Amnistía Internacional ha pedido hoy a las autoridades chinas que pongan fin a las apropiaciones violentas e ilegales de tierras, mientras continúan las protestas de lugareños en la provincia meridional de Guangdong tras la muerte bajo custodia del defensor de los derechos a la tierra Xue Jinbo.Los habitantes de Wukan protestan por lo que, según afirman, ha sido el último intento del gobierno local de vender en secreto sus tierras de cultivo a promotores inmobiliarios. Según los lugareños, los funcionarios locales del Partido Comunista no les consultaron sobre la venta y no tuvieron conocimiento de ella hasta que comenzaron las obras de construcción.Xue Jinbo, de 43 años, murió el domingo, el tercer día que estaba bajo custodia. Había sido detenido junto con otras cuatro personas el pasado viernes por liderar presuntamente una manifestación celebrada en septiembre en la que los manifestantes irrumpieron en edificios oficiales y volcaron automóviles policiales. La policía antidisturbios respondió golpeando a los lugareños, incluidos al menos dos niños, según informaciones de los medios de comunicación.“Las autoridades deben permitir una investigación inmediata e independiente sobre la muerte de Xue Jinbo, para demostrar que no murió debido a malos tratos o a torturas a manos de las autoridades”, ha declarado Catherine Baber, directora adjunta del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “Lamentablemente, pese a la retórica del gobierno, que afirma estar comprometido con la protección de los ciudadanos frente a las violaciones de sus derechos durante los desalojos, seguimos documentando informes de residentes que son golpeados, detenidos o incluso asesinados mientras tratan de proteger sus tierras, a veces por las mismas autoridades que deberían protegerlos.”Familiares y lugareños manifestaron a la prensa que Xue Jinbo parecía haber sido torturado, pues tenía magulladuras oscuras y cortes en la cara, así como aparentemente los dos pulgares rotos.Las autoridades de la ciudad de Shanwei, de la que depende Wukan, dijeron en una declaración que interrogaron a Xue dos veces mientras estaba bajo custodia, y que éste “confesó” haber participado en el incidente del 21 de septiembre, incluida la “destrucción de propiedades públicas”.El domingo, según afirman, parecía enfermo y le enviaron al hospital, donde murió de un fallo cardíaco a los 30 minutos de llegar. Las autoridades dijeron que el Departamento Forense de la Universidad de Zhongshan realizó una “investigación” y confirmó la causa de la muerte, pero que estarían abiertos a una autopsia.La policía llegó a Wukan el viernes para detener a Xue Jinbo y a otras cuatro personas que habían representado a los lugareños en la protesta contra la confiscación de tierras. Según los medios de comunicación, el domingo por la mañana llegaron al pueblo hasta un millar de policías armados, pero los lugareños impidieron que entraran. La policía usó gas lacrimógeno y cañones de agua contra los lugareños, pero al final se retiró, montando un cerco alrededor de la localidad.El desalojo forzoso y a menudo violento de ciudadanos de sus casas y tierras es algo habitual en toda China, tanto en las ciudades como en el campo.Contrariamente a lo que dictan las leyes y normas internacionales de derechos humanos, los ciudadanos chinos rara vez tienen la oportunidad de ser consultados realmente antes del desalojo, casi nunca reciben información adecuada sobre el carácter o el propósito de éste, y por lo general reciben una pequeña indemnización o ninguna.
Los ciudadanos apenas tienen vías para luchar contra una propuesta de desalojo. Los tribunales no suelen aceptar casos relacionados con apropiaciones de tierras o desalojos por temor a suscitar la cólera de los funcionarios locales, que dependen de los ingresos procedentes de la venta de tierras para complementar sus presupuestos.A principios de año, el gobierno aprobó unas normas que ofrecen a los residentes de las ciudades ciertas protecciones frente a los desalojos forzosos, pero dichas normas dejan a la inmensa mayoría de la población china sin protección, incluidos arrendatarios y residentes rurales.“Los dirigentes chinos han declarado que quieren que los funcionarios locales consideren que, en sus actividades para la modernización y el crecimiento, lo más importante sean los derechos, la salud y el bienestar de los residentes”, afirmó Catherine Baber.”Lamentablemente, los ciudadanos nos dicen una y otra vez que sus derechos son sacrificados en aras de los beneficios.”