agencias de contratación poco después de su llegada a Jordania. La finalidad es asustarlas y desalentarlas de huir o de denunciar a sus patrones.
Aunque en 2003 se introdujeron nuevas salvaguardias en forma de un contrato especial para las personas migrantes que trabajan en el servicio doméstico, estas salvaguardias parecen haber tenido poco impacto en la práctica. El contrato especial no especifica castigo alguno para el patrón si se incumplen las condiciones del contrato, que incluyen el derecho a asistencia médica, a un día libre a la semana y a recibir puntualmente un salario semanal.
Los abusos se ven además reforzados por el clima de impunidad de que gozan las agencias de contratación –tanto en Jordania como en los países de los que proceden los trabajadores y trabajadoras migrantes–, cuya regulación y vigilancia son inadecuadas.
“Las autoridades jordanas deben someter las prácticas de las agencias de contratación a un escrutinio adecuado, y deben llevar ante la justicia a todos los responsables de abusos contra el personal doméstico migrante, ya sean patrones o representantes de agencias”, ha manifestado Philip Luther.