Los gobiernos de Indonesia y Timor Oriental han dejado pasar una oportunidad histórica de hacer justicia al más de un millar de personas muertas durante el referéndum de 1999 sobre la independencia de Timor Oriental, según ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Los gobiernos indonesio y timorés han aceptado un informe hecho público hoy en Bali por la Comisión de la Verdad y la Amistad, en el que se acusa a las fuerzas de seguridad indonesias de cometer graves violaciones de derechos humanos durante el referéndum que se celebró en Timor Oriental en 1999 para decidir sobre su independencia. El informe echa la mayor parte de la culpa de la violencia y las muertes a las fuerzas de seguridad indonesias.
Sin embargo, el gobierno indonesio no ha querido hacer pública una disculpa, comprometerse a llevar ante la justicia a los responsables de la violencia, investigar y reformar las instituciones que participaron en dicha violencia, u otorgar reparación a las víctimas.
“No debe haber impunidad para los responsables de esas violaciones, que incluyen homicidios ilegítimos, violaciones sexuales, torturas y detenciones arbitrarias”, ha manifestado Donna Guest, directora adjunta del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
Muy pocas personas han sido procesadas en Indonesia por presuntas violaciones de derechos humanos, y todas ellas fueron absueltas y puestas en libertad. Muchos de los sospechosos de cometer violaciones de derechos humanos en Timor Oriental siguen ocupando cargos destacados en el gobierno y las fuerzas armadas de Indonesia.
“No puede haber justicia para las víctimas de la violencia, ni garantías de que esas atrocidades no se repetirán, si los responsables no rinden cuentas de sus actos”, ha manifestado Donna Guest.
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