La suspensión de las conversaciones de paz entre el gobierno de Filipinas y los insurgentes de la isla meridional de Mindanao pone en peligro la vida de miles de civiles que se enfrentan a una escalada de las hostilidades, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy, 29 de octubre de 2008.
En agosto, representantes de Amnistía Internacional viajaron a Mindanao durante el estallido de graves enfrentamientos para investigar el conflicto; allí entrevistaron a personas que trabajaban para organizaciones locales. El informe pone de relieve los abusos contra los derechos humanos perpetrados desde la ruptura de las negociaciones de paz, entre ellos:
la muerte de al menos un centenar de civiles desde agosto, algunos como consecuencia de los ataques selectivos llevados a cabo por combatientes del Frente Moro de Liberación Islámica (MILF); alrededor de 140 hombres, mujeres, niños y niñas tomados como rehenes; casi 400.000 personas instaladas en campos para personas desplazadas después de haber tenido que abandonar sus hogares, y a menudo también sus cosechas y ganado, huyendo de los enfrentamientos armados. Según informes, tanto el MILF como el ejército filipino han incendiado muchas casas y robado bienes; y actos cometidos por milicias civiles que carecen de preparación y no rinden cuentas ante nadie. La reciente escalada de la violencia se produjo tras la decisión de la Corte Suprema de Filipinas de bloquear la implementación de un Memorando de Entendimiento entre el gobierno y el MILF en agosto. El acuerdo formaba parte del proceso de paz en curso para poner fin a un conflicto que dura ya cuatro decenios.“El MILF y los grupos locales que se oponen a las conversaciones de paz han recurrido a la violencia como estrategia de negociación y cientos de miles de personas están pagando las consecuencias”, ha afirmado Donna Guest, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.
Amnistía Internacional conversó con una persona que trabaja para una organización local de derechos humanos sobre la muerte, el 18 de agosto, de un hombre de 94 años, Miguel Daitia, y de su hijo Ruben, de 33, según informes a manos del MILF: “Rompieron la cerradura con una piedra enorme, entraron y se llevaron a los hombres; eran tres, y uno tenía 94 años. Los mataron. Ordenaron a las mujeres de la casa que se marcharan y, cuando lo hicieron, los combatientes del MILF prendieron fuego a la casa. Quemaron 22 viviendas en el barrio de Lapayan, en la localidad de Kauswagan”.
Según contaron fuentes locales a Amnistía Internacional, en la provincia de Lanao del Norte, efectivos de seguridad que iban en persecución de combatientes del MILF mataron a un campesino de 15 años que se arriesgó a entrar en una zona de operaciones militares. Estaba a punto de casarse y necesitaba dinero para la dote, así que no podía permitirse perder la cosecha de este año. Acompañado de otro campesino, el adolescente salió caminando de su pueblo junto a su caballo para cosechar el maíz; por el camino se encontraron con un grupo de soldados que los amenazó. El otro campesino corrió presa del pánico, pero los soldados capturaron al muchacho de 15 años, lo golpearon en la cabeza y éste cayó por un barranco. Más tarde apareció su cadáver en una zanja con marcas de unos 30 machetazos. Sus familiares lo enterraron enseguida y se escondieron.
“El gobierno filipino y el MILF deben dejar claro tanto a sus comandantes como a sus tropas que no se tolerarán los ataques a civiles, y asegurarse de que toda persona sospechosa de perpetrar tales abusos es apartada de su puesto o retirada de una situación en la que puedan volver a cometerse abusos. Si continúan los ataques selectivos contra la población de Mindanao, el panorama que se le presenta sigue siendo muy negro”, afirma Donna Guest. Información complementaria El informe Shattered Peace in Mindanao: The Human Cost of Conflict in the Philippines se basa en entrevistas realizadas este verano, en pleno apogeo de la reanudación de la violencia y de la vigilancia en curso de la situación de los derechos humanos en el país. El 4 de agosto de 2008, la Corte Suprema de Filipinas dictó una orden que suspendía temporalmente el Memorando de Entendimiento sobre Territorios Ancestrales, al que las partes ya habían dado el visto bueno para la firma oficial. En los días posteriores, las fuerzas del Frente Moro de Liberación Islámica (MILF) emprendieron ataques contra la población civil de las provincias de Cotabato del Norte, Lanao del Norte y Saranggani. El 14 de octubre, la Corte Suprema resolvió que el Memorando de Entendimiento sobre Territorios Ancestrales era inconstitucional. El conflicto está relacionado con la autonomía de la población musulmana en el sur de Filipinas.