El gobierno de Nepal no está abordando las prácticas generalizadas de engaño y extorsión por parte de las empresas de contratación laboral del país, que ponen a los trabajadores migrantes en riesgo de trabajo forzoso en el extranjero y les crean una deuda insuperable; así lo afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy.
Las remesas de dinero enviado al país por los trabajadores migrantes representan casi un tercio del PIB nepalí; sin embargo, el gobierno sólo dedica una fracción minúscula de su presupuesto a cubrir las necesidades de estas personas.
James Lynch, director adjunto del Programa de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.
“En todo Nepal, contratistas sin escrúpulos están destruyendo vidas con impunidad, cobrando ilegalmente tasas exorbitantes a los aspirantes a un puesto de trabajo en el extranjero, y después abandonándolos allí cuando las cosas van mal”, ha afirmado James Lynch, director adjunto del Programa de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.
“Los trabajadores migrantes no descubren hasta que salen de Nepal que han sido engañados en todos los aspectos, desde la cuantía del sueldo hasta las condiciones de trabajo. Para entonces ya es demasiado tarde, y muchos terminan con deudas por contratación que podrían requerir el resto de su vida laboral para saldarlas.
Las remesas de dinero enviado al país por los trabajadores migrantes representan casi un tercio del PIB nepalí; sin embargo, el gobierno sólo dedica una fracción minúscula de su presupuesto a cubrir sus necesidades. Ya es hora de introducir cambios en esta ecuación y de que los trabajadores migrantes reciban la protección a la que tienen derecho.”
En 2016 y 2017, investigadores de Amnistía Internacional entrevistaron a 127 trabajadores migrantes nepalíes y a decenas de cargos públicos en ocho distritos de Nepal para documentar el informe Turning People into Profits: Abusive Recruitment, Trafficking and Forced Labour of Nepali Migrant Workers. Casi todas las personas con las que habló la organización habían sufrido abusos de una u otra clase a manos de contratistas privados.
Deudas de por vida
Suresh, del distrito de Saptari, contó a Amnistía Internacional que había pedido un préstamo de 250.000 rupias nepalíes (2.416 dólares estadounidenses) a un prestamista local, a un interés del 36%, para poder pagar a un agente de contratación. Su agente y la agencia de contratación le aseguraron que sus ingresos en el extranjero le permitirían liquidar la deuda rápidamente.
La actitud de los contratistas es la de quien compra y vende personas. Y nuestra gente termina sufriendo abusos porque el gobierno no impide que se comercie con ella como si fuera ganado.
Suresh, distrito de Saptari
Pero en la fábrica de guantes de Malasia donde habían colocado a Suresh, a veces no le pagaron su sueldo durante tres meses seguidos. Cuando finalmente cobró sus pagas mensuales, eran inferiores en 354 dólares a las que la agencia de contratación le había prometido.
No podía dejar su trabajo ni irse de Malasia porque su empleador le había confiscado el pasaporte a su llegada y se negaba a disolver su contrato. Suresh pidió ayuda a su agencia de contratación en repetidas ocasiones, pero ésta nunca respondió.
Cuando al fin consiguió irse de Malasia dos años después, Suresh había acumulado la escalofriante deuda de 550.000 rupias nepalíes (5.317 dólares estadounidenses). En su pueblo de Nepal gana entre 50 y 100 dólares al mes, lo que significa que podría llevarle hasta cinco decenios liquidar sus deudas de migración.
“La actitud de los contratistas es la de quien compra y vende personas. Y nuestra gente termina sufriendo abusos, porque el gobierno no impide que se comercie con ella como si fuera ganado”, dijo Suresh.
Trabajadores migrantes que habían ido a trabajar a otros países antes de 2015 afirmaron que habían pagado 1.346 dólares estadounidenses (137.000 rupias nepalíes), por término medio, a agentes y agencias de contratación por sus puestos de trabajo en el extranjero. Esta cantidad supera en 549 dólares el límite establecido en la legislación nepalí vigente entonces.
Sin elección
Al no existir oportunidades de encontrar un trabajo decente en su país, un número creciente de nepalíes cree que no tiene otra salida que buscar trabajo en el extranjero, y más de 400.000 emigran cada año al extranjero en busca de empleo.
Las personas que buscan trabajo están expuestas a sufrir una serie de abusos a manos de los agentes y agencias locales de contratación. Son engañadas respecto a las características y condiciones del puesto de trabajo en el extranjero, y acorraladas para que paguen tasas de contratación ilegalmente elevadas.
A menudo, los contratistas les confiscan el pasaporte y se niegan a proporcionarles otra documentación básica, como contratos y recibos. Una agencia explicó a Amnistía Internacional que cobraba tasas tan elevadas porque, de no hacerlo, los trabajadores migrantes podían decidir abandonar el trabajo que se les había asignado:
“Si los trabajadores se marchan, la empresa pierde su inversión […] Si no tuvieran que pagar por tener un puesto de trabajo, pensarían que están de vacaciones en el extranjero, que pueden volver tranquilamente a Nepal siempre que quieran.”
Una vez que se trasladan al extranjero, la inmensa mayoría a Malasia o a países del Golfo, los trabajadores migrantes corren grave peligro de sufrir explotación laboral, en condiciones equiparables al trabajo forzoso. Normalmente el visado del trabajador está ligado a su empleador, lo que significa que, si se marcha, corre el riesgo de quedar indocumentado y perder su derecho a trabajar o a permanecer en el país.
Los trabajadores indocumentados son fácilmente reexplotados. Mientras luchan sin descanso para ganar dinero o conseguir un préstamo que les permita volver a su casa en Nepal, los trabajadores corren el riesgo de ser detenidos, recluidos y procesados por delitos relacionados con la inmigración.
Varios nepalíes que se habían convertido en trabajadores migrantes indocumentados contaron al equipo de investigación de Amnistía Internacional que habían tenido que recurrir a abusivos “agentes de repatriación” del mercado negro, que les cobraron una elevada tarifa por llevarlos de vuelta a casa.
Conforme al derecho nepalí, las agencias de contratación tienen la obligación de costear la repatriación de los trabajadores cuyas condiciones de trabajo resulten ser diferentes de los términos estipulados en el contrato original. No obstante, Amnistía Internacional no ha encontrado un solo caso en que una agencia de contratación haya cumplido con esta obligación.
Buenas intenciones, mala aplicación
El gobierno nepalí ha adoptado algunas medidas potencialmente positivas para abordar el patrón de abusos que sufren los trabajadores; la más destacada es la política de “visado gratis, billete gratis”, que entró en vigor en julio de 2015.
En teoría, esta política limita drásticamente la suma de dinero que los agentes y agencias de contratación pueden cobrar a los trabajadores, ya que exige a los empleadores extranjeros pagar los billetes de avión y los gastos de tramitación del visado, y reduce a 10.000 rupias nepalíes (96 dólares estadounidenses) la tasa máxima que las agencias de contratación pueden cobrar a los trabajadores en concepto de servicios.
A pesar de algunas ideas brillantes, la falta de voluntad política sumada a la inercia burocrática hacen que en la práctica las empresas sigan teniendo libertad para explotar a las personas migrantes.
James Lynch, director adjunto del Programa de Asuntos Globales de Amnistía Internacional
No obstante, ninguno de los 127 trabajadores con los que habló Amnistía Internacional pudo encontrar una agencia de contratación que no les cobrara gastos de visado y billete, o que respetara el límite de las tasas por servicios señalado en la política de “visado gratis, billete gratis”.
Mientras, la industria de la contratación se ha opuesto enérgicamente a la política, declarándose en huelga en dos ocasiones como medida de protesta y de presión al gobierno para que rectifique su postura.
“A pesar de algunas ideas brillantes, la falta de voluntad política sumada a la inercia burocrática hacen que en la práctica las empresas sigan teniendo libertad para explotar a las personas migrantes. Es meridianamente claro que la política de “visado gratis, billete gratis” no se está aplicando, o al menos no como se debería”, ha afirmado James Lynch.
“El gobierno nepalí debe volcarse en la protección de los trabajadores migrantes, empezando por la aplicación adecuada de las leyes y políticas fundamentales que impiden a las agencias de contratación ganar dinero rápido a costa del futuro de las personas sin recursos.”