Benín: La crueldad de la incierta situación de los condenados a muerte

En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional afirma que en Benín los condenados a muerte viven en una situación incierta y cruel desde que el año pasado, por decisión judicial, se abolió en la práctica la pena capital, pero sin conmutar las condenas de muerte ya impuestas.

Los 14 condenados a muerte que quedan han sido informados por las autoridades penitenciarias de que no serán ejecutados, pero se hallan recluidos todavía en terribles condiciones, separados de los demás presos, en la prisión de Akrpo-Missérété, próxima a la capital beninesa, Porto Novo.

“Estos hombres han sufrido ya casi 20 años de reclusión condenados a muerte, con la incertidumbre de despertarse cada día sin saber si será el último”, ha explicado Oluwatosin Popoola, asesor de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte. “Se enfrentan a un destino incierto en condiciones de detención espantosas, sin alimentación ni atención médica adecuadas.”

Estos hombres han sufrido ya casi 20 años de reclusión condenados a muerte, con la incertidumbre de despertarse cada día sin saber si será el último.
Oluwatosin Popoola, asesor de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte.

“Las autoridades de Benín deben proceder con urgencia a conmutarles oficialmente la pena de muerte y garantizar que sus condiciones de reclusión cumplen las normas internacionales mínimas. De este modo pondrán fin a la cruel incertidumbre con que estos hombres llevan viviendo casi dos decenios y demostrarán que Benín ha asumido el compromiso de eliminar los últimos vestigios de la pena de muerte en el país.”

Azonhito Yaovi, de 54 años, lleva 28 condenado a muerte, desde que se dictó su sentencia en agosto de 1998. Ha explicado a Amnistía Internacional:

“El temor a la muerte es a menudo peor que la muerte misma. Llevo años preguntándome al despertar: ¿me ejecutarán hoy, mañana, en los próximos meses o dentro de unos años?”

Según el nuevo informe de Amnistía Internacional, los condenados a muerte tienen un contacto muy limitado con el mundo exterior. Sólo se les permite salir de sus celdas cinco veces a la semana, cuando pueden acceder a un pequeño patio, separado del otro de mayor tamaño que utilizan el resto de los reclusos. Reciben sólo dos exiguas comidas al día, que tienen que complementar si pueden con los alimentos que les lleven sus familiares.

Si se sanciona a alguno de ellos por mala conducta, se deja a todos los demás encerrados en sus celdas durante varios días a modo de castigo colectivo.

Fueron condenados a muerte por diversos delitos, como agresión y robo a mano armada, que no cumplen el criterio de “los más graves delitos”, los únicos por los que el derecho internacional permite la pena de muerte.

Asimismo, muchos de ellos afirman que no pudieron apelar debidamente contra su sentencia condenatoria, porque no tenían medios para pagarse un abogado o que jamás les comunicaron el resultado de su recurso de apelación. Todos fueron condenados en 1998 o 1999. Las autoridades deben garantizar que cuentan con asistencia letrada para continuar con cualquier recurso de apelación que tengan pendiente o pedir una revisión judicial de su sentencia condenatoria.

En el informe se pone también de relieve que los presos han padecido enfermedades potencialmente mortales, como malaria y tuberculosis, y que tres condenados a muerte murieron por falta de atención médica adecuada en la prisión de Cotonou, donde estuvieron recluidos antes de su traslado a la de Akrpo-Missérété en 2010.

Los condenados a muerte afirman que dependían de las medicinas que les llevaban sus familiares. Las autoridades de la prisión han reconocido que la atención médica que reciben los reclusos es limitada.

Fataï Bankole, de 52 años, contó a Amnistía Internacional:
“Cuando estamos enfermos dependemos de la ayuda del exterior que podamos conseguir. Si tienes dinero y familia que te consiga el tratamiento, sobrevives. Si no, mueres.”

Además de la conmutación de la pena a todos los condenados a muerte, Amnistía Internacional pide a la Asamblea Nacional de Benín que apruebe las medidas necesarias para eliminar de las leyes las disposiciones sobre la pena de muerte.

Con Benín son ya 104 los países del mundo, y 19 los países del África subsahariana, que han abolido la pena de muerte para todos los delitos, y aplaudimos que haya tomado esta iniciativa.
Oluwatosin Popoola

“Con Benín son ya 104 los países del mundo, y 19 los países del África subsahariana, que han abolido la pena de muerte para todos los delitos, y aplaudimos que haya tomado esta iniciativa”, ha señalado Oluwatosin Popoola.

“No obstante, tiene que formalizar la abolición en sus leyes para asegurarse totalmente de que no hay ningún riesgo de retroceso en este logro.”

Información complementaria

La última ejecución de Benín de que se tiene noticia se llevó a cabo en 1987. En 2012, el país se adhirió al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. En virtud de este tratado, Benín se compromete a no llevar a cabo ejecuciones y a tomar todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte dentro de su jurisdicción. En cuanto a la obligación de no llevar a cabo ejecuciones, la ha cumplido.

Asimismo, dos decisiones históricas del Tribunal Constitucional han consolidado la abolición de la pena de muerte en el país. Una reciente sentencia de 2016 hace que a los tribunales les resulte imposible imponer condenas de muerte, por lo que la pena capital ha quedado abolida en la práctica en Benín.

Se han eliminado ya las disposiciones del Código de Procedimiento Penal sobre la pena de muerte, y en la Asamblea de Nacional hay pendiente un proyecto de ley por el que se revisará el Código Penal y se eliminarán por completo las disposiciones sobre la pena capital.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.