Ismail al Iskandrani ha sido detenido únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y nunca debería haber sido arrestado.
Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África
Las autoridades egipcias deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones a un periodista y preso de conciencia que, a día de hoy, lleva dos años detenido en espera de juicio por su labor informativa, ha declarado Amnistía Internacional.
Ismail al Iskandrani es uno de los pocos periodistas egipcios que siguieron informando de forma crítica sobre las operaciones del ejército en Sinaí del Norte a pesar del intento de las autoridades de imponer un bloqueo informativo en la región. Según la legislación egipcia, el máximo de tiempo que una persona puede permanecer detenida en espera de juicio es de dos años, lo cual ya de por sí plantea graves motivos de preocupación en cuanto a los derechos humanos.
“Ismail al Iskandrani ha sido detenido únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y nunca debería haber sido arrestado. Los jueces que examinan su situación de detención en espera de juicio infringirían la legislación egipcia y el derecho internacional si prorrogan esta detención injusta”, ha dicho Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.
“La detención de Ismail al Iskandrani es un ejemplo del represivo bloqueo informativo impuesto a los medios de comunicación en Sinaí del Norte, donde periodistas e investigadores se enfrentan a amenazas e intimidaciones por atreverse a desvelar la realidad de lo que está sucediendo sobre el terreno. Las autoridades egipcias han hecho todo lo que han podido para ocultar del escrutinio de la prensa y de los grupos de derechos humanos las violaciones perpetradas por las fuerzas de seguridad.
El 29 de noviembre de 2015, la Agencia de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior detuvo a Ismail al Iskandrani en el aeropuerto de Hurghada cuando llegaba de Berlín. La policía lo interrogó sobre sus viajes a diferentes países y registró su ordenador portátil.
La Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado lo interrogó el 1 de diciembre de 2015 sobre su opinión sobre la situación política en Egipto, especialmente sobre los acontecimientos de Sinaí del Norte, y registró sus cuentas en las redes sociales, su correo electrónico y su ordenador portátil. La Fiscalía ordenó su detención por “pertenencia a un grupo prohibido” (la Hermandad Musulmana), y “publicación de información y noticias falsas”.
El abogado Mohamed Eissa, del Centro Egipcio de Derechos Económicos y Sociales, que asistió a todas las sesiones de interrogatorio de Al Iskandrani, dijo a Amnistía Internacional que los fiscales no habían presentado ninguna prueba que justificara su detención, salvo sus opiniones políticas y su trabajo periodístico.
Ataque contra el periodismo independiente
El periodismo de investigación que realiza Al Iskandrani para periódicos online como Mada Masr y Assafir Al Arabi – se ha centrado con frecuencia en los enfrentamientos armados en curso entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados en Sinaí del Norte y en el impacto de la violencia política sobre quienes allí residen y los miembros de las fuerzas de seguridad.
Amnistía Internacional cree que el único motivo de su detención es su trabajo periodístico sobre la situación en Sinaí.
El ejército ha ejercido un estricto control sobre toda la cobertura mediática de sus operaciones contra la insurgencia en Sinaí del Norte negando el acceso a periodistas independientes.
Información general
Actualmente son al menos 25 los periodistas encarcelados en Egipto por realizar su actividad legítima. Entre enero y mayo de 2017, los tribunales impusieron penas de prisión de entre tres meses y cinco años al menos a 16 periodistas por cargos relacionados únicamente con sus crónicas, entre ellos los de difamación y publicación de “información falsa”.
El Código de Procedimiento Penal de Egipto afirma que ninguna persona, bajo ninguna circunstancia, debe seguir detenida en espera de juicio más de dos años sin sentencia condenatoria. Según las normas internacionales, la detención en espera de juicio debe utilizarse como último recurso, y su duración debe ser razonable.
Las autoridades egipcias utilizan habitualmente la detención en espera de juicio prolongada —que a menudo supera el límite legal de dos años— como forma de castigar a la disidencia.
En octubre, un juez renovó la detención en espera de juicio del defensor de los derechos humanos Hisham Gaafar, a pesar de que llevaba más de dos años detenido.
El fotoperiodista Mahmoud Abu Zeid, conocido como “Shawkan”, había pasado más de dos años detenido en espera de juicio cuando en 2016 se inició su juicio por una serie de cargos falsos. Desde entonces ha seguido detenido los dos años del juicio, junto con otros 738 acusados, todos ellos sin sentencia condenatoria.