Historia de las desapariciones forzadas en las Américas

Las desapariciones forzadas constituyen un fenómeno generalizado en las Américas. Se trata de un problema que lleva decenios perturbando a la región. En las décadas de 1960 y 1970, una oleada de represión, en el contexto de conflictos internos y juntas militares, asoló la región. Los gobiernos que se constituyeron entonces se caracterizaron por tener mano de hierro, y “desaparecían” a toda persona que se pronunciara abiertamente en su contra o a la que consideraran una amenaza.

De ese modo conseguían silenciar la disidencia sin llamar la atención sobre una situación que habría sido difícil de ocultar de haberse celebrado juicios justos. Las prácticas señaladas no son sólo violaciones de derechos humanos, sino también crímenes de derecho internacional.

Los Estados no fueron los únicos que utilizaron la desaparición contra sus oponentes.Cualquiera que hablara abiertamente en contra de agentes no estatales, como bandas criminales o grupos armados, corría también peligro de secuestro, tortura o asesinato.

La policía y otros agentes en puestos de responsabilidad con facultades para investigar estas desapariciones miraban para otro lado, bien porque eran cómplices de ellas, bien por corrupción o por temor a lo que les pudiera ocurrir si se atrevían a buscar la verdad.

Agitación y vacío de poder

El uso sistemático de la desaparición forzada fue producto de un conjunto de aterradoras circunstancias que se extendieron por todo el continente de las Américas durante la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI.

En algunos casos, gobiernos violentos encabezados por juntas militares que provocaron agitación social se hicieron con el poder y reprimieron toda oposición, como ocurrió en Argentina y Chile. En otros casos, como los de Colombia y Perú, la debilidad de las instituciones del Estado, los conflictos armados y la violencia sociopolítica dieron lugar a un vacío de poder político que permitió a agentes no estatales —como grupos criminales y milicias— reclamar el poder y promover sus propios intereses. Esta serie de usurpaciones del poder tuvo un impacto devastador en la población de a pie, que fue objeto de innumerables violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas.

El contexto del conflicto armado permitió a las autoridades desarrollar un pernicioso discurso que presentaba como legítimos sus esfuerzos por silenciar a la oposición, porque estaban al servicio de la “seguridad pública”. En consecuencia, se entendía que las personas sometidas a desaparición forzada y quienes tenían algún vínculo con ellas eran delincuentes y, de algún modo, se merecían lo que les había ocurrido. En numerosos casos, era el “tribunal de la opinión pública”, no un juicio con las debidas garantías, quien declaraba a la persona inocente o culpable.

La forma en que se desarrollaron los acontecimientos permitió tanto a las autoridades como a los agentes no estatales continuar cometiendo violaciones de derechos humanos con menor grado de escrutinio.

Desapariciones forzadas en las Américas hoy

Pese a la adopción de mecanismos jurídicos tanto internacionales como regionales para frenar estas violaciones de derechos humanos, las desapariciones forzadas siguen siendo habituales en las Américas en la actualidad.

Los Estados siguen sin responder de manera adecuada a los casos de desaparición forzada.

Muchos países afectados carecen de una política pública efectiva que proteja los derechos humanos violados por las desapariciones forzadas. Son escasas las medidas que se han puesto en marcha para impedir que se cometan desapariciones forzadas o para que éstas den lugar a investigaciones exhaustivas con el fin de localizar a las personas sometidas a desaparición forzada y de hacer rendir cuentas a los presuntos responsables penales.

En consecuencia, los Estados incumplen su obligación de proteger los derechos humanos.

Dificultades que afrontan las buscadoras

Cuando el Estado incumple sus obligaciones, la carga de la búsqueda recae sobre las familias y los seres queridos de las personas desaparecidas. Éstas se convierten en defensores y defensoras de los derechos humanos que luchan por la justicia, la verdad y la reparación. Estos poderosos movimientos de cambio suelen estar dirigidos por mujeres, que asumen espinosas funciones para colmar el vacío que dejan las autoridades cuando miran para otro lado.

En lugar de ensalzar y proteger a estas buscadoras, se las ataca, se las denigra, se las desacredita e incluso se las criminaliza por defender los derechos humanos. En su caso, la búsqueda de sus seres queridos puede conducir a asesinatos, violencia sexual, desaparición forzada y amenazas.

Son blanco de campañas de desprestigio que no sólo dificultan su trabajo de derechos humanos, sino que también ejercen impacto en casi todos los demás aspectos de su vida. Pierden amistades y sus comunidades les dan la espalda y las aíslan, sólo por haberse atrevido a buscar respuestas sobre la suerte de las personas desaparecidas.

Violencia y asesinatos

En las Américas se asesina a más defensores y defensoras de los derechos humanos que en ninguna otra región. Este entorno supone una amenaza muy real y preocupante para las personas desaparecidas.

Las buscadoras y sus familias se ven obligadas a vivir con miedo frente a quienes desean silenciarlas. De manera habitual reciben amenazas, entre ellas de violencia sexual . Con frecuencia, las familias se ven obligadas a huir del país debido a las amenazas de violencia. Por ejemplo, años después de la desaparición forzada de Nydia Erika Bautista en Colombia, su familia tuvo que huir del país para poder seguir presionando en favor de la justicia y la rendición de cuentas.

En los casos más graves, esas amenazas de violencia se materializan en ataques violentos e incluso en asesinatos. Entre 2019 y 2024, sólo en México hubo 16 asesinatos de buscadoras y buscadores, 13 de ellos de mujeres. Asimismo, una buscadora fue sometida a desaparición forzada.

Discriminación por motivos de género

A menudo, la dinámica de género impone a las mujeres aún más obstáculos que afrontar en la búsqueda de la justicia. De hecho, una de las principales razones por las que gran parte de las búsquedas son realizadas por mujeres es la expectativa cultural de que son ellas quienes deben ocuparse de los cuidados.

Las buscadoras se enfrentan a reiterados obstáculos y amenazas a su seguridad debido a la discriminación de género. Son estigmatizadas en sus relaciones con las autoridades, que tratan de infravalorarlas y marginarlas casi desde el momento en que denuncian la desaparición de una persona.

Las normas culturales patriarcales y misóginas influyen también en los tipos de violencia y amenazas que se dirigen contra las buscadoras. Así, a menudo, quienes desean silenciarlas las amenazan con actos de violencia sexual y de género.

Dificultades económicas

Las desapariciones forzadas están relacionadas con la pobreza.Las personas que viven en la pobreza son más vulnerables a la desaparición forzada. Una vez que desaparecen, sus familias tienen que soportar incluso más cargas económicas para llegar a fin de mes. En consecuencia, la desaparición forzada puede constituir también una violación de los derechos económicos, sociales y culturales de las familias.

Es preciso tener en cuenta estas graves estrecheces económicas cuando se analizan las distintas violaciones de derechos humanos que sufren las buscadoras. Éstas no sólo lideran la lucha por la justicia para sus seres queridos, sino que también tienen que hacerse cargo de las responsabilidades de cuidado y del sustento de su familia en ausencia del ser querido.

A menudo, las buscadoras sufren trastornos graves, como hipertensión, fatiga crónica y otros síntomas de estrés, angustia y depresión.

Los Estados tienen la obligación de proporcionar a las familias de las personas desaparecidas reparaciones, asistencia social y rehabilitación.

¿Qué hace Amnistía Internacional para ayudar?

Hemos asumido el compromiso de luchar por mejorar la protección de las buscadoras de las Américas y exigir a los Estados que las apoyen en su búsqueda de justicia, verdad y reparación para sus seres queridos.

Hemos esbozado un marco jurídico que explica las responsabilidades de los Estados con respecto a las buscadoras. Una de ellas es el reconocimiento de su condición de defensoras de los derechos humanos y de su derecho a buscar a las personas desaparecidas sin sufrir discriminación.

Nuestra campaña #BuscarSinMiedo cuenta con la colaboración de las mujeres que lideran este trabajo. Esperamos poder construir un futuro en el que se ensalce a estas inspiradoras mujeres por su trabajo por la erradicación de las desapariciones forzadas en las Américas. Trabajamos para concienciar sobre las dificultades a las que se enfrentan y resaltar las responsabilidades de los Estados, para que estas mujeres puedan proseguir su importante labor de defensa de los derechos humanos.