Siete ciudadanos filipinos fueron detenidos tras el asesinato, el 10
de octubre, de una persona de nacionalidad canadiense. El 6 de noviembre, el Ministerio del Interior de Kuwait anunció que habían «confesado» su participación en el crimen. Presuntamente, todos ellos habían sido torturados para obligarlos a confesar. Amnistía Internacional teme que sean sometidos de nuevo a tortura y que, si son declarados culpables, se les imponga la pena de muerte sin más prueba que su «confesión».
