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RUMANIA 2021

Se eliminó la prescripción de varios delitos, entre ellos el de tortura. Las ONG expresaron preocupación en relación con el ejercicio del derecho a la libertad expresión, de asociación y de reunión pacífica. El personal sanitario reclamó mayor protección frente a la COVID-19. Los medios de comunicación pusieron al descubierto expulsiones sumarias violentas de personas refugiadas y migrantes en las fronteras. La población romaní y las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación sistémica. Se cerró una investigación sobre la entrega ilegal y tortura de Abd al Rahim al Nashiri por la CIA.

Información general

En mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que Rumania debía acatar los compromisos previos a la adhesión a la Unión Europea (UE) de abordar la corrupción y cumplir los criterios de la UE para garantizar un sistema jurídico justo, incluidas salvaguardias contra la injerencia política. En junio, la Comisión Europea informó de una tendencia positiva en relación con las reformas judiciales y la lucha contra la corrupción.

Libertad de expresión, asociación y reunión

En junio, decenas de organizaciones de la sociedad civil escribieron al ministro de Justicia para expresar su deseo de participar plenamente en la revisión del marco regulador para asociaciones y fundaciones emprendida por el gobierno. Pedían que los procedimientos simplificados se compensaran con garantías adecuadas frente a decisiones discrecionales que pudieran amenazar a las ONG.

En agosto se impuso una multa a los organizadores del Orgullo de Bucarest debido a que se habían sumado a la marcha más personas de las 500 permitidas. La ONG Accept impugnó la multa alegando que las restricciones de asistencia basadas en la COVID-19 eran desproporcionadas. En julio, varias ONG habían expresado su preocupación por que las restricciones impuestas sobre las protestas no se aplicaban igualmente a los actos deportivos, culturales, religiosos y familiares.

La Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo interrogó en mayo a los periodistas que investigaban presuntas irregularidades y corrupción en el uso de fondos públicos, a raíz de la denuncia penal presentada por un alcalde que los acusaba de organización de un grupo delictivo y chantaje, delitos penados con hasta cinco años de prisión. Las ONG advirtieron de que se había sentado un precedente peligroso que podía socavar el derecho a la libertad de expresión. La fiscalía archivó la denuncia contra los periodistas en junio.

Seguía pendiente ante el Parlamento un proyecto de ley sobre la protección de denunciantes de irregularidades de interés público que excluía a quienes las denunciaban en el sector privado. El Ministerio de Justicia fue criticado por desoír varias reformas propuestas por ONG, que incluían reformas en la provisión de asistencia letrada gratuita y la capacidad de quienes denunciaban irregularidades para informar directamente a la prensa.

Derecho a la salud

La pandemia de COVID-19 ejerció una presión inmensa sobre un sistema de salud ya desbordado y falto de financiación. En marzo de 2021, el personal sanitario se manifestó para reclamar un aumento del presupuesto para sanidad, mayor protección frente a la COVID-19, una subida de los salarios y la reducción de la edad de jubilación.

Al terminar el año, el 40% de la población había recibido la pauta vacunal completa y la aceptación de la vacuna se había estabilizado. Rumania registró la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta de la región y una de las más altas del mundo.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En octubre, una investigación realizada por Lighthouse Reports puso al descubierto cómo las autoridades rumanas —y las de otros países de la UE— habían detenido con violencia a personas migrantes y solicitantes de asilo para devolverlas sumariamente a países de fuera de la UE.

Discriminación

Derechos de la comunidad romaní

En enero entró en vigor una ley que penalizaba los crímenes de odio contra romaníes. La población romaní continuaba sufriendo acoso, tanto en Internet como en la esfera pública, así como discriminación —incluida segregación— en la educación, la vivienda y el empleo.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales seguían sufriendo discriminación sistémica. En enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Rumania había violado los derechos de dos personas trans al negarse a reconocer su identidad de género porque no se habían sometido a cirugía de reasignación de sexo. Según el Tribunal, el marco jurídico no estaba claro ni era coherente en este ámbito.

En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que las autoridades habían incumplido su deber de proteger a las personas que asistían a la proyección de una película LGBTI en octubre de 2013 frente a los militantes ultraderechistas que habían irrumpido en el acto profiriendo amenazas e insultos homófobos.

En julio, varias ONG expresaron su preocupación ante la intención de ciertas figuras políticas de proponer legislación antiLGBTI. Siguieron sin reconocerse las uniones y el matrimonio entre personas del mismo sexo. En septiembre, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión Europea que abordara el incumplimiento por Rumania de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2018 sobre la necesidad de armonizar la legislación nacional para garantizar libertad de circulación y residencia a las parejas del mismo sexo.

Tortura y otros malos tratos

En marzo, las autoridades cerraron una investigación sobre la entrega ilegal, detención secreta y tortura de Abd al Rahim al Nashiri en un “lugar negro” de la CIA en Rumania. En 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había concluido que Rumania había albergado ese centro secreto y era cómplice en la tortura y desaparición forzada de Abd al Rahim al Nashiri. Las autoridades continuaron negándose a admitir su complicidad y a reconocer la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Abd al Rahim al Nashiri seguía detenido en Guantánamo sin juicio y podría ser condenado a muerte.