Las autoridades impidieron la celebración de reuniones pacíficas. Se liberó a centenares de manifestantes cuya detención se había realizado en el contexto de las elecciones presidenciales de 2020, y se llevaron a cabo investigaciones sobre la violencia que había tenido lugar durante ese periodo. El derecho a la alimentación se vio comprometido por el aumento del 8,8% en el precio de los productos básicos. Se demolieron las casas de miles de personas sin que se les proporcionara una vivienda alternativa. El gobierno adoptó medidas para impulsar el número de vacunaciones contra la COVID-19. La Asamblea Nacional aprobó una ley que eliminaba para las sobrevivientes de violencia de género el requisito de pagar por un certificado médico para presentar una denuncia.
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