Desde que asumió la presidencia de Filipinas hace un año, Rodrigo Duterte y su gobierno han sido una presencia dominante en un amplio espectro de violaciones de los derechos humanos, intimidado y encarcelado a opositores y creado un clima de ilegalidad, afirmó hoy Amnistía Internacional.
Utilizando la máxima institución del país, Duterte ha aprobado explícitamente actos de violencia que han provocado miles de ejecuciones extrajudiciales en la campaña antidrogas del gobierno. Eso supera incluso el número de personas a las que se mató durante el régimen asesino de Ferdinand Marcos, entre 1972 y 1981.
“Duterte llegó al poder con la promesa de librar de la delincuencia a Filipinas. En lugar de eso, fuerzas policiales que actúan al margen de la ley (y otras personas en nombre de estas) han matado a miles de personas, siguiendo las órdenes de un presidente que ha demostrado su desprecio por los derechos humanos y por las personas que los defienden”, señaló James Gomez, director de Amnistía Internacional para el Sudeste de Asia y el Pacífico.
“La campaña violenta de Duterte no ha eliminado la delincuencia ni ha resuelto los problemas asociados con las drogas. Lo que ha hecho es transformar el país en un lugar aún más peligroso, debilitar más todavía el Estado de derecho y ganarse mala fama como un líder responsable de la muerte de miles de sus conciudadanos.”
En febrero, Amnistía Internacional publicó una investigación irrefutable que documentó cómo la policía ha pasado a parecerse a una organización criminal, al matar a personas en su mayoría pobres de las que se sospechaba que eran consumidoras y vendedoras de drogas, o al pagar a otros para que las mataran, además de robar los bienes de las víctimas, incriminarlas con pruebas falsas y escapar a cualquier obligación de rendir cuentas.
La campaña violenta de Duterte no ha eliminado la delincuencia ni ha resuelto los problemas asociados con las drogas. Lo que ha hecho es transformar el país en un lugar aún más peligroso, debilitar más todavía el Estado de derecho y ganarse mala fama como un líder responsable de la muerte de miles de sus conciudadanos.
James Gomez, director para el Sudeste Asiático y Oceanía
La organización de defensa de los derechos humanos ha tomado nota con preocupación del hecho de que no se ha llevado a cabo una investigación creíble de las ejecuciones extrajudiciales generalizadas, que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. En respuesta al informe de Amnistía Internacional, el ministro de Justicia de Filipinas afirmó con una frialdad escalofriante que las personas muertas “no son humanas”.
En mayo, cuando se analizó el historial de Filipinas en materia de derechos humanos en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, más de 40 estados plantearon su preocupación por la ola de ejecuciones extrajudiciales y por los planes gubernamentales de resucitar la pena de muerte para delitos relacionados con el narcotráfico, algo que constituiría una violación de las obligaciones de Filipinas según el derecho internacional.
Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno para que invite al relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias a visitar oficialmente el país, e insta al Consejo de Derechos Humanos a poner en marcha una investigación encabezada por la ONU sobre la “guerra contra las drogas”.
Una guerra contra los pobres
Una abrumadora mayoría de los objetivos de la supuesta guerra contra las drogas de Duterte han sido personas de los barrios más pobres. En los asentamientos precarios de las ciudades filipinas se desechan con indiferencia en las calles cadáveres ensangrentados, a veces con carteles en los que se los demoniza como traficantes para indicar que sus actos hicieron inevitable su suerte.
La policía ha aceptado pagos ilegales para llevar a cabo esos homicidios, cuyas víctimas se toman de listas de nombres elaboradas por las autoridades locales. La policía ha contratado asimismo a asesinos a sueldo para que les hagan el trabajo sucio.
En lugar de exigir responsabilidades a la policía, Duterte ha prometido protegerla y recientemente afirmó que no permitirá que ningún soldado ni agente de policía vaya a la cárcel por “destruir a la industria de la droga”. En un caso muy conocido en el que el alcalde de la ciudad de Albuera, Rolando Espinosa Sr., y su compañero de celda murieron por disparos efectuados mientras estaban bajo custodia policial, los cargos presentados contra la policía se rebajaron de asesinato a homicidio, algo que no refleja la gravedad del crimen.
“El gobierno de Duterte se ha resistido en todo momento a la obligación de rendir cuentas. No ha habido una investigación creíble de las autoridades, y tampoco ha habido una colaboración con el relator especial de la ONU. El fiscal de la Corte Penal Internacional puede ordenar una investigación preliminar de los homicidios masivos. Dada la impunidad sin control, esta puede ser la mejor opción”, indicó Gomez.
Cuando se dejan a un lado los derechos humanos y el Estado de derecho, la policía se vuelve deshonesta y se envalentona, y la población común sufre.
James Gomez, director para el Sudeste Asiático y Oceanía
Pena de muerte
El desprecio del gobierno de Duterte por el derecho internacional de los derechos humanos queda claramente en evidencia en su intento de reinstaurar la pena de muerte para delitos relacionados con el narcotráfico. Esa medida sería ilegítima, ya que Filipinas es un Estado Parte del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ejecutar a personas por delitos relacionados con el narcotráfico constituye asimismo una violación del derecho internacional.
“En un año en el que Filipinas ocupa la presidencia de ASEAN y debería alentar a otros Estados miembros a deshacerse de ese castigo cruel e irreversible, Duterte dirige a la región en la dirección equivocada, con graves consecuencias para la vida de la población. El Senado de Filipinas debe rechazar este intento de hacer que el país retroceda en el tiempo y descartar de una vez por todas el proyecto de ley de la pena de muerte”, señaló Gomez.
Amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos
Durante el último año, el presidente Duterte también ha amenazado con “matar” a activistas defensores de los derechos humanos y, en declaraciones realizadas en el palacio presidencial en mayo de 2017, amenazó con “decapitar” a defensores de los derechos humanos que criticaran el historial del país. Su mayor crítica, la senadora Leila de Lima, ha sido recluida bajo custodia policial.
“Hay peligro de que la ilegalidad se extienda por el país. Cuando se dejan a un lado los derechos humanos y el Estado de derecho, la policía se vuelve deshonesta y se envalentona, y la población común sufre. Las fuerzas de seguridad tienen el deber de cumplir el derecho y las normas internacionales. Cuando no lo hacen, no hay nada que las diferencie de las personas a las que se supone que deben combatir”, apuntó Gomez.
Ley marcial
La letal campaña antidrogas del gobierno también ha desviado su atención de otros problemas del país. El 23 de mayo de 2017, Duterte declaró la ley marcial en la isla sureña de Mindanao, por un período de 60 días, cuando las fuerzas de seguridad se vieron sorprendidas por grupos armados que invadieron la ciudad de Marawi. Según el derecho internacional, las medidas de emergencia deben tener un alcance y una duración limitados y no pueden ser una excusa más para no respetar los derechos humanos.