Canadá 2025
Persistían el racismo y la discriminación sistémicos contra la población negra y racializada. Se violaron los derechos de las personas migrantes y refugiadas mediante leyes restrictivas y devoluciones efectuadas en virtud del Acuerdo de Tercer País Seguro. Las personas de dos espíritus, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer, en proceso de cuestionamiento de su sexualidad y género, intersexuales y asexuales (2SLGBTQQIA+, por sus siglas en inglés) sufrían discriminación y violencia. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se veía amenazado por nueva legislación. Canadá continuó financiando proyectos de combustibles fósiles.
Discriminación
Las personas negras sufrían discriminación en el sistema de justicia penal, donde tenían una presencia desproporcionada y, pese a presentar un índice de reincidencia bajo, a la hora de decidir si se las ponía en libertad, eran evaluadas de manera injustificada como personas con escaso potencial de reintegración. En febrero y marzo, Canadá publicó sendos proyectos — el Plan de Implementación de la Estrategia de Justicia para la Población Negra y la Estrategia de Justicia Indígena— que abordaban la discriminación sistémica, el racismo contra la población negra y la presencia desproporcionada de personas negras e indígenas en el sistema de justicia penal, incluso como víctimas de delitos. El plan de implementación de la Estrategia de Justicia Indígena estaba aún elaborándose al concluir el año. Los índices de encarcelamiento de personas indígenas —en particular de mujeres— seguían siendo desproporcionadamente elevados. El gobierno de Quebec continuó negando la existencia de racismo sistémico en la provincia.
En julio, la Corte Suprema ratificó una restrictiva legislación sobre el trabajo sexual. La pervivencia de la penalización del trabajo sexual y las actividades conexas dejó a las personas que se dedicaban a él expuestas a sufrir abusos, violencia, redadas de deportación y otros daños. Al concluir el año, la Corte de Apelaciones de Ontario no había resuelto aún un recurso de inconstitucionalidad presentado por personas que se dedicaban al trabajo sexual.
Se aplicó o se amenazó con aplicar cada vez más la cláusula derogatoria de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades —un mecanismo que impedía a los tribunales anular legislación que contraviniera las disposiciones de la Carta— en relación con legislación dirigida contra las personas transgénero, las minorías religiosas y las personas sin hogar.
El gobierno de Quebec presentó un proyecto de ley que prohibía al personal remunerado y voluntario de todas las escuelas y de las guarderías gestionadas por el Estado llevar símbolos religiosos, y que invocaba preventivamente las cláusulas derogatorias provincial y federal para eludir posibles problemas de inconstitucionalidad.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Canadá siguió devolviendo a personas refugiadas a Estados Unidos, donde sufrían violaciones de derechos, en aplicación del Acuerdo de Tercer País Seguro, que impedía a la mayoría de quienes entraban en Canadá desde Estados Unidos solicitar protección como personas refugiadas. Se interpuso un recurso judicial alegando que la aplicación del Acuerdo de Tercer País Seguro era inconstitucional, porque violaba los derechos de las personas refugiadas y hacía caso omiso de una sentencia de la Corte Suprema de 2023, al permitir la devolución de personas refugiadas en situación de riesgo a Estados Unidos, donde corrían peligro. Seguían en curso otros recursos de inconstitucionalidad contra el Acuerdo.
En junio, el gobierno de Canadá presentó el proyecto de ley C-2, que socavaba el derecho de las personas solicitantes de asilo a una evaluación justa de su solicitud de protección, permitía al gobierno revocar sin el debido proceso documentos de inmigración y ampliaba las facultades policiales para obtener información personal sin una orden judicial. En octubre, el gobierno presentó el proyecto de ley C-12 para tramitar por la vía rápida aspectos problemáticos del C-2.
En julio, el gobierno empezó a utilizar una prisión federal como centro de detención de inmigrantes, y en septiembre, dejó de usar prisiones provinciales para ello.1
En marzo se cerró el programa de visados de residencia temporal en virtud de las Medidas Especiales para Familias Ampliadas de Gaza. Persistía la preocupación por los retrasos en la tramitación, la complejidad de las solicitudes y otros obstáculos para la evacuación. A pesar de que Canadá había recibido 5.000 solicitudes, en el país entraron menos de 1.000 personas palestinas. Muchas de ellas tenían dificultades para acceder a ayuda esencial, como atención sanitaria (que en Quebec se les seguía negando), vivienda, educación y servicios de salud mental.
Pesa a los abusos generalizados y al riesgo inherente de explotación laboral y discriminación de las personas trabajadoras migrantes racializadas que comportaba el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales, las autoridades no abolieron los permisos de trabajo cerrados que vinculaban a las personas migrantes con las entidades para las que trabajaban. El gobierno introdujo restricciones para reducir la cifra de trabajadores y trabajadoras migrantes y la duración de sus visados, lo que precarizaba aún más su situación.
En contravención de una decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Canadá continuó negando atención sanitaria esencial a las personas que estaban en situación migratoria irregular. Había en marcha un recurso judicial contra esa medida.
El gobierno de Quebec continuó con la batalla legal que había emprendido (hasta llegar a la Corte Suprema en mayo) para despojar de los servicios subvencionados de guardería a las personas solicitantes del estatuto de refugiado.
Violencia por motivos de género
El proyecto de ley C-63 (sobre los perjuicios en Internet) no adquirió rango de ley tras la disolución del Parlamento en enero. Penalizaba las conductas perjudiciales, pero su ejecución dependía en gran medida de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, pues no proporcionaba medios alternativos para interponer recursos. El gobierno federal planeaba modificar la legislación propuesta. Mientras tanto, siguió aumentando la violencia de género facilitada por la tecnología contra las mujeres negras, indígenas y de otros grupos racializados, así como contra las personas 2SLGBTQQIA+.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
Persistía la violencia contra la población 2SLGBTQQIA+, especialmente contra jóvenes transgénero. Alberta continuó restringiendo su participación en el deporte, el uso de un nombre y un género gramatical elegidos y, aunque un mandamiento judicial lo protegía temporalmente, el acceso a atención médica de afirmación de género. En la provincia de Saskatchewan, la legislación seguía limitando en las escuelas el uso de un nombre y un género gramatical elegidos. En Ontario se respondió a protestas contra la atención médica de afirmación de género con contramanifestaciones en favor de los derechos de las personas transgénero.
Derechos de los pueblos indígenas
Se aprobaron nuevos proyectos de ley que suponían una amenaza para el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, pues aceleraban la aprobación de grandes proyectos de infraestructura. En junio, el gobierno federal aprobó el proyecto de ley C-5 para dinamizar los proyectos nacionales. En mayo, la Columbia Británica aprobó los proyectos de ley 14 y 15 para agilizar los proyectos de infraestructura, y Ontario aprobó el proyecto de ley 5, que otorgaba amplias facultades para aprobar proyectos relacionados con recursos considerados vitales para su economía. Las organizaciones indígenas y de la sociedad civil se opusieron a esas medidas legislativas.
En febrero, un tribunal de Columbia Británica resolvió que la policía había violado los derechos humanos de dos defensoras y un defensor de la tierra indígenas durante su detención en 2021. En octubre, esas mismas personas fueron condenadas a realizar tareas comunitarias por oponerse al gasoducto de Coastal GasLink en territorio wet’suwet’en.
Canadá concluyó las negociaciones para un tratado de libre comercio con Ecuador sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados.
Libertad de expresión y de reunión
Se propuso legislación que establecía nuevos delitos de odio y zonas de exclusión de protestas en torno a espacios como centros médicos, lugares de culto, escuelas e instalaciones culturales y deportivas. Dichos proyectos de ley y reglamentos amenazaban con criminalizar la libertad de expresión y de reunión pacífica mediante sanciones excesivas, imposición de etiquetas estigmatizantes y reducción de la supervisión de la actuación policial. Seguía preocupando que tales iniciativas fueran dirigidas principalmente contra quienes se manifestaban en favor de Palestina.
Transferencias irresponsables de armas
Continuó la suspensión de la concesión de nuevas licencias de exportación de material militar a Israel, aunque no se dio aviso oficial a las entidades exportadoras. Había alrededor de 30 licencias de exportación suspendidas, pero al menos 180 continuaron activas. Continuó la exportación de material militar a Israel a través de Estados Unidos.
Derecho a un medioambiente saludable
Canadá perdió más de 8,9 millones de hectáreas en incendios forestales. Se emitieron varias alertas urgentes para advertir a millones de personas de la mala calidad del aire derivada del humo generado. A fecha de agosto de 2025, las emisiones de carbono de los incendios habían alcanzado los 180 millones de toneladas. Dos personas murieron a causa de los incendios y cerca de 50.000 fueron evacuadas.
A pesar de las devastadoras consecuencias del cambio climático, Canadá proporcionó miles de millones de dólares canadienses a proyectos de combustibles fósiles y productos petroquímicos mediante financiación directa, subvenciones, exenciones fiscales y otras ayudas económicas y normativas. Canadá se comprometió a financiar la tecnología de captura de carbono, pese a que su impacto en las emisiones era mínimo. En julio comenzaron a funcionar las primeras grandes instalaciones de exportación de gas natural licuado de Canadá, y había cinco proyectos más en desarrollo en este sector.
Un tribunal de Quebec dictó sentencias condenatorias contra activistas del clima por protestar contra la inacción frente al cambio climático.