Costa De Marfil 2024
Se restringía el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica tanto en la ley como en la práctica. Una nueva ordenanza amenazaba el derecho a la libertad de asociación y perjudicaba a las organizaciones de la sociedad civil. Una ley por la que se reformaba el Código Penal endureció las penas por actos de tortura. Miles de familias se vieron afectadas por desalojos forzosos en Abiyán. Algunas disposiciones legales contravenían los derechos de las mujeres. Suscitaba preocupación la persistencia del trabajo infantil. El gobierno recibió un préstamo del Fondo Monetario Internacional para preparar su transición energética.
Información general
Las tensiones políticas aumentaron en el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2025. En agosto, el líder del movimiento Generaciones y Pueblos Solidarios (GPS) Kando Soumahoro fue condenado a tres años de prisión, uno de ellos con carácter condicional. La sentencia condenatoria guardaba relación con su pertenencia a GPS, plataforma creada por el ex primer ministro exiliado Guillaume Soro y suspendida en 2021.
En junio, las intensas lluvias causaron inundaciones y corrimientos de tierras. Al menos 24 personas murieron en Abiyán, según la Oficina Nacional de Protección Civil.
En agosto se habían registrado más de 56.000 solicitudes de asilo de personas que habían huido del conflicto en Burkina Faso.
Libertad de expresión y de reunión pacífica
Continuaban en vigor disposiciones legales que contravenían las normas internacionales de derechos humanos al imponer penas de prisión por actos que no deberían constituir delito. El artículo 183 del Código Penal establecía “una pena de entre uno y tres años de prisión” por publicar, difundir, divulgar o reproducir “por cualquier medio noticias falsas […] cuando de ello se deriv[as]e o pu[dier]a derivarse incumplimiento de las leyes, daño a la moral pública o descrédito de las instituciones o de su funcionamiento”. Los artículos 197 a 199 disponían pena de prisión para quien organizara una manifestación no anunciada o participara en ella.
En septiembre, la policía reprimió violentamente una marcha —prohibida previamente por las autoridades— en Abiyán y detuvo a unas 20 personas. El movimiento Actuar por el Pueblo había organizado el acto para protestar contra el elevado costo de la vida y los desalojos forzosos.
Libertad de asociación
El 12 de junio, el gobierno aprobó una ordenanza para regular las actividades de las organizaciones de la sociedad civil con el objetivo expreso de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Las organizaciones afectadas por la norma debían presentar anualmente informes de sus actividades y de los proyectos en marcha, si se les solicitaban. La ordenanza también permitía a las autoridades disolver por decreto las organizaciones, sin mecanismos de apelación. La iniciativa fue denunciada por algunas ONG marfilenses que temían que las autoridades hicieran uso de la ley para inmiscuirse en sus finanzas y controlar sus actividades.
Tortura y otros malos tratos
En sus observaciones finales, publicadas en agosto, el Comité de la ONU contra la Tortura acogió con satisfacción la adopción de la Ley núm. 2024-358 de 11 de junio de 2024 de reforma del Código Penal, que endurecía las penas por actos de tortura cometidos por funcionarios públicos o por cualquier persona a instigación suya o con su consentimiento. Sin embargo, el Comité expresó preocupación por una disposición del Código Penal que podría conceder a los jueces margen para admitir pruebas obtenidas mediante coacción o tortura.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En marzo, el Consejo de Estado declaró que carecía de competencia para fallar en una demanda presentada en 2019 por organizaciones de derechos humanos en la que se solicitaba la derogación de una ley de amnistía de 2018. La ley beneficiaba a cientos de personas acusadas o condenadas por delitos cometidos durante la violencia poselectoral de 2011.
Desalojos forzosos
En enero se iniciaron en Abiyán operaciones en gran escala para demoler vecindarios y desalojar a sus habitantes en lugares considerados en riesgo de inundación. El barrio de Boribana fue demolido en enero, los de Gesco y Banco 1 en febrero y Abattoir en junio, en el marco de un plan del Distrito Autónomo de Abiyán para demoler 176 emplazamientos. A miles de familias afectadas no se las había consultado de forma significativa sobre las condiciones de su desalojo ni se les había dado notificación adecuada antes de las demoliciones. La mayoría de las familias y de los propietarios tampoco habían recibido indemnización previa ni habían sido realojados.1 El 21 de noviembre, las autoridades decidieron suspender las operaciones de desalojo y se comprometieron a tomar medidas para reubicar e indemnizar a las personas afectadas.
Derechos de las mujeres y de las niñas
Continuaban en vigor disposiciones legales que contravenían los derechos de las mujeres, como el artículo 403 del Código Penal, que permitía la impunidad de los hombres que violaran a sus esposas al afirmar que la presunción de consentimiento era válida a menos que se demostrase lo contrario.
En junio, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda del Código Penal para permitir el aborto en caso de incesto, cuando antes sólo era posible en caso de violación o cuando la vida de la madre estuviera en peligro.
Derechos de la infancia
En su informe de julio, el relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud expresó su preocupación por la persistencia del trabajo infantil, especialmente en el sector de la minería artesanal del oro y en la agricultura y el trabajo doméstico.
Derecho a un medioambiente saludable
En febrero, el Fondo Monetario Internacional concedió un préstamo de 1.300 millones de dólares estadounidenses para ayudar a Costa de Marfil a mejorar la resiliencia climática y la transición a las energías renovables. La financiación tenía por objeto mejorar la gobernanza de las políticas climáticas, crear un marco para una economía verde y sostenible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; sin embargo, aumentaba la carga de la deuda del país.