Esuatini 2024
El gobierno no investigó varias ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la del abogado de derechos humanos Thulani Maseko. Persistía la represión política generalizada, especialmente la detención y reclusión arbitrarias, ejercida contra periodistas y otras voces críticas con el gobierno. Las personas detenidas sufrían tortura y otros malos tratos. La crisis económica se agravó y se crearon condiciones que aumentaban la desigualdad. La violencia de género estaba muy extendida y los derechos de las personas LGBTI se veían gravemente menoscabados.
Información general
Aumentó la agitación social y hubo demandas constantes de reformas democráticas en el contexto de la monarquía absoluta del rey Mswati III. El gobierno reconoció como emergencia nacional los altos niveles de pobreza y desempleo. El desempleo se elevó al 35,4% en general y al 48,7% entre la población joven.
Ejecuciones extrajudiciales
El gobierno no investigó con transparencia, independencia e imparcialidad las ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2021 y 2024. La falta de un proceso judicial transparente y el hecho de que el gobierno desoyera las peticiones de rendición de cuentas negaron en la práctica los derechos de las víctimas de la violencia gubernamental —o de sus familiares— a la justicia, la indemnización y las reparaciones. Uno de esos casos fue el de Thulani Maseko, muerto en su casa a manos de unos hombres armados no identificados en 2023, en el marco de una escalada de ataques contra personas críticas con el gobierno.
Libertad de expresión
Las autoridades utilizaron la Ley de Supresión del Terrorismo de 2008 para perseguir a activistas, periodistas y defensores y defensoras de la democracia. La ambigüedad en la redacción de la ley permitía al gobierno justificar la detención y reclusión arbitrarias de quienes lo criticaban.
Crecieron el acoso y la intimidación contra periodistas, sobre todo cuando informaban de abusos contra los derechos humanos y de la corrupción del gobierno. La intimidación podía llegar al punto de convertirse en amenazas judiciales, como en el caso del periodista suazilí Zweli Martin Dlamini, director del periódico Swaziland News, que llevaba varios años exiliado en Sudáfrica. En febrero, el gobierno presentó una demanda contra él y Swaziland News ante el Tribunal Superior de Mpumalanga, en Sudáfrica, por unos artículos que, según afirmaba, difamaban al rey Mswati III y a varios ministros gubernamentales y altos cargos y constituían una amenaza para la seguridad nacional.
Libertad de reunión pacífica
El 15 de julio, los parlamentarios Mduduzi Bacede Mabuza y Mthandeni Dube fueron condenados a 25 y 18 años de prisión, respectivamente, en virtud de la Ley de Supresión del Terrorismo, por haber participado en 2021 en protestas a favor de una reforma política. Sus casos se convirtieron en símbolo de la represión gubernamental contra la disidencia política.
Tortura y otros malos tratos
Hubo personas en prisión, especialmente aquellas recluidas por expresar opiniones políticas, que fueron sometidas a tortura y otros malos tratos bajo custodia. A Mduduzi Bacede Mabuza (véase supra), tras ser condenado, los guardias penitenciarios del Complejo Correccional de Matsapha le negaron la comida —incluso la procedente del exterior de la prisión y que el parlamentario precisaba como parte de su dieta para la hipertensión— durante al menos cuatro días.
Derechos económicos, sociales y culturales
Derecho a la alimentación
Se preveía que alrededor del 22% de la población (casi 270.000 personas) se enfrentaría a una inseguridad alimentaria de nivel de crisis en marzo de 2025, según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, debido al aumento del precio de los alimentos y otros productos básicos provocado por la inflación y la interrupción de las importaciones. Los hogares rurales y urbanos de bajos ingresos eran especialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria.
Derecho a la salud
Las medidas de austeridad impuestas por el gobierno redujeron aún más el gasto público en sanidad, lo que provocó una crisis de la atención de la salud materna en las zonas rurales. Las mujeres tenían dificultades para acceder a los servicios básicos. El informe del análisis del mercado laboral de la salud preveía que —sin una intervención urgente del gobierno— habría una escasez de 26.563 trabajadores y trabajadoras de la salud en 2032, lo que amenazaría aún más los servicios esenciales.
Derechos de las mujeres y de las niñas
Persistían los índices altos de violencia de género. El gobierno no protegía a las mujeres y las niñas de esos abusos ni aplicaba leyes al respecto, lo que dejaba a los autores básicamente impunes. Una ONG nacional, el Grupo de Acción contra los Abusos de Esuatini, afirmó en abril que las violaciones sexuales seguían siendo un problema grave. Se desconocían las cifras de mujeres y niñas afectadas, entre otros factores porque la mayoría de las sobrevivientes no denunciaban los abusos o retiraban su testimonio bajo coacción.
Unas protecciones jurídicas discriminatorias y débiles para las mujeres rurales, entre ellas las relacionadas con la herencia de tierras, agravaban la marginación económica de este grupo de población en particular y limitaban su acceso a la tierra, la atención sanitaria y la educación.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
El gobierno seguía negando a Minorías Sexuales y de Género de Esuatini el derecho a inscribirse como organización sin ánimo de lucro, pese a que una decisión del Tribunal Supremo de 2023 ordenaba al ministro de Comercio, Industria y Empresa reconsiderar la solicitud de la organización al respecto.