Solidarízate con las víctimas de la represión en Perú

49 personas murieron y cientos resultaron gravemente heridas a manos de policías y militares durante las protestas en Perú entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. 
 
A casi dos años, las víctimas y sus familias siguen esperando verdad, justicia y reparación. Firma nuestra petición para unirte a sus llamados. 

¿Cuál es el problema? 

Miles de personas salieron a las calles en Perú entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. La policía y el ejército respondieron con el uso ilegítimo de balas, gases lacrimógenos, perdigones de goma y metal, causando la muerte a 49 personas y dejando cientos de personas gravemente heridas. La mayoría de las víctimas pertenecían a comunidades históricamente marginalizadas, incluyendo pueblos Indígenas y campesinos. 

Las víctimas de la represión en Perú podrían perder el acceso a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación debido a la inacción de las autoridades. Hasta la fecha, ningún funcionario público ha sido detenido en relación con estas violaciones de derechos humanos, incluyendo los que pudieron haber disparado las armas y los que pudieron haber ordenado o permitido la represión. 

Si bien ha habido algunos avances importantes, en general, las investigaciones de la Fiscalía de la Nación han sido lentas, incompletas y no han considerado plenamente las necesidades de las víctimas. 

En Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca, las víctimas de la represión estatal están luchando para que sus voces sean escuchadas. Estas tres localidades en el sur andino de Perú fueron el epicentro de ataques letales generalizados por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas. Un año después, continúan exigiendo verdad, justicia y reparación, y el respeto a su derecho a la protesta, sin ser estigmatizadas ni discriminadas por las autoridades peruanas.   

La Fiscalía de la Nación debe escuchar a las víctimas. Debe garantizar que las investigaciones penales en curso sobre las muertes y las lesiones ocurridas en las protestas no enfrenten obstáculos; sean rápidas e independientes; e incluyan pruebas concretas contra los superiores que puedan tener responsabilidad. 

Sin esperar más, el Congreso debe examinar, con diligencia e imparcialidad, las denuncias constitucionales contra la presidenta y sus exministros, para que las investigaciones penales puedan continuar.

La impunidad no debe prevalecer. 

¿Qué puedes hacer para ayudar?

Solidarízate con las víctimas de la represión estatal en Perú firmando nuestra petición.