Un año después de la ejecución extrajudicial de Jamal Khashoggi, la ciudadanía saudí rinde honor a su legado continuando la lucha por su derecho inalienable a expresarse libremente, a pesar de la constante represión de las autoridades y de la ausencia de cualquier señal significativa de que se hará rendir cuentas a los responsables del asesinato del periodista. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Cualquier afirmación de que se asume la responsabilidad del asesinato de Jamal Khashoggi carece de sentido si no va acompañada de la liberación inmediata e incondicional de decenas de personas que siguen consumiéndose en prisión y que continúan en peligro de sufrir tortura y otros malos tratos exclusivamente por haber expresado su opinión de forma pacífica.
Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio
“Cualquier afirmación de que se asume la responsabilidad del asesinato de Jamal Khashoggi carece de sentido si no va acompañada de la liberación inmediata e incondicional de decenas de personas que siguen consumiéndose en prisión y que continúan en peligro de sufrir tortura y otros malos tratos exclusivamente por haber expresado su opinión de forma pacífica”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio.
Hasta el momento, Amnistía Internacional ha documentado los casos de al menos 30 presos de conciencia que están entre rejas cumpliendo penas de entre 5 y 30 años exclusivamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Entre las personas que permanecen detenidas se encuentran Mohammad al Qahtani, miembro fundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos que pidió la protección y promoción de los derechos humanos y prestó apoyo jurídico a familias de personas detenidas, y Waleed Abu al Khair, abogado que antes de su encarcelamiento representaba legalmente a defensores y defensoras de los derechos humanos. Mohammad al Qahtani y Waleed Abu al Khair fueron juzgados y condenados ante el tribunal antiterrorista a 10 y 15 años de prisión, respectivamente, por su trabajo pacífico de derechos humanos.
El hecho de que Mohamed bin Salman asuma la responsabilidad del asesinato de Jamal Khashoggi no será más que otra maniobra fallida de relaciones públicas a menos que venga acompañado por acciones significativas, concretas e inmediatas.
Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio
Para conmemorar el primer aniversario de la ejecución extrajudicial de Jamal Khashoggi, un grupo de activistas saudíes en el extranjero —con el apoyo de Amnistía Internacional— está lanzando una serie de podcasts llamada “La Gran Arabia Saudí”, que se centra en diferentes cuestiones de derechos humanos que afectan al país. La primera serie se centra en la historia de Jamal Khashoggi. En el núcleo de esta iniciativa está el deseo de los y las activistas de demostrar a toda la gente, en Arabia Saudí y en el mundo en general, que las medidas extremas de represión no les impedirán expresar sus opiniones, contar sus propias historias y continuar con su lucha para liberar a otros defensores y defensoras de los derechos humanos que están pagando un alto precio por alzar su voz.
“Los podcasts ofrecerán una sólida plataforma para que periodistas, intelectuales y activistas saudíes contrarresten la campaña de propaganda y desinformación encabezada por el Estado. Involucrarán a la población saudí en un debate insólito y libre sobre asuntos como la participación pública, el Estado de derecho, el feminismo y otras cuestiones relacionadas con los derechos humanos”, ha manifestado Hala al Dosari, intelectual y defensora de los derechos humanos saudí.
Según información publicada en los medios de comunicación, la semana pasada, en un documental emitido el domingo 29 de septiembre, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, admitió por primera vez que asume la responsabilidad del asesinato de Jamal Khashoggi “porque ocurrió bajo mi vigilancia”.
“El hecho de que Mohamed bin Salman asuma la responsabilidad del asesinato de Jamal Khashoggi no será más que otra maniobra fallida de relaciones públicas a menos que venga acompañado por acciones significativas, concretas e inmediatas. Estas acciones deben incluir el final inmediato de la represión y la liberación de todos los defensores y defensoras de los derechos humanos, por un lado, y el acceso inmediato y sin restricciones de observadores independientes de los derechos humanos al país, para que —entre otras cosas— observen e informen públicamente respecto al juicio que está teniendo lugar sobre el caso del asesinato de Jamal Khashoggi”, ha manifestado Lynn Maalouf.
Falta de transparencia
Jamal Khashoggi fue estrangulado, según indican los informes, poco después de entrar en el consulado saudí en Turquía el 2 de octubre de 2018. Un informe publicado en junio de 2019 por la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, concluyó que el periodista había sido víctima de “una ejecución extrajudicial de la que el Estado de Arabia Saudí es responsable en virtud del derecho de los derechos humanos”. Arabia Saudí no cooperó con la relatora especial Callamard durante su investigación.
En vista de los gravísimos y permanentes motivos de preocupación en torno al proceso debido y el juicio justo en Arabia Saudí, las autoridades saudíes deben permitir de inmediato el acceso de observadores independientes a este juicio; sin esta medida, se tratará simplemente de otra farsa judicial que no hará rendir cuentas a todos los responsables de ordenar y cometer el asesinato, y será una violación del derecho de la familia y la población saudí en general a saber qué le sucedió a Jamal Khashoggi ‘bajo la vigilancia’ de Mohamed bin Salman.
Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio
El juicio que se está llevando a cabo en Arabia Saudí contra 11 sospechosos acusados de implicación en el asesinato de Jamal Khashoggi, que comenzó en enero de 2019, se está celebrando a puerta cerrada y sin ningún tipo de transparencia. Aparte de la asistencia de diplomáticos, las autoridades saudíes no han permitido una observación independiente de los procedimientos judiciales. Cinco acusados se enfrentan a la pena de muerte a petición de la fiscalía.
Hasta el momento no se ha revelado información sobre la manera en que se llevó a cabo la investigación, sobre si los acusados han tenido acceso adecuado a asistencia letrada y otras garantías procesales y, lo más importante, sobre dónde se encuentran los restos de Jamal Khashoggi y si serán devueltos a su familia.
Amnistía Internacional lleva mucho tiempo documentando graves deficiencias que afectan al sistema de justicia penal saudí, incluidos los largos periodos de detención sin cargos ni juicio, la falta de acceso a asistencia letrada durante la investigación, el uso de cargos vagos y no codificados que no parecen delitos reconocibles, y presiones a las personas detenidas para que firmen “confesiones” y acepten penas predeterminadas de prisión con el fin de evitar una detención arbitraria prolongada. La falta de independencia, transparencia e imparcialidad del poder judicial ha provocado que el sistema de justicia penal saudí quede muy por debajo del derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
“En vista de los gravísimos y permanentes motivos de preocupación en torno al proceso debido y el juicio justo en Arabia Saudí, las autoridades saudíes deben permitir de inmediato el acceso de observadores independientes a este juicio; sin esta medida, se tratará simplemente de otra farsa judicial que no hará rendir cuentas a todos los responsables de ordenar y cometer el asesinato, y será una violación del derecho de la familia y la población saudí en general a saber qué le sucedió a Jamal Khashoggi ‘bajo la vigilancia’ de Mohamed bin Salman”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio.
Violaciones constantes de derechos humanos
Desde el asesinato de Khashoggi, ha habido una represión incesante contra defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Se ha acusado y juzgado a defensoras de los derechos humanos por su activismo pacífico de derechos humanos y por su trabajo de incidencia en favor de los derechos de las mujeres en el país. Aunque en los últimos meses se ha liberado temporalmente a varias activistas, Loujain al Hathloul, Samar Badawi, Nassima al Sada y Nouf Abdulaziz permanecen en detención arbitraria desde mayo de 2018. Al menos 14 activistas de la sociedad civil, escritores y familiares de activistas bajo custodia fueron también detenidos arbitrariamente hace casi seis meses y permanecen en detención sin cargos.
La pena de muerte se ha utilizado como arma política contra la minoría chií en una escalofriante ejecución colectiva de 37 hombres, la mayoría pertenecientes a la minoría chií de Arabia Saudí, este mismo año. Al menos otros 14 ejecutados habían sido declarados culpables de delitos relacionados con su participación en manifestaciones contra el gobierno celebradas en la Provincia Oriental de Arabia Saudí, cuya población es de mayoría chií, entre 2011 y 2012. Estos 14 hombres sufrieron prolongados periodos de detención en espera de juicio y dijeron al tribunal que los habían torturado o sometido a malos tratos para obtener “confesiones”. Entre las personas ejecutadas está también Abdulkareem al Hawaj, un joven chií que fue detenido cuando tenía 16 años y que fue declarado culpable de delitos relacionados con su participación en protestas contra el gobierno.
Amnistía Internacional sigue haciendo campaña en favor de tres jóvenes —Ali al Nimr, Dawood al Marhoon y Abdullah al Zaher— que permanecen condenados a muerte y en peligro inminente de ejecución. Todos ellos eran menores de 18 años en el momento de sus presuntos delitos. El derecho internacional prohíbe terminantemente el uso de la pena de muerte contra personas que fueran menores de 18 años en el momento del delito.