Tras la victoria obtenida hoy en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por un grupo de bangladeshíes que trabajaban en la recolección de la fresa y contra quienes su empleadores dispararon por pedir que les pagaran los salarios que les debían, Gauri Van Gulik, directora adjunta de Amnistía Internacional para Europa, ha declarado:
“La sentencia de hoy da respuesta a una importante reivindicación de estas personas y sus familias y cabe esperar que ayude a prevenir abusos futuros.
La sentencia de hoy da respuesta a una importante reivindicación de estas personas y sus familias y cabe esperar que ayude a prevenir abusos futuros.
“Amnistía Internacional entrevistó a estas personas en 2013 para conocer la situación de explotación que sufrían. Vimos con nuestros propios ojos sus espantosas condiciones de vida. Han transcurrido cuatro años desde aquel terrible suceso y hace mucho tiempo que tenían que haberse tomado medidas para garantizar que el trabajo forzoso y el tráfico de seres humanos se previenen y se identifican y que los responsables son llevados ante la justicia.”
Véase el informe de Amnistía sobre el caso de 2013 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/04/greece-despair-pervades-camps-after-33-migrant-workers-shot-in-manolada/
Información complementaria
En la sentencia dictada hoy en la causa Chowdury and others v. Greece, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que 42 migrantes bangladeshíes fueron víctimas de trabajo forzoso y tráfico de seres humanos cuando trabajaban en un campo de fresas de Manolada, en el sur de Grecia. El Tribunal ha concluido también que Grecia incumplió su obligación de prevenir el tráfico de seres humanos, proteger a las personas migrantes, realizar una investigación efectiva sobre los delitos cometidos y sancionar a los responsables.
En abril de 2013, guardias armados de la finca donde esas personas trabajaban dispararon contra ellas por pedir que les pagaran los salarios que les debían e hirieron de gravedad a 30, incluidas 21 de las que presentaron la demanda. Amnistía Internacional visitó el campo de fresas poco después del incidente y vio las terribles condiciones en que vivían las personas –algunas todavía adolescentes– que trabajaban allí, hacinadas en cobertizos y sin acceso a agua potable ni saneamiento.