En un memorando enviado al Comité de Asuntos Internos y Medio Ambiente del Parlamento israelí (Knesset), Amnistía Internacional pide a los legisladores que rechacen un proyecto de ley que establece largas penas de prisión para solicitantes de asilo y migrantes irregulares con independencia de sus motivos para entrar en el país y permite su expulsión inmediata sin tener en cuenta que podrían sufrir malos tratos o persecución a su regreso. El Comité se reúne el 24 de junio para debatir el proyecto de ley de prevención de infiltraciones de 2008.
El proyecto de ley dispone que toda persona que entre en el país por cualquier sitio que no sea un paso fronterizo autorizado será detenida automáticamente para su expulsión en el plazo de 72 horas, y que las que no puedan ser expulsadas de inmediato serán condenadas a cinco años de prisión “sin distinciones en cuanto a su identidad o su intención al infiltrarse en el país”. Residentes y nacionales de 10 Estados o territorios enumerados, incluidos países emisores de refugiados como Sudán o Irak, se enfrentarían a penas de hasta siete años de cárcel. El proyecto de ley no establece disposiciones para los solicitantes de asilo que huyen de la violencia o la persecución.
Si bien Amnistía Internacional reconoce el derecho de Israel a asegurar sus fronteras y regular la entrada de personas extranjeras en su territorio, a la organización le preocupan las posibles repercusiones del proyecto de ley en los derechos de solicitantes de asilo y otros no nacionales. Criminalizar la entrada irregular de personas en el país sin tomar en consideración los motivos que han tenido para hacerlo ni el peligro que podrían correr si son expulsadas impide en la práctica solicitar asilo a las personas que llegan a Israel. Semejante ley criminalizaría en potencia a quienes buscan protección frente a la persecución.
El proceso de detención y expulsión previsto en el proyecto de ley, especialmente el alto grado de discreción otorgado a los funcionarios para expulsar a personas en el plazo de 72 horas, no está en consonancia con la obligación de Israel de impedir la devolución de personas a países donde podrían sufrir graves violaciones de derechos humanos, contraída en virtud de tratados internacionales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
El proyecto de ley no tiene en cuenta la situación especialmente vulnerable de las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Los procedimientos que establece negarían en la práctica a las personas que huyen de la persecución el acceso al procedimiento de concesión de asilo para personas refugiadas, y distaría mucho de ajustarse a las obligaciones jurídicas internacionales de Israel como Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo de 1967.
Amnistía Internacional ha pedido a los miembros del Parlamento que garanticen que toda disposición legal sobre migración o seguridad nacional respeta plenamente las obligaciones internacionales de Israel en materia de derechos humanos, entre ellas la de garantizar la protección de todas las personas dentro de su jurisdicción, con independencia de su condición de migrante, y la de garantizar la no devolución de personas a Estados en los que podrían sufrir abusos graves contra los derechos humanos.
Información complementaria
El proyecto de ley de prevención de infiltraciones de 2008 tiene como fin sustituir una ley de 1954 promulgada en virtud de la legislación de excepción de Israel. El viceministro de Defensa Matan Vilnai lo presentó ante el Parlamento en representación del gobierno, y su lectura preliminar fue aprobada el 19 de mayo de 2008. A continuación se entregó el 3 de junio al Comité de Asuntos Internos y Medio Ambiente del Parlamento para su preparación de cara a la segunda y tercera lectura. Las leyes se promulgan tras su aprobación en tercera lectura.
Desde 2005, hasta un total de 8.000 nacionales de Eritrea, Sudán y otros países que han entrado en Israel a través de la frontera con Egipto después han solicitado asilo. Si esta ley ya hubiera entrado en vigor, todas esas personas habrían sido consideradas “infiltradas” y con toda probabilidad expulsadas de inmediato a Egipto sin tener en cuenta si allí corrían peligro de persecución.
En agosto de 2007, 48 nacionales de países africanos, en su mayoría sudaneses, fueron devueltos a Egipto por las fuerzas israelíes al poco tiempo de haber cruzado desde ese país a Israel a través de la frontera del Sinaí. Permanecieron meses recluidos en Egipto en régimen de incomunicación, y unos 20 fueron devueltos a Sudán, de los cuales 7 u 8 habían obtenido la condición de refugiados en Egipto. Sigue sin conocerse la suerte y el paradero de las otras 28 personas. En junio de 2008, las autoridades egipcias devolvieron hasta un millar de solicitantes de asilo a Eritrea, pese a las directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en contra de la devolución de los solicitantes de asilo eritreos debido al historial de violaciones de derechos humanos graves en Eritrea; en el momento de la redacción de este artículo estaban previstas nuevas expulsiones. Las personas expulsadas no tuvieron acceso al ACNUR en Egipto para que éste pudiera evaluar sus necesidades de protección. Desde enero de 2008, según informes, unos 14 nacionales de países africanos, entre ellos posibles solicitantes de asilo procedentes de Sudán y Eritrea, han muerto por disparos de guardias fronterizos egipcios cuando intentaban pasar de Egipto a Israel a través de la frontera del Sinaí. De acuerdo con la información recibida, entre las personas muertas por intentar entrar en Israel ha habido: dos hombres que se pensaba que procedían de Costa de Marfil; un hombre de Sudán y una mujer de Eritrea que murieron por disparos de las fuerzas de seguridad egipcias en marzo de 2008 (Otros dos migrantes abatidos en la frontera entre Egipto e Israel (Servicio de Noticias de Amnistía Internacional, 28 de marzo de 2008, https://www.amnesty.org/es/news-and-updates/news/two-more-migrants-killed-egypt-israel-border-20080328) y seis migrantes africanos, algunos procedentes de Sudán, que fueron abatidos a tiros en parecidas circunstancias en febrero de 2008.
Desde 2006 no para de crecer el número de solicitantes de asilo sudaneses y de otros países que son recluidos durante largos periodos tras haber entrado en Israel desde Egipto; las condiciones de los que están en el centro de detención de Ketziot, en el desierto del sur de Israel -menores incluidos-, son a menudo deficientes.
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