Emiratos Árabes Unidos 2025
Pese a haberse vulnerado su derecho a un juicio justo, el Tribunal Federal de Apelaciones confirmó las sentencias condenatorias y las largas penas de prisión impuestas a decenas de personas, entre ellas activistas de los derechos humanos, que habían sido sometidas a un juicio colectivo por cargos de terrorismo. Otras cuyos casos habían sido desestimados en el mismo juicio fueron juzgadas de nuevo y declaradas culpables. Se sometió a desaparición forzada y detención arbitraria a activistas y opositores políticos. Fuertes medidas adoptadas por las autoridades de Dubái contra los apartamentos compartidos, utilizados normalmente por trabajadores y trabajadoras de baja cualificación, dieron lugar a desalojos generalizados que empeoraron las precarias condiciones de vida de estas personas. La producción de combustibles fósiles siguió aumentando. Se mantuvo la pena de muerte y se llevaron a cabo ejecuciones.
Juicios injustos
En marzo, el Tribunal Federal de Apelaciones de Abu Dabi confirmó en sentencia firme los fallos condenatorios y las largas penas de prisión que pesaban contra 53 personas, entre quienes figuraban el activista de los derechos humanos y bloguero Ahmed Mansoor y el profesor universitario Nasser bin Ghaith. Todas ellas formaban parte de un grupo de al menos 84 personas que en 2023 habían sido sometidas a un juicio colectivo que violó de forma flagrante su derecho a un juicio justo y se saldó con penas de entre 10 años de prisión y cadena perpetua. Habían sido declaradas culpables en virtud de la Ley Antiterrorista de Emiratos Árabes Unidos (EAU) por constituir un grupo de activistas en 2010 y firmar una petición para reclamar reformas en 2011.
En junio, el Tribunal Supremo Federal de EAU anuló la decisión del Tribunal de Apelación de desestimar 24 de los 84 casos, por lo que se volvió a llevar a juicio a las personas afectadas, se las declaró de nuevo culpables y se las condenó a cadena perpetua. Se impuso cadena perpetua a 67 de las 84 personas acusadas originalmente.
Detención arbitraria
El 8 de enero, las autoridades libanesas extraditaron a EAU al poeta egipcio-turco Abdul Rahman al Qaradawi, a quien habían detenido en diciembre de 2024 en la frontera entre Líbano y Siria. EAU había presentado la solicitud de extradición por los cargos de “perturbar la seguridad pública”, “difundir noticias falsas” e “instigar disturbios”, en relación con un vídeo que había publicado en Siria en las redes sociales criticando a las autoridades egipcias, emiratíes y saudíes. A su llegada a EAU, fue sometido a desaparición forzada y se le negó el acceso a quienes se encargaban de su defensa y a sus familiares, situación que persistía al finalizar el año.1 En marzo, un grupo independiente de personal experto en derechos humanos nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó profunda preocupación por la falta de información sobre su suerte, su paradero y su seguridad.
El 19 de enero, las autoridades emiratíes detuvieron a Mohamed Farouk Salman, activista político sudanés y miembro destacado de Alianza Nacional de Sudán, en el aeropuerto internacional de Dubái. No explicaron el motivo de su detención y le negaron el acceso a asistencia letrada y a su familia. Al concluir el año, seguía sometido a desaparición forzada.
Transferencias irresponsables de armas
En marzo, Sudán acusó ante la Corte Internacional de Justicia a EAU de violar la Convención sobre el Genocidio al proporcionar apoyo financiero, militar y político a las Fuerzas de Apoyo Rápido, grupo paramilitar rebelde enfrentado con las Fuerzas Armadas de Sudán en un conflicto militar. En mayo, la Corte desestimó el caso por falta de jurisdicción.
También en mayo, Amnistía Internacional publicó una investigación en la que reveló que EAU había violado el embargo de armas decretado por el Consejo de Seguridad de la ONU en Darfur (Sudán). En el análisis de imágenes y vídeos que mostraban los efectos de unos ataques de las Fuerzas de Apoyo Rápido en los que habían muerto al menos 13 personas, se identificó el uso de bombas guiadas y obuses chinos. Amnistía Internacional concluyó que, casi con certeza, las armas, fabricadas por una empresa estatal de defensa de China, habían sido reexportadas a Sudán por EAU.2
Derechos laborales
La población trabajadora migrante seguía vinculada a sus entidades empleadoras por el sistema de kafala (patrocinio), lo que restringía gravemente su movilidad laboral y la dejaba expuesta a sufrir abusos sistemáticos, como robo de salarios, exceso de horas de trabajo y deudas enormes derivadas de las comisiones de contratación. A pesar de que existían algunas medidas legales de protección, su aplicación era deficiente y a las personas trabajadoras migrantes se les siguió negando el derecho a constituir sindicatos o a reunirse pacíficamente.
En junio se detuvo arbitrariamente y se sometió a malos tratos mientras se encontraba en tránsito en Dubái a una activista india de los derechos humanos empleada en una organización que documentaba abusos cometidos contra trabajadores y trabajadoras migrantes en los países del Golfo. Finalmente, fue puesta en libertad sin que se le facilitara información alguna sobre el fundamento jurídico de su desaparición forzada.
En julio, fuertes medidas adoptadas por las autoridades de Dubái contra los apartamentos compartidos, utilizados normalmente por trabajadores y trabajadoras de baja cualificación, dieron lugar a desalojos generalizados que empeoraron las precarias condiciones de vida de esas personas y pusieron de relieve la inacción del gobierno a la hora de garantizar una vivienda segura y adecuada y protección social.
Derechos de la infancia
En abril, tras una visita a EAU, la relatora especial de la ONU sobre la venta y la explotación sexual de los niños y las niñas concluyó que el gobierno podía hacer más para alentar las denuncias de abuso sexual y violencia contra menores.
Derecho a un medioambiente saludable
El Índice de Desempeño frente al Cambio Climático clasificó como “muy bajo” el desempeño de EAU, en particular por su elevado consumo de energía y sus emisiones de gases de efecto invernadero. El país aceleró sus planes de expansión del sector del petróleo y el gas, pese a los efectos perjudiciales del cambio climático inducido por la acción humana.
Pena de muerte
EAU mantuvo la pena de muerte en su legislación y reanudó las ejecuciones tras una pausa de varios años. La falta de garantías de juicio justo era motivo de honda preocupación.