Diez años después de que la detención del ex presidente chileno Augusto Pinochet en Londres representase un serio aviso para los perpetradores de abusos contra los derechos humanos de todo el mundo, la norma de la jurisdicción universal -en virtud de cuya aplicación fue detenido- corre peligro, ha advertido hoy (16 de octubre de 2008) Amnistía Internacional.
“La detención de Augusto Pinochet significó un momento crucial en el ejercicio de la jurisdicción universal al reconocer que los jefes de Estado no están por encima de la ley y podían ser detenidos y juzgados internacionalmente por los delitos cometidos en su propio país”, ha declarado Irene Khan, secretaria general de la organización.
“Diez años después, sigue quedando mucho por hacer para que se cumpla la esperanza de justicia que generó la detención de Pinochet. Miles de autores de abusos contra los derechos humanos están aún en libertad, evitando la justicia en lugares seguros de todo el mundo.”
Amnistía Internacional ha condenado el hecho de que actualmente no se esté aplicando la jurisdicción universal para hacer cumplir el derecho internacional cuando los Estados donde se cometieron los crímenes no investigan o enjuician a sus autores. Desde el hito histórico de la detención de Pinochet, sólo ha habido un reducido número de casos de detención y enjuiciamiento, por lo que Amnistía Internacional pide la adopción de leyes efectivas que permitan aplicar la jurisdicción universal y que la policía y los fiscales cumplan su obligación.
El ejercicio de la justicia internacional también se ve debilitado por los ataques contra la Corte Penal Internacional por tratar de llegar a los máximos niveles del gobierno en Sudán, a los que se suman los daños que está causando la campaña encabezada por Ruanda, en la que se pide que la Asamblea General de la ONU condene los “abusos” de la jurisdicción universal cometidos por jueces extranjeros que intentan enjuiciar crímenes cometidos en ese país.
“Es el momento de recordar el extraordinario logro de los familiares de las víctimas de Pinochet, cuyos infatigables esfuerzos desembocaron en su detención en 1998, en aplicación de la jurisdicción universal. Este logro sentó un precedente que la comunidad internacional tiene la obligación de consolidar, deteniendo y juzgando o extraditando a presuntos autores de crímenes tipificados en el derecho internacional”, afirmó Irene Khan.
Información complementaria
El 16 de octubre de 1998, el ex presidente Pinochet fue detenido en Londres como consecuencia la petición de extradición de un juez español. Ante la inexistencia de cauces en Chile, los familiares de miles de víctimas que habían sido objeto de torturas, asesinatos o desaparición forzada durante el régimen de Pinochet habían formulado denuncias penales ante los tribunales de España y de otros Estados europeos que habían incorporado la jurisdicción universal en sus leyes nacionales.
El caso sentó las bases para que la jurisdicción universal se convirtiera en una realidad en la práctica y propició la detención del ex presidente del Chad, Hissene Habre, en Senegal, acusado de violaciones de derechos humanos cometidos durante su presidencia. También preparó el terreno para la lucha en los tribunales nacionales contra la impunidad en los máximos niveles, como en el juicio en curso del ex presidente de Perú, Alberto Fujimori.
Amnistía Internacional fue la primera organización no gubernamental de carácter internacional que alertó a los gobiernos europeos para que asumieran la responsabilidad que habían contraído en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU, cuando se supo que el ex presidente Pinochet estaba visitando Europa en septiembre de 1998. La organización movilizó a sus miembros para presionar al gobierno del Reino Unido a fin de que concediera la extradición. Además, junto con otras organizaciones no gubernamentales, acudió a la Cámara de los Lores para convencerla de que el Reino Unido tenía la obligación de conceder la extradición, lo que desembocó en la decisión histórica de que los ex jefes de Estado podían ser extraditados para ser juzgados en aplicación de la jurisdicción universal.
Durante la presidencia de Augusto Pinochet en Chile, más de 1.100 personas fueron víctimas de desaparición forzada, más de 2.000 fueron ejecutadas extrajudicialmente y alrededor de 20.000 sufrieron torturas en los casi dos decenios de gobierno militar en Chile que presidió el general Pinochet.
Nota para los periodistas Amnistía Internacional hace público hoy los primeros dos documentos, sobre Alemania y España, de su serie de 192 documentos Estrechando el cerco, dedicado a todos y cada uno de los países del mundo. Cada documento está concebido como una herramienta para la justicia, contiene información detallada sobre cómo llevar casos de jurisdicción universal ante los tribunales nacionales y pide a todos los Estados que promulguen leyes que hagan efectiva la jurisdicción universal.
Si desean concertar entrevistas con expertos de Amnistía Internacional sobre el caso Pinochet o sobre la cuestión general de la jurisdicción universal, pónganse en contacto con la oficina de prensa.
También disponemos de contactos de familiares de víctimas en Chile que presentaron denuncias penales ante tribunales europeos para que se escuchara su caso. Viviana Díaz, cuyo padre fue víctima de desaparición forzada el 12 de mayo de 1976, afirma: “El impacto del arresto de Augusto Pinochet en el ámbito mundial fue incalculable, permitiendo por primer vez que víctimas y familiares tuviéramos acceso a la prensa mundial para relatar en detalle lo ocurrido durante la dictadura militar. 503 días que jamás olvidaré.”.
Documento público **************************************** Si desean más información, pueden ponerse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres (Reino Unido), teléfono +44 (0) 20 7413 5566, correo electrónico: [email protected] Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton St., London WC1X 0DW (Reino Unido)