Captura de pantalla de un vídeo coproducido por Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que muestra a activistas egipcios a quienes se ha prohibido viajar: (de izquierda a derecha, empezando por arriba) Hossam Bahgat, Gamal Eid, Esraa Abd al-Fattah, Mohamed Lotfy, Mozn Hassan y Nasser Amin
Un abogado de derechos humanos, última persona a la que se prohíbe viajar al extranjero
Las autoridades egipcias deben dejar de imponer prohibiciones de viajar destinadas a impedir que los defensores y defensoras de los derechos humanos salgan del país y denuncien el espantoso historial de derechos humanos de Egipto. Así lo han manifestado Amnistía Internacional y Human Rights Watch después de que hoy se haya prohibido viajar a otro destacado abogado de derechos humanos. Las prohibiciones forman parte de una campaña más amplia para reprimir las voces independientes y críticas en el interior del país.
Esta mañana, temprano, al defensor y abogado de derechos humanos Malek Adly le impidieron subir a bordo de un vuelo a Francia sin darle, conforme establece la ley, ningún motivo, según ha contado por teléfono. Desde que las fuerzas armadas derrocaron al presidente Mohamed Morsi en julio de 2013, las autoridades han prohibido arbitrariamente viajar al extranjero a al menos otros 12 directores, fundadores y miembros del personal de organizaciones no gubernamentales (ONG) egipcias. Entre las personas a las que se ha impedido viajar fuera del país se encuentran también decenas de miembros de partidos políticos, activistas juveniles, blogueros, periodistas e intelectuales.
“Las autoridades egipcias quieren romper la conexión entre el movimiento egipcio de derechos humanos y el mundo exterior”, ha manifestado Joe Stork, director adjunto para Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch. “Los simpatizantes internacionales del gobierno egipcio deben insistir en permitir que se escuche a quienes defienden los derechos humanos en el país”.
Las autoridades han impuesto muchas de estas prohibiciones de viajar arbitrariamente o como parte de una investigación criminal abusiva sobre la inscripción y financiación de ONG. Estas prohibiciones son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos y a la Constitución egipcia: tanto uno como otra protegen el derecho de la población egipcia a entrar y salir de su propio país. Además, violan flagrantemente el derecho a la libertad de circulación y asociación, y sofocan el derecho a la libertad de expresión.
Las autoridades egipcias quieren cortar la conexión entre el movimiento egipcio de derechos humanos y el mundo exterior.
Joe Stork, director adjunto para Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch
En virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ratificados ambos por Egipto, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluido el propio. Ambos tratados permiten a los países imponer restricciones a ese derecho siempre que se hallen previstas en la ley y sean necesarias y compatibles para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros.
La Constitución egipcia garantiza además, en su artículo 62, el derecho a la libertad de circulación. Según dispone, para imponer restricciones a dicha libertad se requiere una orden judicial razonada e, incluso en ese caso, la restricción debe dictarse únicamente para un periodo específico de tiempo.
En muchos de los casos documentados por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, las autoridades aeroportuarias no dieron motivo alguno para impedir a la persona en cuestión subir a bordo de un vuelo, y se han negado a proporcionar documentación formal sobre la prohibición de viajar. En algunos casos, miembros de la Agencia de Seguridad Nacional, dependiente del Ministerio del Interior, interrogaron al viajero, registraron su equipaje y su teléfono y confiscaron su pasaporte sin justificación. En otros, la Fiscalía ordenó las prohibiciones en relación con investigaciones criminales sin informar a la persona en cuestión de la causa o los cargos específicos contra ella. En la mayoría de los casos, a las personas a las que se ha impedido viajar no les han dicho cuándo concluirá esa prohibición o si lo hará.
En tres casos de los que Amnistía Internacional y Human Rights Watch han tenido constancia, los tribunales han rechazado denuncias presentadas por activistas políticos y de derechos humanos que han impugnado las prohibiciones arbitrarias de viajar que les han sido impuestas en relación con la investigación criminal abusiva sobre la financiación e inscripción de su ONG.
“Las autoridades egipcias se están basando flagrantemente en prohibiciones arbitrarias e indefinidas de viajar como táctica para intimidar a quienes defienden los derechos humanos y obstaculizar su trabajo, sofocando su derecho a la libertad de expresión y de circulación”, ha manifestado Najia Bounaim, directora regional adjunta de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.
“Deben levantarse de manera inmediata e incondicional todas las prohibiciones de viajar impuestas a defensores y defensoras de los derechos humanos o a activistas políticos exclusivamente por ejercer de forma pacífica sus derechos.”
Las autoridades egipcias se están basando flagrantemente en prohibiciones arbitrarias e indefinidas de viajar como táctica para intimidar a quienes defienden los derechos humanos y obstaculizar su trabajo.
Directora regional adjunta de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África
Las autoridades egipcias empezaron a reprimir las ONG internacionales y locales en 2011, cuando abrieron una investigación sobre la inscripción y la financiación de estos grupos. La investigación, conocida como Causa 173, culminó en una sentencia dictada en junio de 2013 por un tribunal de lo penal de El Cairo que condenaba a 43 empleados tanto extranjeros como egipcios de grupos internacionales a penas de entre 1 y 5 años de prisión.
El tribunal ordenó también el cierre de las organizaciones internacionales en cuestión: el Instituto Internacional Republicano, el Instituto Democrático Nacional, Casa Libertad, el Centro Internacional para Periodistas y la Fundación Konrad Adenauer. Amnistía Internacional y Human Rights Watch condenaron por aquel entonces la sentencia e instaron a las autoridades a respetar el derecho a la libertad de asociación y a permitir a las ONG que realizaran su trabajo en el país sin obstáculos.
Desde finales de 2014, un nuevo grupo de jueces de instrucción ha tomado cada vez más como objetivo a los grupos locales de derechos humanos como parte de la Causa 173.
Entre las personas afectadas por las prohibiciones de viajar relacionadas con la Causa 173 se encuentran: Gamal Eid, director de la Red Árabe por la Información de Derechos Humanos; Hossam Bahgat, fundador de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales; Mohamed Zaree, director de la oficina de El Cairo de la Institución de El Cairo para la Información sobre Derechos Humanos; Hoda Abdelwahab, directora ejecutiva del Centro Árabe para la Independencia de la Judicatura y la Profesión Jurídica; Mozn Hassan, fundadora y directora ejecutiva de Nazra para Estudios Feministas; Nasser Amin, fundador del Centro Árabe para la Independencia de la Judicatura y la Profesión Jurídica; Reda Eldanbouki, director ejecutivo del Centro de Mujeres para la Orientación y el Conocimiento Jurídico; Esraa Abdelfattah, directora de la Academia Egipcia para la Democracia; Hossam el-Din Ali, Ahmed Ghoneim y Bassem Samir, todos ellos de la Academia Egipcia para la Democracia.
Las autoridades también han prohibido abandonar el país a Mohamed Lotfy, director ejecutivo de la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto. No está claro si esta prohibición está relacionada con la Causa 173 o con otra investigación criminal. En junio de 2015, a Lotfy le impidieron subir a bordo de un vuelo a Alemania, donde debía participar como orador en una mesa redonda parlamentaria sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en Egipto. El presidente Abdelfattah al Sisi inició una visita oficial a Alemania y se reunió con la canciller Angela Merkel al día siguiente.