Esuatini 2023
Las autoridades gozaban de impunidad por ataques contra activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, y no investigaron el homicidio ilegítimo de Thulani Maseko. Se violaron de forma habitual los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Activistas de la oposición y disidentes hacían frente a juicios sin garantías y severas sanciones. El derecho a la salud era objeto de restricciones. Cientos de personas se enfrentaban a desalojos forzosos. El gobierno se negó a permitir la inscripción en registro de un grupo de defensa de los derechos LGBTI a pesar de una sentencia del Tribunal Supremo dictada al respecto.
Información general
En agosto y septiembre se celebraron elecciones parlamentarias. Seguía en vigor un decreto de 1973 que prohibía los partidos políticos, y en virtud del cual sólo pueden presentarse a las elecciones candidatos y candidatas independientes. El rey Mswati III tenía la máxima autoridad sobre todos los poderes del Estado.
Homicidios y ataques ilegítimos
En enero, el abogado y activista de los derechos humanos Thulani Maseko fue asesinado en su domicilio. A pesar de la condena de la comunidad internacional y las peticiones de que se llevara a cabo una investigación transparente, independiente e imparcial, el gobierno no había realizado avance alguno en cuanto a garantizar la rendición de cuentas por esta muerte. Thulani Maseko fue asesinado semanas después de que se perpetraran ataques contra el abogado de derechos humanos Maxwell Nkambule y contra Penuel Malinga y Xolile Dlamini-Malinga, miembros del partido opositor prohibido Movimiento Democrático Popular Unido (PUDEMO). Las autoridades no investigaron estos y otros ataques y homicidios ilegítimos perpetrados desde que el gobierno iniciara una brutal represión como respuesta a las protestas en favor de la democracia y contra la brutalidad policial en 2021. Tampoco pusieron a disposición de la justicia a los presuntos autores ni aseguraron el acceso a la justicia y recursos efectivos para las víctimas.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
Las autoridades continuaron la persecución de miembros del Sindicato de Trabajadores de Transportes, Comunicaciones y Afines de Suazilandia (SWATCAWU) por organizar huelgas de ámbito nacional en 2022 para reclamar mejoras de las condiciones laborales y reformas políticas. Se presentaron cargos falsos de desacato al tribunal contra el SWATCAWU y otros dos sindicatos, y en enero el Real Cuerpo de Policía de Esuatini emitió una orden de arresto contra el secretario general del SWATCAWU, Sticks Nkambule. Las amenazas, la intimidación y el hostigamiento sistemáticos por parte de las fuerzas de seguridad indujeron a Nkambule a pasar a la clandestinidad.
El 25 de enero, la policía reprimió de forma violenta a estudiantes que protestaban en la ciudad de Manzini y detuvo arbitrariamente a dirigentes estudiantiles. Dos días después, dos activistas resultaron heridos al usar la policía munición real contra manifestantes que entregaban una petición en la jefatura de policía en Manzini.
Tortura y otros malos tratos
La detención arbitraria seguía formando parte de la estrategia de represión del Estado. El 1 de junio, los exparlamentarios Mthandeni Dube y Mduduzi Bacede Mabuza fueron declarados culpables de terrorismo, sedición y asesinato en virtud de la Ley de Represión del Terrorismo de 2008. Habían sido detenidos por reclamar públicamente reformas políticas durante las protestas de 2021 y podían ser condenados a hasta 20 años de prisión. Durante su detención en 2022, habían sido golpeados por agentes de los servicios penitenciarios y se les había negado el acceso a sus abogados y a tratamiento médico.
Las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente y torturaron a activistas políticos y laborales, entre ellos Brian Sihlongonyane, miembro de PUDEMO, que fue secuestrado, torturado y abandonado en un bosque por miembros de la Fuerza de Defensa Umbutfo Esuatini tras haber encabezado la entrega pacífica de una petición a la ONU el 12 de abril.
En junio y julio, en casos distintos, la policía detuvo y golpeó a miembros del Partido Comunista de Suazilandia antes de dejarlos en libertad sin cargos. Los detenidos denunciaron además haber sido sometidos a tortura y malos tratos bajo custodia policial. Las autoridades no llevaron a cabo investigaciones sobre las denuncias formuladas contra las fuerzas de seguridad.
Derecho a la salud
El sistema de atención de la salud pública seguía adoleciendo de una falta sistemática de recursos que dio lugar a manifestaciones en todo el país en junio y julio. Personal sanitario y pacientes protestaron contra la inacción del gobierno a la hora de suministrar medicamentos, material médico, equipos, transporte y combustible a clínicas públicas y hospitales. La ministra de Sanidad reconoció la crisis y, posteriormente, anunció que un subcomité designado por el Consejo de Ministros había adoptado estrategias para la financiación y prestación sostenibles de la atención médica.
Desalojos forzosos
Cientos de personas continuaban en riesgo de sufrir desalojo forzoso al no haber reformado el gobierno el sistema de gobernanza de tierras del país, lo que limitaba el derecho a la seguridad de tenencia. Algunas comunidades de Sigombeni y Malkerns continuaron con sus demandas judiciales contra los desalojos.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
Las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo seguían siendo delito, y la discriminación de las personas y organizaciones LGBTI era generalizada. En julio, el Tribunal Supremo falló que la negativa del Registro de Empresas a inscribir Minorías Sexuales y de Género de Esuatini como organización sin ánimo de lucro era inconstitucional. El ministro de Comercio en funciones rechazó la resolución citando el “derecho romano-neerlandés” y ordenó al responsable del registro que rechazara la solicitud de la organización.