Argelia: Oleada de detenciones y procesamientos de cientos de ahmadíes

Argelia debe detener las drásticas medidas contra miembros del movimiento religioso minoritario ahmadí, ha dicho hoy Amnistía Internacional, al aproximarse la fecha (21 de junio) en que se verá el recurso de apelación presentado por seis ahmadíes condenados a penas de hasta cuatro años de cárcel por cargos relacionados con la práctica de su religión.

Al menos 280 hombres y mujeres ahmadíes han sido sometidos a investigación o procesamiento en el último año desde que comenzara una oleada de detenciones tras los intentos frustrados de inscribir en el registro una asociación ahmadí e inaugurar una nueva mezquita en 2016.

“Las medidas restrictivas que han sufrido los ahmadíes en el último año son alarmantes. Esta oleada de detenciones y procesamientos de ahmadíes es un claro indicio de que las autoridades están incrementando las restricciones sobre la libertad religiosa en el país”, ha dicho Heba Morayef, directora de investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.

“Las autoridades argelinas deben garantizar que las causas abiertas contra ahmadíes sólo por practicar pacíficamente su religión se sobreseen y que las personas detenidas son puestas en libertad de inmediato.”

Esta oleada de detenciones y procesamientos de ahmadíes es un claro indicio de que las autoridades están incrementando las restricciones sobre la libertad religiosa en el país
Heba Morayef, directora de Investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África

En Argelia se calcula que hay unos 2.000 ahmadíes. Los ahmadíes se consideran musulmanes, pero las autoridades argelinas han declarado públicamente que son herejes y constituyen una amenaza para el país.

En marzo de 2016, las autoridades argelinas no permitieron a los ahmadíes inscribirse como asociación en el registro, como contempla la ley argelina. El 2 de junio de 2016, la policía asaltó una mezquita ahmadí recién construida en Larbaa, provincia de Blida, la misma mañana en que iba a ser inaugurada, y la cerró.

Desde entonces, Amnistía Internacional ha sabido por fuentes locales que las autoridades argelinas han iniciado procedimientos judiciales contra más de 280 ahmadíes. Se les acusa de pertenecer a una asociación no autorizada, recoger donativos sin licencia, practicar su culto en lugares no autorizados, diseminar propaganda extranjera lesiva para el interés de la nación y “denigrar” el “dogma” y los preceptos del islam.

Según miembros de la comunidad ahmadí y tres abogados entrevistados por Amnistía Internacional, además de los documentos legales que examinó la organización, más de un tercio de las personas incursas en procedimientos penales ya han sido declaradas culpables y condenadas a penas de hasta cuatro años de cárcel o al pago de multas de hasta 300.000 dinares argelinos (unos 2.750 dólares estadounidenses). La mayoría están en libertad en espera del resultado de sus procesos judiciales, y cuatro están en la cárcel.

El 21 de junio, seis ahmadíes comparecerán ante el Tribunal de Apelaciones en Batna. El 27 de marzo, un tribunal de primera instancia los declaró culpables de administrar una asociación no registrada, recoger donativos sin permiso y distribuir textos extranjeros que amenazan los intereses nacionales, y los condenó a penas de prisión de entre dos y cuatro años y pago de multas de 300.000 dinares argelinos (unos 2.750 dólares estadounidenses). Éstas han sido las sentencias más duras dictadas hasta la fecha contra un ahmadí por el ejercicio pacífico de su religión.

En mayo, el presidente de la comunidad ahmadí en Argelia quedó en libertad tras tres meses de prisión preventiva. Había sido declarado culpable de cargos similares y condenado a pena condicional de un año de cárcel y pago de una multa. Otros diez acusados en la misma causa también fueron condenados a penas condicionales de entre tres a seis meses de cárcel y al pago de multas.

En el último año, las autoridades y la prensa argelinas han efectuado declaraciones discriminatorias o que incitan al odio contra los ahmadíes. En junio de 2016, el ministro de Asuntos Religiosos y Donaciones, Mohamed Aissa, describió la presencia de los ahmadíes en Argelia como parte de “una invasión sectaria programada”. En febrero de 2017, afirmó que los ahmadíes “no son musulmanes”. En abril de 2017, Ahmed Ouyahia, jefe del gabinete del presidente Abdelaziz Bouteflika, pidió a los argelinos que “protejan al país de las sectas chií y ahmadí”.

En una declaración del 25 de abril, el ministro de Asuntos Religiosos y Donaciones pareció rebajar el tono subrayando que el Estado “no tiene la intención de combatir a miembros de la secta ahmadí” y sólo está haciendo cumplir las leyes sobre asociaciones y recogida de donaciones.

Sin embargo, Argelia tiene la obligación, en virtud del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de garantizar el derecho a la libertad de religión. En virtud de las leyes y normas internacionales de derechos humanos, esto incluye el derecho a manifestar las propias creencias en cultos colectivos, construir lugares de culto y recoger aportaciones económicas voluntarias.

Mientras se exija que cada grupo religioso y cada lugar de culto tenga una autorización oficial, no habrá libertad de religión en Argelia.
Heba Morayef, directora de Investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África

La constitución argelina no garantiza plenamente la libertad de religión, dejando la regulación de la práctica y los lugares de culto en manos de la restrictiva legislación nacional. La legislación argelina tiene normas concretas de culto para aquellas personas a las que se considera no musulmanas, y las prácticas colectivas de culto religioso que no se inscriben en el ámbito de lo regulado por el Estado constituyen delitos comunes. La infracción de estas normativas, incluidas las disposiciones que imponen el uso de lugares públicos de culto aprobados por el gobierno y la notificación previa de las ceremonias religiosas, se castiga con penas de entre uno a tres años y multas de entre 100.000 y 300.000 dinares argelinos (entre 900 y 2.700 dólares estadounidenses, aproximadamente).

“El derecho a practicar la religión colectivamente es un aspecto fundamental de la libertad de religión, tan importante como la libertad de conciencia individual. Mientras se exija que cada grupo religioso y cada lugar de culto tenga una autorización oficial, no habrá libertad de religión en Argelia.

Información complementaria:

El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión de la persona incluye el derecho a manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente mediante la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Como indica el artículo 6 de la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones, de la ONU, esto incluye solicitar y recibir aportaciones voluntarias, económicas o de otro tipo. Cualquier regulación de estas actividades debe ser no discriminatoria y no impedir el derecho a la libertad de religión.

Los ahmadíes forman parte del movimiento ahmadí, religión fundada en India a finales del siglo XIX. Los ahmadíes han sufrido discriminación y otras violaciones de derechos humanos en varios países, como Pakistán, Indonesia, Afganistán, Arabia Saudí, Gambia y Argelia.