La mortal policía de Jamaica: “Vivimos atemorizados”

De Josefina Salomón, Amnesty International

El calor del sol cayendo sobre la pintoresca Orange Street del centro de Kingston anuncia la hora del almuerzo.

Un grupo de jóvenes charlan en la acera, acompañados por la música reggae que emite desde la esquina una pequeña radio. Tres mujeres se ponen al día de lo sucedido durante la mañana en una pequeña pero concurrida peluquería. Al lado, un joven limpia con energía un horno antes de que comience el trajín del almuerzo.

Daquan Jakson, de 19 años, está a cargo de un pequeño restaurante que prepara comidas para muchas de las personas que viven y trabajan en este bullicioso barrio de la capital jamaicana.

No es cocinero, o al menos no lo era hace tan sólo unos meses. Entonces, la tragedia cayó sobre su familia como una mortal tormenta, y el menor de los siete hermanos y hermanas decidió ocuparse del negocio.

La fotografía de un joven sonriente que cuelga de la pared amarilla del local da idea del suceso que ha marcado la vida de la familia durante los últimos tres años.

Daquan Jakson, cuyo hermano Nakiea fue asesinado por la policía en 2014, está a cargo de un pequeño restaurante.

Policías homicidas

Un hermano de Daquan, Nakiea, que tenía entonces 29 años, era conocido en todo el barrio por lo bien que cocinaba. El 20 de enero de 2014 por la mañana, estaba preparando un gran encargo de pollo frito que le había hecho la sección local del banco nacional de sangre para el almuerzo cuando, según testigos, un agente de policía irrumpió en su local y disparó contra él.

Lo pusieron en la parte trasera de un vehículo de la policía y lo llevaron al hospital, donde murió a causa de dos heridas de bala, de acuerdo con la autopsia. Nakiea estaba desarmado cuando el agente disparó contra él, según los testigos.

La policía estaba buscando a un presunto delincuente, un hombre con rastas. Nakiea se ajustaba a la descripción.

Habitación donde el policía disparó contra Nakiea Jackson.

Una de sus hermanas, Shackelia, recuerda que ese día fue como si los relojes se hubieran parado cuando la despertaron los gritos que pronunciaban el nombre de Nakiea.

“Fui corriendo al local y vi toda la comida que se estaba preparando, como cualquier otro día, hasta que me llamó atención una de sus zapatillas en el suelo [...] y agua que arrastraba marcas de sangre. Se me paró el corazón. Mi vida se detuvo ese día”, afirma, de pie en el mismo lugar donde dispararon contra su hermano hace tres años.

Casi instintivamente, Shackeila cerró con llave el local de comidas para proteger la escena del crimen.

Hizo bien en seguir su instinto.

Jamaica tiene uno de los índices de delincuencia más altos de América. Con 43 asesinatos por cada 100.000 habitantes registrados sólo en 2015, únicamente la superan Honduras, El Salvador y Venezuela.

Justicia fallida

Durante los últimos 20 años, las autoridades jamaicanas han intentado reducir el índice de delincuencia del país aplicando un enfoque de mano dura, como consecuencia del cual la policía ha cometido más de 3.000 homicidios desde 2000. En 2015, el 8% de todos los asesinatos registrados en Jamaica fueron obra de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Las autoridades jamaicanas afirman que están tomando medidas para abordar esta crisis. Sin embargo, aunque en los últimos tres años ha habido una acusada reducción del número de casos de homicidio cometido por la policía, la mayoría de ellos no han llegado a los tribunales y continúan impunes. A pesar de los abrumadores indicios de participación de la policía en los crímenes, sólo unos cuantos agentes han sido declarados culpables de asesinato en los dos últimos decenios.

Pero es peor aún. Como explica Amnistía Internacional en un nuevo informe, las cifras desvelan sólo parte de lo que ocurre. Algunos policías jamaicanos someten a hostigamiento e intimidación a los familiares de las víctimas de homicidio para impedir que pidan justicia, y en muchos casos la aterrorizan para hacerles guardar silencio.

Tras el homicidio de Nakiea, su familia ha luchado sin cesar en los tribunales para conseguir que los presuntos responsables respondan ante la justicia.

Pero en vez de procurarles un día delante de un juez, la policía ha emprendido una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia contra ellos.

Vivir atemorizados

En decenas de casos, la investigación de Amnistía Internacional ha revelado que la policía emplea tácticas ilegales para infundir temor e impedir que la justicia siga su curso. Los agentes de policía irrumpen en casa de las familias para disuadirles de comparecer en las vistas judiciales, hostigan a los testigos para que no presten declaración e intimidan a quienes consiguen llegar ante los tribunales para hacerse oír.

En algunos casos, los agentes de policía incluso se han presentado en el funeral de la víctima con el fin de intimidar a los familiares y disuadirles de pedir justicia.

“Tenemos miedo de la policía, de su sola presencia. Esta violencia está afectando a muchos de los niños y niñas de las comunidades. Si no prevalece la justicia, nos convertimos todos en objetivo, estamos todos en peligro. Si no se hace justicia, ¿cómo vamos a convencer a nuestros hijos e hijas de que no odien a la policía?”, afirma Shackelia.

Si no prevalece la justicia, nos convertimos todos en objetivo, estamos todos en peligro. Si no se hace justicia, ¿cómo vamos a convencer a nuestros hijos e hijas de que no odien a la policía?
Shackelia Jackson

“Esta lucha por la justicia se ha adueñado de mi vida. Tuve que dejar los estudios [...] para pagar todos los gastos que hemos tenido en los últimos tres años. Veo a mi padre morir lentamente cada día por los registros, el hostigamiento, la falta de acción”, explica Shackelia, con los ojos llorosos de pura frustración.

Causa sobreseída

Como era de esperar, el asunto dio un giro terrible en julio, cuando la causa contra el agente de policía que disparó contra Nakiea se sobreseyó, al negarse uno de los testigos principales a comparecer ante el tribunal por temor a lo que pudiera ocurrir después.

La familia ha apelado contra la decisión y sigue determinada a conseguir ver que se hace justicia.

“El problema en Jamaica es el sistema. Es un sistema fallido. Aunque sé que quien disparó es responsable de la muerte de mi hermano, es el sistema el que ha permitido que ocurra esto en este y en muchos otros casos”, afirma Shackelia.

“Debemos tener al menos la oportunidad de ir a juicio para que un jurado vea el caso. Quiero tener la oportunidad de ver todas las pruebas y defender mis argumentos. Sólo quiero justicia. No es una lucha en igualdad de condiciones, pero soy optimista y continuaré con mi lucha por lo que es justo.”

Este artículo se publicó originalmente en el International Business Times