Ante un anuncio el 4 de diciembre de que el gobierno de Burkina Faso ha decidido restablecer la pena de muerte como parte de una reforma del Código Penal. siete años después de su abolición para delitos comunes, Marceau Sivieude, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, ha declarado:
“La pena de muerte constituye la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante y una negación irreversible del derecho a la vida”.
“Este castigo no tiene un efecto disuasorio especial, afecta desproporcionadamente a las personas de entornos desfavorecidos y conlleva el peligro de ser usado como herramienta de represión para castigar la disidencia.”
Burkina Faso debe paralizar inmediatamente cualquier plan de restablecer la pena de muerte con independencia de la naturaleza de las infracciones o delitos cometidos.
Marceau Sivieude, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central
“El Consejo Nacional de Transición debe oponerse al restablecimiento de la pena de muerte en el Código Penal, pues pondría a Burkina Faso en contra del objetivo de la abolición de la pena de muerte consagrado en diversos tratados e instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos.”
“Burkina Faso debe paralizar inmediatamente cualquier plan de restablecer la pena de muerte con independencia de la naturaleza de las infracciones o delitos cometidos. Los países que aún mantienen la pena de muerte son una minoría aislada, ya que el mundo sigue alejándose definitivamente de este cruel castigo.”
Información complementaria
Durante una reunión del Consejo de Ministros celebrada el 4 de diciembre, el gobierno de Burkina Faso adoptó un proyecto de ley de reforma del Código Penal que incluye el restablecimiento de la pena de muerte para ciertos delitos como los de “alta traición”, “terrorismo” y “actos de espionaje”, como anunció el servicio de información del gobierno del país. El proyecto de ley deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa de Transición.
La pena de muerte está abolida en el Código Penal de Burkina Faso desde 2018. La última ejecución registrada en el país fue en 1988.
Las tendencias registradas en lo que va de 2025 indican que las ejecuciones han aumentado significativamente en un puñado de países, y que algunos gobiernos muestran una renovada resolución a usar esta pena cruel como instrumento de represión y control. La abrumadora mayoría de países ha rechazado la pena de muerte en la ley o en la práctica.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de la culpabilidad o la inocencia y del método de ejecución.