Las autoridades iraquíes deben detener inmediatamente la ejecución de más de 900 personas condenadas a muerte que han agotado sus recursos legales y podrían ser ejecutadas en cualquier momento, ha dicho Amnistía Internacional.
Al parecer, el Consejo Presidencial ha ratificado las condenas a muerte de estos presos –entre los que hay 17 mujeres–, lo cual es el último paso antes de la ejecución.
En lo que va de año, Irak ha ejecutado al menos a 120 personas.
“En un país que ya tiene uno de los índices de ejecución más altos del mundo, la perspectiva de que esta cifra aumente de forma significativa es realmente preocupante”, ha dicho Philip Luther, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Muchos de estos presos han sido condenados a muerte por delitos como asesinato y secuestro, y algunos de ellos probablemente tras juicios sin garantías.
Los políticos de la oposición han expresado su preocupación ante la posibilidad de que las ejecuciones se lleven a cabo para que el partido en el poder, al-Da’wa, consiga una ventaja política ante las elecciones, y han pedido al gobierno que suspenda temporalmente todas las ejecuciones.
Una de las mujeres que puede ser ejecutada es Samar Sa’ad ‘Abdullah, condenada a muerte el 15 de agosto de 2005 por el asesinato de su tío, la esposa de éste y uno de sus hijos en Bagdad.
Según los informes, Samar Sa’ad ‘Abdullah culpó de los homicidios a su prometido, quien, según dijo la mujer, quería robar a su tío.
En su juicio, Samar Sa’ad ‘Abdullah denunció que, tras ser detenida, los policías de Hay al-Khadhra, en Bagdad, la habían golpeado con un cable, dado golpes en las plantas de los pies (tortura conocida como falaqa) y aplicado descargas eléctricas para hacerla “confesar”.
El juez no ordenó que se investigaran estas denuncias y la condenó a muerte.
Su padre, Sa’ad ‘Abdel- Majid ‘Abd al-Karim, dijo a Amnistía Internacional que el juicio duró menos de dos días, que no le permitieron entrar en la sala y que el juez había expulsado de la sala a Amal ‘Abdel-Amir al-Zubaidi, uno de los abogados de Samar.
La condena a muerte de Samar Sa’ad ‘Abdullah fue confirmada por el Tribunal de Casación el 26 de febrero de 2007.
Desde la reintroducción de la pena de muerte en agosto de 2004, al menos un millar de personas han sido condenadas a esta pena y decenas han sido ejecutadas. No hay cifras oficiales sobre el número de presos que están en espera de ejecución.
Una vez agotados todos los recursos, las condenas a muerte se remiten para su ratificación al Consejo Presidencial, compuesto por el presidente y los dos vicepresidentes, después de lo cual se ejecutan.
El presidente, Jalal Talabani, se opone a la pena de muerte y delega la ratificación en los dos vicepresidentes, que no son contrarios a este castigo.
Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a las autoridades iraquíes a que establezcan una suspensión inmediata de las ejecuciones.
“El gobierno iraquí debe escuchar las voces internacionales que le piden que detenga las ejecuciones”, ha dicho Philip Luther.