España 2024
España suspendió la concesión de nuevas licencias para transferencias de armas a Israel. Las autoridades no tomaron medidas para garantizar el derecho a una vivienda adecuada en el barrio de la Cañada Real. Dos tribunales superiores presentaron recursos contra la Ley de Amnistía de 2024 por considerarla inconstitucional y contraria a la legislación de la UE. Los tribunales archivaron por prescripción de los hechos la primera causa judicial abierta en España por torturas durante el franquismo. Persistía la violencia basada en el género. No se protegían debidamente los derechos de los niños y niñas migrantes no acompañados.
Información general
Se alcanzó un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial —el órgano de gobierno de la judicatura—, que llevaba más de cinco años funcionando con el mandato caducado debido a la falta de acuerdo entre los principales partidos políticos.
Agosto fue el mes más caluroso registrado desde 1961, con temperaturas 2 °C por encima de la media del periodo 1991-2020. Se produjeron al menos 3.160 muertes relacionadas con las altas temperaturas.
Transferencias irresponsables de armas
En mayo y noviembre, el gobierno rehusó autorizar el tránsito de tres barcos que transportaban armas con destino a Israel, lo que llevó a la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos a abrir una investigación contra España.
Derechos económicos, sociales y culturales
Derecho a la salud
Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, ni el gobierno central ni los autonómicos protegían adecuadamente el derecho a la salud, debido a la falta de inversión suficiente. El porcentaje de sus presupuestos asignado a la salud pública y la atención primaria se había reducido desde 2020.
En octubre, un tribunal reabrió las actuaciones en una causa relativa a la investigación por homicidio imprudente de la muerte de una mujer en una residencia de mayores durante la pandemia de COVID-19. De acuerdo con los resultados de una investigación publicada en mayo, la Comunidad de Madrid había dado orden de no remitir a hospitales a las personas de edad avanzada con discapacidad física moderada o grave y deterioro cognitivo.
Derecho a la vivienda
Continuaron en vigor las medidas adoptadas para suspender los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad económica. La Ley por el Derecho a la Vivienda no garantizaba la protección requerida según las normas internacionales, y en los nueve primeros meses de 2024 se llevaron a cabo 20.581 desalojos.
Sólo dos comunidades autónomas aplicaron la fórmula establecida por esta ley para limitar los precios de los alquileres, que tendían a aumentar de forma desproporcionada en comparación con el salario medio.
En septiembre, el Comité Europeo de Derechos Sociales consideró que España no había garantizado una vivienda adecuada a las más de 4.500 personas —entre ellas 1.800 niños y niñas— afectadas por cortes de electricidad en el barrio de la Cañada Real de la capital, Madrid.
Derecho a un medioambiente saludable
En septiembre, una reforma del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 elevó el objetivo de reducción de emisiones al 32% con respecto a 1990, muy alejado del 55% al que se había comprometido la Unión Europea (UE).
El 29 de octubre, lluvias torrenciales —cada vez más probables debido al cambio climático inducido por la actividad humana— causaron el desbordamiento de varios ríos e inundaciones repentinas en la región de Valencia. Hubo al menos 224 muertes, en tres comunidades autónomas, en relación con las inundaciones, que, según cálculos, afectaron a unas 190.000 personas y dañaron viviendas e infraestructuras. Aunque la Agencia Estatal de Meteorología había emitido varios avisos a lo largo de la mañana, no se envió masivamente el mensaje de alerta hasta después de las ocho de la tarde, cuando hacía ya varias horas que la situación era crítica y la mayoría de la población no podía ser evacuada.
Derecho a la privacidad
En abril, la Audiencia Nacional reabrió una investigación sobre el uso del software espía Pegasus contra el presidente y otros miembros del gobierno. No hubo avances en las actuaciones sobre el uso de Pegasus contra activistas y figuras políticas independentistas de Cataluña. La fiscalía propuso archivar la causa abierta contra la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia por el hackeo del teléfono del expresidente de Cataluña, al concluir que se había actuado bajo supervisión judicial.
Libertad de expresión
El gobierno aprobó un programa, el Plan de Acción por la Democracia, para fortalecer la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información con medidas como reformar la legislación que limitaba la libertad de expresión, incluidos el Código Penal, la “Ley Mordaza” y la Ley de Secretos Oficiales de 1968.
La Audiencia Nacional admitió, por enaltecimiento del terrorismo, una denuncia presentada contra dos activistas que habían mostrado solidaridad con el pueblo palestino en un acto parlamentario. La jueza de instrucción archivó las actuaciones contra una de ellas, pero se recurrió su decisión.
En septiembre se abrió una investigación penal contra cinco personas por ofensa a los sentimientos religiosos debido a una representación artística que simulaba una procesión religiosa.
Libertad de reunión pacífica
Se aplicó durante el año la Ley de Amnistía de 2024, incluso en relación con casos de uso ilícito de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad durante el referéndum sobre la independencia de Cataluña de 2017. En julio, el Tribunal Supremo cuestionó la constitucionalidad de la ley ante el Tribunal Constitucional, mientras que la Audiencia Nacional planteó su incompatibilidad con la legislación de la UE ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Un tribunal rehusó investigar el caso de un agente encubierto infiltrado en movimientos sociales de Barcelona, y el Parlamento rechazó una propuesta no de ley presentada para pedir la investigación de tales casos de presunta infiltración.
En mayo, un juez cerró la investigación sobre el caso de una mujer que había perdido un ojo al ser alcanzada por un proyectil de espuma disparado por la policía en febrero de 2021, argumentando que la víctima debía asumir su “autopuesta en peligro” al asistir a la manifestación. En octubre se rechazó el recurso de la mujer contra esta decisión.
Un manifestante empezó a cumplir la condena de prisión que le había sido impuesta, por participar en una manifestación en 2019, tras ser declarado culpable de alteración del orden público y atentado a la autoridad sólo en función de la versión policial de los hechos.
Ocho activistas del derecho a la vivienda que se enfrentaban a penas de hasta 38 meses de cárcel continuaban en espera de juicio por la ocupación pacífica de una sucursal bancaria en 2017.
Alrededor de 27 activistas por el clima estaban siendo objeto de investigación por pertenencia a organización criminal debido a su participación en acciones directas no violentas.
Derecho a verdad, justicia y reparación
La justicia española rehusó investigar casos de tortura ocurridos durante el franquismo tras un auto de junio de 2024 en el que el Tribunal Constitucional reiteró que el derecho internacional no obligaba a España a hacerlo.
Dos años después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, el gobierno no la había aplicado íntegramente. Continuaron los trabajos forenses emprendidos en el Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos) para devolver los restos de víctimas del régimen de Franco a sus familias.
Violencia sexual y de género
Persistía la violencia de género, con 47 mujeres muertas a manos de su pareja o expareja durante el año y cinco más asesinadas por otros individuos en el primer semestre del año. Desde 2013, año en que se comenzó a llevar un registro, 62 menores de edad habían muerto de manera violenta en el contexto de la violencia de género contra sus madres. En 2024 fueron víctimas de homicidio nueve niños y niñas.
Derechos sexuales y reproductivos
El Tribunal Constitucional desestimó un recurso presentado contra una reforma de 2022 del Código Penal que prohibía a los grupos antiabortistas acosar a quienes solicitaran servicios de aborto. También desestimó otro recurso contra la ley del aborto y confirmó la eliminación del requisito de tres días de reflexión y el derecho a la interrupción del embarazo desde los 16 años de edad sin el consentimiento del padre, madre o persona con la tutela.
En mayo, el Parlamento votó en contra de una propuesta del Partido Socialista (PSOE) que tenía por objeto penalizar varios aspectos del trabajo sexual y ponía en peligro los derechos humanos de quienes lo ejercían.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Las condiciones de hacinamiento de los centros de recepción de las islas Canarias menoscababan los derechos de los menores migrantes no acompañados. El gobierno central planteó la reubicación obligatoria de estos niños y niñas por todo el país, pero la mayoría de las comunidades autónomas rechazaron la propuesta. En julio, el Parlamento votó en contra de reformar la Ley de Extranjería para permitir el traslado obligatorio de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas a fin de garantizar su bienestar.
En septiembre, la fiscal superior de Canarias anunció una investigación sobre denuncias de malos tratos infligidos a menores migrantes no acompañados en los centros de recepción de las islas.
En el aeropuerto de Madrid se sometió a personas refugiadas y solicitantes de asilo a penosas condiciones de recepción. En febrero, al menos 400 personas —principalmente de África y entre las que había 100 mujeres, algunas embarazadas, y niños y niñas— tuvieron que permanecer hacinadas en salas sin luz natural que no habían sido concebidas para tal fin. Pasaron varias semanas en detención allí. En septiembre, el gobierno denegó la entrada al país a activistas del Sáhara Occidental que habían solicitado protección a su llegada al aeropuerto.
Discriminación
En septiembre, la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2023 reveló un incremento del 300% en el número de investigaciones por crímenes de odio con respecto al año anterior y advirtió de la “excesiva crispación y polarización” presente en el discurso político, que fomentaba la propagación de desinformación contra migrantes y otras minorías.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
En julio, el Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos presentados por el gobierno contra varios artículos de la legislación sobre la identidad de género (Ley 3/2016) y sobre las personas trans (Ley 2/2016) aprobados en 2023 por la Comunidad Autónoma de Madrid. El Tribunal suspendió cautelarmente los artículos impugnados, que preveían la práctica de terapias de conversión y la evaluación psicológica o psiquiátrica obligatoria antes de iniciar un proceso de transición si la persona era menor de edad.
Vigilancia masiva
En julio, Amnistía Internacional solicitó información al gobierno después de que la policía nacional confirmara que llevaba usando tecnología de reconocimiento facial al menos desde agosto de 2023. Según informes, la policía tenía perfiles de 4,4 millones de personas detenidas en su base de datos.