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ESUATINI 2021

El gobierno lanzó una brutal campaña de represión de los derechos humanos como respuesta a las protestas en favor de la democracia y contra la brutalidad policial. Se emplearon leyes represivas para acallar a la disidencia y reprimir a personas —incluidos niños y niñas— que se manifestaban pacíficamente. La violencia contra las mujeres y las niñas aumentó bajo las restricciones por la COVID-19. La conducta homosexual consentida seguía siendo delito. Cientos de familias seguían en riesgo de desalojo forzoso.

Libertad de expresión y de reunión

En mayo, el gobierno lanzó una violenta campaña de represión de los derechos humanos como respuesta a las protestas que exigían poner fin a la brutalidad policial y pedían una reforma democrática. Las protestas habían estallado a raíz de la sospechosa muerte del estudiante de derecho de 25 años Thabani Nkomonye, presuntamente a manos de agentes del Real Cuerpo de Policía de Esuatini. Dichos actos estaban liderados por jóvenes activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, y grupos políticos y de la sociedad civil que pedían que se pusiera fin a años de represión política.1

Las autoridades emplearon leyes represivas, como la Ley de Sedición y Actividades Subversivas de 1938 y la Ley de Supresión del Terrorismo de 2008, para silenciar las voces críticas. Se enjuició y encarceló a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas políticos, que vivían con miedo a sufrir represalias por alzar la voz contra la represión. Hasta octubre se había sometido a detención arbitraria a más de 1.000 personas, incluidos 38 niños y niñas. Los parlamentarios Mduduzi Bacede Mabuza y Mthandeni Dube fueron arrestados el 25 de julio, fecha desde la cual permanecían recluidos por falsos cargos tras negárseles la libertad bajo fianza.2

La Comisión de Comunicaciones de Esuatini ordenó a los proveedores de Internet y telecomunicaciones el cierre de Internet el 29 de julio y, de nuevo, el 15 de octubre.3

Uso excesivo de la fuerza

Miles de manifestantes pacíficos fueron dispersados violentamente por miembros del ejército y de la policía que emplearon munición real, balas de goma y gas lacrimógeno (véase supra, “Libertad de expresión y de reunión”). Hasta octubre habían muerto de manera violenta más de 80 personas y habían resultado heridas más de 200, algunas de gravedad.

Decenas de las personas heridas en junio y julio sufrieron discapacidades permanentes, lo que agravaba la ya de por sí terrible situación económica, social y cultural de muchas personas de etnia emaswati. Los hospitales se vieron desbordados por el fuerte aumento de la demanda y hubo denuncias generalizadas de coacción a personal médico por parte de miembros de la policía y del ejército para que entregaran pruebas, como las balas extraídas de los cuerpos de manifestantes.

Discriminación

Violencia por motivos de género

Persistieron los incidentes de violencia de género, y una de cada tres mujeres había padecido abusos de ese tipo antes de los 18 años. Además, el 48% de las mujeres denunciaban haber sufrido algún tipo de violencia sexual. La Ley de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de 2018 no era suficiente por sí misma para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente cuando las condiciones económicas y las normas sociales y culturales planteaban constantes obstáculos para acceder a la justicia y hacían posible en gran medida que los perpetradores actuaran con impunidad. Las medidas de confinamiento por la COVID-19 obstaculizaron el acceso de las supervivientes a servicios de apoyo y mecanismos de justicia y aumentaron el riesgo de sufrir violencia.

Las niñas se vieron particularmente afectadas debido al cierre de las escuelas, lo que dio lugar a un aumento del número de embarazos de adolescentes.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

La conducta homosexual consentida seguía siendo delito.

El Tribunal Superior no había dictado sentencia más de un año después de ver una petición del grupo de activistas Minorías Sexuales y de Género de Esuatini que impugnaba la decisión de 2019 del registrador mercantil de rechazar su solicitud de inscripción en el registro como organización. Al rechazar su solicitud, el registrador había sostenido que los actos sexuales entre personas del mismo sexo eran “ilegales” y “contra natura”.

Derechos económicos, sociales y culturales

Desalojo forzoso

Los desalojos forzosos, instigados por terratenientes que estaban adoptando medidas para recuperar sus tierras, continuaron suponiendo una amenaza para el derecho a una vivienda adecuada de cientos de familias de etnia emaswati. Los grupos marginados, como las viudas o las familias de hogares encabezados por niños, niñas o mujeres, eran los más afectados, y eran los que tenían más probabilidades de no disponer de medios suficientes para impugnar los desalojos.

Las personas que vivían bajo la amenaza de desalojo inminente se veían especialmente desfavorecidas por un sistema de gobernanza de tierras que adolecía de graves deficiencias. Desde 2014 en Gege y desde 2019 en Sigombeni estaban en curso sendas apelaciones de residentes contra desalojos. Dichos recursos se trasladaban constantemente entre ministerios, jefaturas y tribunales, lo que retrasaba la administración de justicia. En julio y septiembre se amenazó con el desalojo a comunidades de Velezizweni y Ntontonzi, respectivamente, lo que afectaba a 130 familias.


  1. Eswatini: Authorities launch brutal assault on human rights with crackdown on dissent (Índice: AFR 55/4247/2021), 7 de junio
  2. Eswatini: Authorities must drop trumped-up charges against MPs and release them immediately and unconditionally, 29 de julio
  3. Eswatini: Detained MPs must be immediately released and all charges against them dropped, 19 de octubre