Amnistía Internacional pide al gobierno de Sri Lanka que ponga en libertad de forma permanente a los civiles que han permanecido detenidos ilegalmente en campos tras el fin, hace seis meses, de la guerra civil.
“Las autoridades deben cumplir sus intenciones declaradas de poner en libertad a unas 120.000 personas, y deben hacerlo incondicionalmente”, ha manifestado Yolanda Foster, experta de Amnistía Internacional sobre Sri Lanka.
“La liberación permanente de los campos debe ir acompañada de garantías de que esas personas no serán sometidas a nuevos interrogatorios ni recluidas de nuevo en otros lugares.”
“También es fundamental que el gobierno mantenga su responsabilidad de cuidar de las personas desplazadas donde quiera que éstas decidan ir.”
El gobierno de Sri Lanka ha manifestado hoy, 1 de diciembre, que a las familias que viven en los campos de desplazados de Vavuniya se les dará a elegir si prefieren permanecer en los campos, buscar un alojamiento alternativo o intentar regresar a sus hogares.
Sin embargo, Amnistía Internacional ha recibido información sobre restricciones en la manera en la que las familias pueden abandonar los campos. Los medios de comunicación han sugerido que a algunas personas podría pedírseles que regresaran a los campos después de tan sólo 15 días.
Otro motivo de preocupación es la falta de ayuda para quienes han quedado en libertad hasta el momento. Un grupo eclesiástico ha informado de que se ha sacado a grupos de gente de Manik Farm en autobuses y, simplemente, “los han dejado tirados, en la carretera” en Adampan, Mannar.
El gobierno está enviando mensajes contradictorios sobre el proceso de regreso, y aún no está claro si la libertad de circulación se aplicará también a los campos de otras zonas del país.
A medida que se aceleran las liberaciones y los esfuerzos por reasentar a la gente, Amnistía Internacional insta a las autoridades de Sri Lanka a permitir que las personas desplazadas tomen decisiones informadas y voluntarias sobre el retorno y el reasentamiento.
“Las autoridades de Sri Lanka deben advertir a las personas desplazadas de las condiciones de vida en los lugares de los que proceden, para que puedan hacer planes sobre su futuro. También deben proporcionarles información clara sobre sus derechos, su condición jurídica y los procedimientos para buscar a sus familiares”, ha manifestado Yolanda Foster.
“Las organizaciones humanitarias y de derechos humanos deben tener acceso sin trabas a las personas desplazadas. Para quienes intentan reasentarse, estas organizaciones deben poder vigilar su seguridad y su bienestar y garantizar que se cubren sus necesidades, incluida la protección frente a nuevas violaciones de derechos humanos.”
“Miles de personas han empezado a abandonar los campos en el noreste, pero la promesa de abrir los campos debe venir acompañada de la protección de los derechos de las personas desplazadas internamente tanto dentro como fuera de los campos.”
Información complementaria
Tras unos feroces combates y la muerte de miles de civiles en mayo de 2009, el gobierno de Sri Lanka declaró la victoria sobre los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. A finales de mayo de 2009, 300.000 personas desplazadas que habían huido de los combates fueron detenidas en campos supervisados por el ejército.
En respuesta a la detención ilegal de cientos de miles de personas desplazadas, Amnistía Internacional lanzó una campaña mundial, “Abre los campos”, para pedir la liberación y la libertad de circulación de las personas desplazadas. Más de 40.000 activistas han emprendido acciones.