El gobierno siguió cometiendo violaciones graves de derechos humanos, entre ellas tortura y otros malos tratos y supresión de la libertad de expresión y reunión. Las investigaciones oficiales de malos tratos desembocaron en impunidad para los perpetradores. La población trabajadora migrante sufría robo de salarios y, junto con la población penitenciaria, violaciones de su derecho a la salud. El gobierno vulneró el derecho a la privacidad mediante el uso de vigilancia invasiva.
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