ZAMBIA 2021
Las tensiones entre partidos se intensificaron en el periodo previo a las elecciones. Hubo simpatizantes de los partidos que sometieron a sus adversarios a violencia extrema, y se cometieron homicidios políticos. La policía usó munición real contra participantes en manifestaciones preelectorales. Un agente de policía fue a juicio en relación con el homicidio en 2020 de dos manifestantes desarmados, pero muchos otros continuaron disfrutando de impunidad. Las autoridades utilizaron las leyes y las instituciones del Estado para restringir los derechos humanos e intimidar a quienes criticaban al gobierno. Hubo profesionales médicos que sufrieron acoso y enjuiciamientos por protestar contra las deficientes condiciones de trabajo. Las personas con albinismo sufrían ataques violentos. Las niñas corrían un peligro especial de ser víctimas de la ampliamente extendida violencia de género.
Información general
El Partido Unido para el Desarrollo Nacional, principal partido de la oposición, derrotó al Frente Patriótico en las elecciones generales del 12 de agosto y puso fin a sus 10 años de gobierno.
Según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, aproximadamente 1,18 millones de personas se enfrentaban a inseguridad alimentaria aguda en el tercer trimestre del año. En septiembre, la deuda externa de Zambia era de 12.910 millones de dólares estadounidenses. La inflación se disparó y, después de las elecciones, el kwacha zambiano se apreció.
Libertad de expresión
Oponentes políticos
Las autoridades siguieron reprimiendo el derecho a la libertad de expresión y vulnerando los derechos humanos de presuntos oponentes políticos. En abril, unos simpatizantes del Frente Patriótico pidieron públicamente la detención de Sishuwa Sishuwa, profesor de la Universidad de Zambia, por cargos de sedición tras publicar éste un artículo en el periódico digital News Diggers en el que se abordaba la posibilidad de que se produjeran disturbios durante las elecciones de agosto. Ese mismo mes, la universidad anunció erróneamente que el profesor no era uno de sus empleados.
El Estado utilizó las leyes sobre difamación criminal para intimidar y silenciar a quienes criticaban al gobierno. En enero, los hermanos Victor y Nicholas Sankisa, de la provincia Occidental, fueron detenidos por usar presuntamente un lenguaje insultante contra el presidente. Los mismos cargos se formularon en mayo contra Chilufya Tayali, líder del Partido de la Economía y la Equidad, tras haber publicado éste un vídeo en el que acusaba al presidente de alentar la agitación antes de las elecciones.
Fred Manyaa y Steven Phiri fueron condenados en abril a tres y un año de prisión, respectivamente, con trabajos forzados, por insultar al entonces presidente Lungu. Sus sentencias condenatorias estaban relacionadas con incidentes ocurridos en marzo de 2018 y marzo de 2019, respectivamente.
El presidente promulgó en marzo la Ley de Ciberdelincuencia y Ciberseguridad, que suscitó críticas generalizadas por contener disposiciones que podían usarse para actuar contra personas que criticaban al gobierno, reprimir el derecho a la libertad de expresión y permitir la vigilancia del ciberespacio. En abril, cinco organizaciones de la sociedad civil presentaron una petición ante el Tribunal Constitucional en la que argumentaban que la ley violaba los derechos humanos garantizados por la Constitución.
El secretario permanente del Ministerio de Información y Servicios Audiovisuales amenazó con cerrar Internet antes del día de la jornada electoral. El día de las elecciones hubo un cierre parcial que afectó al funcionamiento de aplicaciones de redes sociales tales como Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp. Las organizaciones de la sociedad civil impugnaron la medida, y el tribunal superior ordenó el restablecimiento de los servicios de Internet el 13 de agosto.
Periodistas y medios de comunicación
Continuaron los ataques, la intimidación y el hostigamiento de las autoridades contra las emisoras de radio en las que intervenían figuras de la oposición y, en algunos casos, esos actos se saldaron con daños a bienes de dichas emisoras. En febrero, los activistas del Frente Patriótico intentaron interrumpir un programa de Liberty Radio en el que intervenía Harry Kalaba, líder del Partido Democrático, y causaron daños en bienes de la emisora. Además, ese mismo mes interrumpieron un programa en directo de Radio Luswepo en el que intervenía Harry Kalaba, y también en ese caso causaron daños a bienes del estudio. En marzo, también dispararon gas lacrimógeno contra el estudio de Radio Chete en Nakonde por emitir un programa en el que intervenía el presidente provincial del Partido Unido para el Desarrollo Nacional. En junio, unas personas no identificadas prendieron fuego de madrugada a la emisora de radio Kalungwishi FM, en el distrito de Chiengi.
Las autoridades siguieron intentando cerrar destacados medios de comunicación privados, y recurrieron a la Autoridad Independiente de Radiodifusión para intimidarlos, hostigarlos y amenazarlos con el cierre por organizar debates con partidos políticos de la oposición, alegando que incurrían en “conducta no profesional”. La Autoridad Independiente de Radiodifusión emitió varias amonestaciones contra Muvi TV, que en mayo recibió un último apercibimiento.
En mayo, los periodistas Francis Mwiinga y Nancy Malwele, que informaban sobre conflictos internos entre facciones del Frente Patriótico, resultaron heridos en un ataque de simpatizantes de ese partido que también se incautaron de su equipo profesional. En julio, unos activistas del Partido Unido para el Desarrollo Nacional atacaron al periodista Victor Mwila, del distrito de Ikelen’gi. Las autoridades le restituyeron más tarde el equipo que le habían quitado sus agresores.
En agosto, la Autoridad Independiente de Radiodifusión concedió a Prime Television una licencia de actividad, 16 meses después de habérsela retirado por motivos de “interés público”.
Libertad de reunión
El ex agente de policía Jeyson Musonda fue detenido el 2 de junio por llevar a cabo una manifestación unipersonal contra el inspector general de la Policía y contra la manera en que éste utilizaba a agentes policiales para cometer abusos contra la población.
La policía amenazó con detener a Brian Sampa, presidente de la Asociación de Médicos Residentes de Zambia, tras haber organizado una reunión el 19 de mayo en la que se convocó una huelga por las deficientes condiciones laborales y los atrasos en el pago de salarios y complementos del personal médico. El 30 de mayo, cuando comenzó la huelga, la policía detuvo a Chikonde Mukula, secretario general de la asociación, y lo acusó de espionaje. Los cargos se retiraron posteriormente tras la intervención de activistas de la sociedad civil. En junio, Brian Sampa fue despedido de un cargo público por el Ministerio de Salud por incitar a los profesionales médicos a participar en una semana de trabajo lento. Ese mismo mes, el inspector general de la Policía amenazó con detener a toda persona que asistiera a reuniones a través de Zoom, en virtud de la ley sobre ciberdelincuencia promulgada poco antes.
Las tensiones se intensificaron antes de las elecciones, y los activistas del Frente Patriótico y del Partido Unido para el Desarrollo Nacional protagonizaron actos de violencia. La policía usó munición real y gas lacrimógeno el 5 de junio en la provincia de Copperbelt para dispersar a simpatizantes desarmados del Partido Unido para el Desarrollo Nacional que acompañaban al convoy del líder del partido, Hakainde Hichilema. El 15 de junio, la Comisión Electoral de Zambia suspendió las campañas electorales durante 14 días en los distritos de Lusaka, Mpulungu, Nakonde y Namwala.
En julio, un candidato municipal del Partido Socialista fue asesinado por hombres no identificados que después prendieron fuego a su cadáver. Ese mismo mes, dos jóvenes del Frente Patriótico fueron asesinados en la barriada de Kanyama por presuntos simpatizantes del Partido Unido para el Desarrollo Nacional. Tras sus muertes, el presidente Lungu desplegó el ejército, la fuerza aérea y las fuerzas del servicio militar para ayudar a la policía en el mantenimiento del orden público durante el periodo previo a las elecciones. Jackson Kungo, presidente del Frente Patriótico en la provincia Noroccidental, fue asesinado el día de las elecciones. Se sospechaba que sus asesinos eran activistas del Partido Unido para el Desarrollo Nacional. Varias personas más, acusadas de intentar amañar las elecciones en Solwezi, fueron maltratadas y heridas.
Homicidios ilegítimos e impunidad
El agente de policía Fanwell Nyundu fue detenido en febrero por dos cargos de asesinato, y en noviembre fue a juicio. Los cargos estaban relacionados con la muerte en diciembre de 2020 de dos manifestantes desarmados después de que la policía abriera fuego contra simpatizantes del Partido Unido para el Desarrollo Nacional que se habían congregado en solidaridad con Hakainde Hichilema en la capital, Lusaka.
En junio, el pesquisidor concluyó que la policía era responsable del homicidio ilegítimo de Frank Mugala, de 14 años, cuando regresaba de la escuela a su casa en Lusaka en febrero de 2020. Aunque el tribunal ordenó que se tomaran medidas contra los acusados, al terminar el año no se había practicado detención alguna.
Derecho a la salud
La Asociación Médica de Zambia reveló que 16 profesionales de la medicina habían muerto a consecuencia de la COVID-19 entre enero y marzo. Zambia encontró dificultades para recibir vacunas contra la COVID-19 debido a la escasez mundial, lo que demoró el programa de vacunación, que comenzó finalmente el 14 de abril tras recibir el país 228.000 dosis. Se concedió prioridad a la vacunación del personal sanitario de primera línea. El segundo lote de vacunas no llegó hasta julio, durante la tercera ola de la pandemia.
Discriminación
Personas con albinismo
Las personas con albinismo continuaron siendo objeto de ataques violentos y mutilaciones debido a ideas falsas y supersticiosas acerca de esa condición genética. En junio, unos delincuentes organizados que se hacían pasar por agentes de policía atacaron una vivienda en el distrito de Senga y mutilaron a una niña de dos años. En julio, dos hombres amputaron un dedo a un niño de nueve años, familiar de uno de ellos. Uno de los hombres huyó, y el otro fue detenido y estaba en espera de juicio.
Violencia sexual y de género
Según un informe del Servicio de Policía de Zambia, en el primer semestre del año se denunciaron 4.000 casos de violencia de género, de los que 804 fueron delitos sexuales. De éstos, 590 se cometieron contra niñas. Hubo un total de 576 casos de “desfloración”, 571 contra niñas y 5 contra niños.
En un caso que pareció obedecer a motivos políticos, una mujer fue violada en un autobús que se dirigía a Kafue por hombres no identificados que afirmaron que de ese modo castigaban al gobierno del Frente Patriótico.