Zambia 2022
El gobierno se comprometió a derogar la Ley sobre Difamación del Presidente, modificar la Ley de Orden Público y abolir la pena de muerte. Las personas con albinismo sufrían ataques violentos, y los derechos de las personas LGBTI estaban cada vez más amenazados. Aumentó la violencia de género, que afectaba de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas. Niños, niñas y mujeres continuaron solicitando una indemnización por los daños a su salud causados por la minería de plomo. El gobierno cumplió su promesa de instaurar la educación gratuita. El derecho a la vivienda se violó mediante desalojos forzosos.
Información general
La secretaria general de Amnistía Internacional visitó Zambia en marzo para examinar los avances del gobierno en la implementación del programa electoral en materia de protección de los derechos humanos, entre otras cuestiones.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
Se registraron avances positivos en la salvaguardia del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacíficas. El 9 de septiembre, el presidente Hichilema anunció que las reformas de la Ley de Orden Público y la derogación de la Ley sobre Difamación del Presidente se presentarían en el siguiente periodo de sesiones parlamentario, en enero de 2023. La Ley de Orden Público se había empleado durante mucho tiempo para limitar el derecho a la libertad de reunión pacífica de los partidos de oposición y de las organizaciones de la sociedad civil. El artículo 5.4 de dicha ley disponía que toda persona que pretendiera reunirse o convocar una reunión pública, marcha o manifestación debía notificárselo a la policía con siete días de antelación, aunque la aprobación formal de las autoridades no era necesaria. Sin embargo, la policía interpretaba que esta disposición exigía el permiso previo para que pudiera celebrarse cualquier reunión pública.
Históricamente, la Ley sobre Difamación del Presidente, establecida en virtud del artículo 69 del Código Penal, se había empleado para silenciar cualquier crítica al presidente. La Ley preveía una pena máxima de tres años de prisión para cualquier persona declarada culpable de hacer públicos materiales difamatorios o insultantes, ya fueran escritos, impresos u orales, con la intención de ridiculizar al presidente o de incitar al odio o al desprecio hacia él.
La policía continuó empleando la Ley para detener a personas críticas con el gobierno y a dirigentes de la oposición, lo que amenazaba aún más el derecho a la libertad de expresión. En enero, Raphael Nakacinda, del Frente Patriótico, principal partido de la oposición, fue arrestado por difamar al presidente. Su detención se efectuó después de que afirmara en plena campaña electoral en la zona de Mapoloto, en Chilenje (un barrio residencial de la capital, Lusaka), que el presidente y sus “amigos extranjeros” planeaban desalojar a los residentes de Mapoloto para construir un centro comercial.
El 24 de junio, Justine Chimpinde y Danny Kapambwe, del distrito de Chienge (provincia de Luapula), fueron condenados a 24 meses de prisión con trabajos forzados por insultar al presidente en TikTok. Antes de recibir la sentencia condenatoria, ambos fueron golpeados bajo custodia por militares armados. El 1 de septiembre, Sean Tembo, líder del partido de oposición Patriotas por el Progreso Económico, fue arrestado por criticar las subidas mensuales del precio de los combustibles dictadas por el presidente. Pasó seis días recluido en la comisaría policial de Woodlands, en Lusaka, antes de que se presentaran cargos contra él y de quedar en libertad bajo fianza. La policía lo culpó de su prolongada detención afirmando que el político no había querido que se presentaran cargos contra él sin la presencia de sus abogados.
Pena de muerte
El 24 de mayo, el presidente Hichilema se comprometió a trabajar con la Asamblea Nacional para abolir la pena capital y conmutó por cadena perpetua las penas de 30 condenados a muerte, y el 9 de septiembre reiteró este compromiso en su discurso de apertura del segundo periodo de sesiones del Parlamento.
Discriminación
Personas con albinismo
Las personas con albinismo eran objeto de ataques violentos y mutilaciones debido a ideas falsas y supersticiosas acerca de esa condición genética. En enero, un miembro de una unidad local de prevención de la delincuencia descubrió que se había profanado la tumba de un niño de 12 años a cuyo cadáver le habían amputado una mano. La policía que acudió al lugar del delito, en el cementerio de la localidad de Mungwalala, en el distrito de Chama (provincia Oriental), confirmó que la tumba y el cadáver habían sido manipulados. Al finalizar el año no se había identificado a los perpetradores.
El 25 de junio, 3 hombres le amputaron un dedo índice a un niño de 10 años en el distrito de Mkushi (provincia Central), mientras sus padres estaban en la iglesia. La policía inició la búsqueda de un sospechoso —identificado únicamente como “Kendrick” y que al parecer era un residente local— y de otros 2 hombres cuya identidad todavía no se había determinado, por lesiones graves.
Personas LGBTI
Los derechos de las personas LGBTI estaban cada vez más amenazados por cuanto que cargos gubernamentales, dirigentes de organizaciones religiosas y otros miembros de la ciudadanía condenaban públicamente, en medios de comunicación dentro y fuera de Internet, las relaciones homosexuales consentidas. Los miembros del movimiento homófobo #BanNdevupaNdevu #BanHomosexuality, fundado por Brian Sampa, celebraron una protesta y utilizaron WhatsApp para llamar a la violencia contra sospechosos de ser gays y animar a matarlos. En mayo, el presidente Hichilema declaró que su gobierno, aunque respetaba y defendía los derechos humanos, no apoyaba los derechos de los gays, y justificó su postura con el argumento de que Zambia era una nación cristiana. El presidente realizó esta declaración a raíz de que las embajadas sueca y finlandesa izaran la bandera arcoíris junto a la de sus respectivos países para solidarizarse con los derechos de las personas LGBTI.
En septiembre, Lusaka July, un evento anual de moda y estilo de vida, suscitó más ataques contra los derechos de las personas LGBTI. En medios de comunicación y redes sociales se hicieron comentarios homófobos que identificaban el evento como una plataforma para promover la agenda LGBTI y daban a entender que se trataba de un ataque promovido por Occidente contra los valores religiosos y culturales de Zambia. Se hicieron llamamientos para que durante el evento se detuviera y acusara a cualquier persona cuya “vestimenta, comportamiento y aspecto” pudieran inducir a pensar que era gay o lesbiana. Otros comentarios culpaban a las personas LGBTI del aumento de las denuncias de violaciones de niños y hombres. El arzobispo católico de Lusaka acusó al presidente y a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de ignorar lo que según él era un aumento de los incidentes relacionados con las relaciones homosexuales consentidas.
Violencia por motivos de género
La violencia contra mujeres, niños y niñas seguía estando muy extendida. Las estadísticas del primer trimestre del año publicadas por el Servicio de Policía de Zambia mostraron que hubo 6.915 denuncias de violencia de género, frente a las 4.254 del mismo periodo del año anterior. De las 6.915 personas sobrevivientes, el 58,7% eran mujeres y el 25,6% menores de edad, de las que el 72,6% eran niñas. Las mujeres y las niñas conformaban el 77,3% de las personas sobrevivientes. El aumento continuó durante el segundo trimestre del año, con 7.589 casos denunciados, lo suponía un incremento de 1.441 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Entre enero y agosto se registraron 1.066 casos de abuso sexual infantil.
Degradación ambiental
El 9 de mayo, Amnistía Internacional y el Centro de Derecho Procesal de África Austral solicitaron intervenir en una demanda colectiva que estaba en curso en Sudáfrica y que había sido interpuesta por mujeres, niños y niñas de Zambia contra el gigante global de la minería Anglo American. Los demandantes pedían una indemnización por las secuelas generalizadas y a largo plazo de la intoxicación con plomo causada por la actividad minera en Kabwe, en la provincia Central.1
Derechos económicos, sociales y culturales
Derecho a la educación
En enero, el gobierno cumplió su promesa electoral de instaurar la educación primaria y secundaria gratuita. En julio, el Ministerio de Educación anunció la contratación de 30.496 docentes en un compromiso adicional para mejorar el sistema educativo y garantizar el derecho a la educación.
Derecho a la vivienda
El 20 de agosto, el consejo municipal de Chingola demolió más de 300 casas construidas en unos terrenos pertenecientes a la Autoridad de Aviación Civil en los alrededores del aeródromo de Kasompe, situado en ese distrito de la provincia de Copperbelt. El consejo municipal sostenía que no había asignado los terrenos y que las estructuras se habían levantado sin contar con la licencia urbanística de las autoridades locales. A las personas residentes afectadas no se les brindó la oportunidad de una verdadera consulta, ya que, según la información recibida, el consejo de Chingola se había reunido el 19 de agosto para planificar las demoliciones y éstas se llevaron a cabo a las 2 de la madrugada del día siguiente. El Estado no adoptó medidas pertinentes para garantizar la disponibilidad de opciones adecuadas de realojamiento o reasentamiento antes de llevar a cabo los desalojos forzosos. Tampoco proporcionó a las personas residentes ninguna forma de recurso jurídico ni asistencia letrada gratuita para quienes la necesitaban con objeto de solicitar reparación ante los tribunales.
Mientras se llevaban a cabo las demoliciones se prendió fuego a la vivienda del alcalde y a un hostal también de su propiedad. La policía detuvo a un hombre de 23 años y a un niño de 15, sospechosos de hallarse entre los responsables del incidente. Los residentes afectados por los desalojos acusaban al alcalde de haberles asignado los terrenos de forma ilegal.