ZAMBIA 2020
Las autoridades reprimieron el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación. Se hostigó a periodistas y a profesionales de medios de comunicación y de la abogacía. La policía hizo uso de la intimidación para hacer cumplir las restricciones a la libertad de circulación asociadas a la COVID-19. Se negó a niños y niñas su derecho a la información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos.
Información general
La deuda nacional superó los 228.000 millones de kwachas zambianos (11.000 millones de dólares estadounidenses) y se esperaba que aumentase como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Zambia incumplió el pago de su deuda tras el impago de un cupón de 42,5 millones de dólares de uno de sus eurobonos en noviembre.
En agosto, el ministro de Salud fue absuelto de cargos de corrupción relacionados con el uso indebido de fondos públicos asignados para la atención de la salud asociada a la COVID-19.
Las tensiones entre el partido gobernante, Frente Patriótico, y el opositor Partido Unido para el Desarrollo Nacional se acentuaron antes de las elecciones generales de 2021.
Las autoridades tomaron medidas para modificar la Constitución de 2016 con la introducción del Proyecto de Ley 10 de Enmienda, que no fue aprobado con la mayoría necesaria de dos tercios —111 votos—. Tanto organizaciones de la sociedad civil como ciudadanos independientes habían cuestionado las enmiendas por entender que menoscabarían el proceso democrático.
Libertad de expresión
La policía siguió haciendo uso de la Ley de Orden Público y otras disposiciones, así como de amenazas e intimidación, para reprimir la libertad de expresión.
En marzo, agentes de policía de la provincia Central detuvieron a un niño de 15 años y, en aplicación de disposiciones del Código Penal, lo acusaron de difamar al presidente, de quien presuntamente se había burlado en las redes sociales.
El fotógrafo Chella Tukuta fue detenido por la policía en junio, tras hablar públicamente sobre la corrupción oficial, y acusado de difamación criminal por hacer presuntamente comentarios despectivos sobre la ministra de Información y otros cargos gubernamentales; estuvo detenido en varias comisarías de policía de la capital, Lusaka, y Ndola durante un periodo de 10 días.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
En septiembre, Fumba Chama, Laura Miti y Bornwell Mwewa fueron absueltos en un juicio ante el tribunal de primera instancia de Livingstone de cargos formulados en virtud de la Ley de Orden Público. Fumba Chama había sido acusado de reunión ilegal tras organizar un foro de jóvenes sobre buena gobernanza, y Laura Miti y Bornwell Mwewa, de alteración del orden público y agresión a un agente de policía en relación con el mismo acto. Los tres habían sido detenidos en diciembre de 2019 y recluidos en la comisaría central de policía de Livingstone antes de ser puestos en libertad bajo fianza.
Periodistas
Las autoridades seguían obstaculizando la labor de periodistas y actuando contra medios de comunicación independientes.
El 21 de marzo se impidió a Jubilee Malambo, periodista de Prime Television, hacer su trabajo en Samfya cuando un grupo de militantes del Frente Patriótico amenazaron con romperle la cámara si tomaba fotografías de personas cuyas viviendas habían sido destruidas por las lluvias torrenciales.
El 9 de abril, la Autoridad Independiente de Radiodifusión canceló la licencia de Prime Television “en interés de la seguridad pública, la paz, el bienestar o el buen orden”. El mismo día, la policía acudió a la oficina de Prime Television en Lusaka y obligó al personal a salir del edificio. El incidente se produjo después de que el medio emitiera piezas informativas sobre la COVID-19 y el Proyecto de Ley 10.
Las autoridades también intentaron restringir las emisiones online. Tras afirmar públicamente que no regulaba la emisión de contenidos online, la Autoridad Independiente de Radiodifusión obligó a Spring TV en julio a obtener una licencia de actividad para poder emitir en Internet.
Miembros del Frente Patriótico hicieron uso de la violencia para impedir que los medios de comunicación emitieran programas en los que aparecían líderes y lideresas de la oposición. En mayo, dispararon gas lacrimógeno contra la emisora de radio comunitaria Isoka y Muchinga FM para impedir que emitieran entrevistas con Hakainde Hichilema, líder del Partido Unido para el Desarrollo Nacional.
Profesionales de la abogacía
Las autoridades seguían sometiendo a profesionales de la abogacía a intimidación y ataques violentos. En marzo, el secretario jefe en funciones de la judicatura prohibió al abogado constitucionalista John Sangwa comparecer ante los tribunales tras criticar éste el Proyecto de Ley 10 —que, entre otras cosas, podría conceder al presidente poderes excesivos— y tras no autorizar el Tribunal Constitucional una petición para impugnarlo.
En febrero, las personas que participaban en una reunión pública de la Asociación de Juristas de Zambia en relación con el Proyecto de Ley 10, celebrada en el hotel Intercontinental de Lusaka, fueron agredidas físicamente por una turba que además les robó sus pertenencias, y que, según se creía, estaba integrada por un grupo de militantes del Frente Patriótico.
Libertad de reunión
Las autoridades hicieron uso de la legislación, la intimidación y el hostigamiento para reprimir el derecho a la libertad de reunión. En junio, el presidente profirió amenazas contra miembros de organizaciones de la sociedad civil y cualquier otra persona que planease protestar contra la violación de su derecho a la libertad de expresión, y pidió al ministro del Interior que “se ocup[ase] de estos chicos”, de los que dijo que promovían la “anarquía”. El 30 de septiembre, el inspector general de la Policía afirmó que miembros de la sociedad civil y líderes tradicionales “incitaban a la anarquía”.
Mientras tanto, el partido gobernante desplegó un grupo de militantes conformado por sus seguidores jóvenes (cadres) que llevaron a cabo actos de violencia y otras tácticas de intimidación contra simpatizantes del Partido Unido para el Desarrollo Nacional y otras personas a fin de impedir y alterar la celebración de reuniones pacíficas, golpeándolos y destruyendo sus bienes.
En julio, atacaron a las personas que asistían al funeral de un simpatizante del Partido Unido para el Desarrollo Nacional en el cementerio de Mutumbi, en Lusaka.
Aunque en términos generales los autores de este tipo de ataques gozaban de impunidad, en agosto un militante fue condenado a dos años de prisión por agredir al ministro de Justicia en el mercado de Kabwata en 2019.
Uso excesivo de la fuerza
La policía empleó tácticas de intimidación, hostigamiento y detención arbitraria para hacer cumplir las restricciones de la circulación de personas impuestas con motivo de la COVID-19 y, en algunas ocasiones, para impedir protestas pacíficas. En abril, una portavoz policial anunció en la televisión nacional que la policía había adoptado la estrategia de “azotar” y “detener” a toda persona a la que encontrara en la calle.
En diciembre, la policía mató a dos manifestantes cuando abrió fuego contra activistas del Partido Unido para el Desarrollo Nacional que se habían reunido en el centro de Lusaka en apoyo a Hakainde Hichilema, a quien la policía había citado en su jefatura.
Derecho a la salud
Las autoridades no garantizaron de forma adecuada la salud pública frente a la infección por coronavirus. Había equipos de protección individual disponibles dentro de Zambia, pero no llegaban a los lugares donde eran más necesarios. Algunos miembros del personal sanitario en regiones de alto riesgo que no recibieron equipos de protección individual contrajeron la COVID-19.
En mayo se delegó en un técnico de laboratorio el transporte en medios públicos de muestras de COVID-19 para realizar pruebas. Tras sufrir un accidente el autobús en el que viajaba, el ministro de Salud sostuvo que este modo de transporte no suponía una amenaza para otros pasajeros y que era un método que se utilizaba normalmente para el transporte de muestras. Los accidentes de tráfico en carretera eran la principal causa de muerte en Zambia —responsables de unas 2.000 cada año—, y el riesgo de accidente era mayor cuando se usaban vehículos públicos.
Derechos sexuales y reproductivos
En octubre, la Asamblea Nacional suspendió el programa de educación sexual integral tras su revisión por un grupo de trabajo dirigido por la ministra de Orientación Nacional y Asuntos Religiosos, por considerar que era “explícito, inadecuado y ofensivo para los valores culturales, religiosos y familiares”. El programa de educación sexual integral se había introducido en el currículo escolar en 2013 para el alumnado de enseñanza primaria y secundaria. La Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, en sus artículos 11 y 27, protege a las personas jóvenes contra la explotación sexual y estipula su derecho a la educación y a la información. La suspensión de la educación sexual integral iba a suponer un retroceso para el cumplimiento de estos artículos.
Discriminación: personas con albinismo
Las personas con albinismo seguían siendo objeto de ataques violentos. El 24 de marzo se encontró el cuerpo desmembrado de Emmanuel Phiri en un campo a unos kilómetros de su domicilio en Chipata, provincia Oriental. Le habían quitado los ojos, la lengua y los brazos en una acción que parecía un homicidio ritual. En abril se exhumó el cadáver de Josephat Mutenda en el lugar de enterramiento de Likolwa, en la zona de Kankomba, y se robaron partes del cuerpo.
Desalojos forzosos
El 30 de abril, el Tribunal Superior de Zambia falló que el desalojo forzoso de comunidades rurales serenje de sus tierras ancestrales en la provincia Central violaba su derecho a la vida, a la libertad de circulación y de asociación, a la dignidad y a igual protección ante la ley, y que la conversión de sus tierras consuetudinarias era ilegal. Las comunidades habían sido objeto de desalojo forzoso en 2013 para dejar paso a proyectos de agricultura comercial, y desde entonces vivían en tiendas improvisadas en una reserva forestal. No se consultó a la comunidad serenje sobre la apropiación de sus tierras ancestrales ni se la indemnizó por la destrucción de sus bienes y recursos.